LEX VIGILANTES SEGURIDAD

CONVENIO COLECTIVO FRAGASERVI

2008-05-27T05:32:00.001-07:00

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FRAGASERVI, S. L.

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN

9035 RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el I
Convenio colectivo de Fragaservi, S.L.

Visto el texto del I Convenio Colectivo de la empresa Fragaservi, S.L.,
(Código de Convenio n.º 9017042), que fue suscrito con fecha 15 de
febrero de 2008, de una parte por los designados por la Dirección de la
empresa en su representación, y de otra por el Delegado de personal en
representación de los trabajadores, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24
de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre
registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección
General de Trabajo, resuelve:
Primero.–Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.
Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 6 de mayo de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl
Riesco Roche.

CONVENIO COLECTIVO DE LA EMPRESA FRAGASERVI, S. L.

CAPÍTULO I
Disposiciones de carácter general
Artículo 1.º Ambito Territorial y ámbito funcional.
El presente Convenio colectivo y las normas contenidas en el mismo
serán de aplicación a todos los trabajadores y centros de trabajo de la
empresa «Fragaservi, S.L.», dentro y fuera de Cuenca, o de cualesquiera
comunidades autónomas del Territorio Nacional, Baleares y Canarias que
existan o se pudieran constituir en el futuro y durante su vigencia, afectando
a todos aquellos trabajadores de la empresa que tengan relación
con su actividad económica, sea de forma directa o indirecta.
La actividad de la empresa es el de protección contra incendios y su
mantenimiento.
Artículo 2.º Ambito Personal.
Se regirán por el presente Convenio todos los trabajadores que presten
sus servicios en la empresa definida en el artículo primero, en cualquiera
de sus centros de trabajo y/o provincias del Territorio Español y
cualesquiera que sean las funciones que realicen, sea cual fuere su relación
laboral contractual, quedando expresamente excluidos:
a) Consejeros y personal de alta Dirección.
b) Profesionales liberales vinculados por contratos civiles o mercantiles
de prestación de servicios.
c) Corresponsales y colaboradores.
BOE núm. 126 Sábado 24 mayo 2008 24395
Artículo 3.º Vigencia.
La vigencia de este Convenio será de cinco años, entrando en vigor en
día 1 de enero del año 2008, sea cual fuera su fecha de publicación finalizando,
por tanto, el 31 de Diciembre del año 2013.
Artículo 4.º Denuncia.
La denuncia se realizará por escrito, por cualquiera de las partes afectadas
por el mismo, con una antelación mínima de tres meses a su vencimiento.
Caso de no mediar dicha denuncia en el plazo indicado, se considerará
prorrogado por sus propios términos de año en año.
Si las deliberaciones se prolongaran por plazo que exceda de la vigencia
del Convenio, se entenderá éste prorrogado provisionalmente hasta
finalizar la negociación del Convenio siguiente, sin perjuicio de que el
nuevo Convenio pudiera tener efectos retroactivos en el caso de que las
negociaciones mencionadas sobrepasaran los plazos previstos.
Artículo 5.º Compensación y absorción.
Las condiciones pactadas en el presente Convenio serán absorbibles y
quedarán compensadas cuando los salarios que realmente perciba el trabajador,
en su conjunto y en cómputo anual, y demás condiciones que
disfrute el trabajador sean más favorables que los fijados en el presente
Convenio.
Artículo 6.º Indivisibilidad y vinculación a la totalidad.
Las condiciones pactadas constituyen un todo orgánico indivisible y a
efectos de su aplicación práctica serán consideradas globalmente.
Artículo 7.º Garantías.
Las condiciones establecidas en este Convenio colectivo tienen el
carácter de mínimas y obligatorias, sin perjuicio de las condiciones individuales
más beneficiosas que puedan existir en la actualidad o que establezcan
en el futuro.
Artículo 8.º Revisión.
Durante su vigencia, el presente Convenio colectivo no podrá ser afectado
por Convenios de ámbito distinto o de cualesquiera otras actividades,
diferentes, iguales o similares a la de la empresa, y que actualmente
no tienen regulación convencional.

CAPÍTULO II

Organización y condiciones de trabajo

Artículo 9.º Organización y dirección del trabajo.
La organización técnica y práctica del trabajo es facultad exclusiva de
la empresa.
Los representantes de los trabajadores colaborarán con la Dirección
de la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren
el mantenimiento e incremento de la productividad.
Artículo 10.º Formación profesional.
La empresa velará por la actualización de conocimientos por parte del
personal y, en consecuencia, los trabajadores podrán ejercitar su derecho
a seguir cursos de formación y perfeccionamiento profesional siendo, en
todo caso, requisito indispensable que el interesado justifique previamente
la concurrencia de las circunstancias que confieren el derecho
invocado.
Artículo 11.º Modificaciones tecnológicas.
La empresa informará a la representación legal de los trabajadores de
la introducción de nuevos proyectos tecnológicos, siempre que modifiquen
las condiciones de trabajo de las distintas profesiones, ofreciendo al
tiempo los correspondientes cursos de adaptación y reciclaje si fueran
precisos para la adecuada formación de los trabajadores con los nuevos
medios a utilizar.
Artículo 12.º Categorías.
La clasificación del personal con arreglo a sus categorías profesionales
se atendrá a la consignada en el artículo 19 del presente Convenio, sin
que exista obligación por la empresa de tener provistas todas ellas, si la
necesidad y volumen del trabajo no lo requieren.
Artículo 13.º Clasificación por razón de la permanencia al servicio de
la empresa.
En función de la actividad que el trabajador desarrolle en la empresa,
éste podrá tener la consideración de fijo o contratado por tiempo indefinido,
fijo de carácter discontinuo, eventual, interino o temporal.
Tendrán carácter indefinido los contratos pactados sin modalidad
especial alguna en cuanto a su duración.
Tienen la condición de trabajadores fijos, de carácter discontinuo,
aquellos que realicen su actividad en determinadas épocas, año tras año y
a partir del segundo año consecutivo, en períodos anuales repetitivos e
iguales conforme a las campañas que pudieran establecerse por la propia
actividad de la empresa.
Son trabajadores eventuales aquellos contratados para realizar una
actividad excepcional, esporádica, o por circunstancias de la propia producción
de la empresa, conforme a los plazos establecidos en el Real
Decreto Legislativo 1/95.
Son trabajadores interinos los que ingresen en la empresa expresamente
para cubrir ausencias de un trabajador con contrato suspendido y
con derecho a reserva de su puesto de trabajo. Si el trabajador ausente no
se reintegrase en el plazo correspondiente o el reintegro le viniera imposible,
se resolverá el contrato con el trabajador interino dentro del mes en
que dicha reincorporación (del trabajador sustituido) hubiera formalizado
su petición o, en todo caso, transcurridos veinte días hábiles desde
la fecha en que debió incorporarse y no lo hizo, pudiendo en ese caso el
sustituto adquirir la condición de fijo, o fijo discontinuo, en función del
trabajo y jornada que viniera realizando, de continuar en la prestación de
sus servicios pasados los plazos referidos.

CAPÍTULO III

Jornada de trabajo, horario, horas extraordinarias, descanso
vacaciones y permisos
Artículo 14.º Calendario laboral.
Antes del 28 de febrero de cada año, deberá estar elaborado el calendario
laboral anual por provincias, teniendo en cuentas las especificaciones
fijadas en el presente Convenio Colectivo, debiendo exponerse un
ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo y, en su
defecto, entregando copia a cada uno de los trabajadores.
Artículo 15.º Jornada de trabajo.
La jornada laboral para todo el personal afectado por este Convenio
será de cuarenta horas semanales distribuidas de lunes a domingos.
Los horarios y turnos de trabajo serán los habituales en cada provincia,
teniendo en cuenta que de ser necesaria alguna variación del mismo
deberá pactarse previamente con la representación legal de los trabajadores.
En caso de desacuerdo la empresa podrá llevar a cabo tal variación
conforme a las reglas contenidas en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
Los responsables de la empresa planificarán y coordinarán el trabajo
en las distintas provincias, de tal forma que los descansos semanales se
hagan de forma rotativa si fuera necesario, a fin de que todos los trabajadores
tengan opción de librar los fines de semana que les correspondan,
sin discriminación de ningún tipo ni preferencia personal de trato por
ningún concepto.
La recuperación de los días festivos anuales, de trabajarse en éstos, se
realizarán coincidiendo con los períodos de menor actividad en la empresa.
Por las características específicas del trabajo de cada provincia, la
determinación de turnos, tareas y control de asistencia será de competencia
exclusiva del director de la empresa o la gerencia, o la persona que el
mismo designe, pudiendo llevar a efecto en cualquier momento equipos o
instalaciones de control de presencia.
Artículo 16.º Horas extraordinarias. Vacaciones y permisos.
En materia de prolongación de jornada y horas extraordinarias, así
como en la retribución de las mismas, se estará a lo dispuesto en el
vigente Estatuto de los Trabajadores, RDLeg. 1/95, de 24 de marzo.
El período de vacaciones anuales retribuidas será de treinta días naturales,
entendiéndose que aquellos trabajadores que ingresen o cesen en el
transcurso del año tendrán derecho a dos días y medio por mes trabajado
o parte proporcional.
El período vacacional deberá disfrutarse dentro del año natural,
siendo al menos quince días ininterrumpidos y de disfrute preferente en
los meses de menor actividad de la empresa, sin perjuicio de los acuerdos
entre empresa y trabajadores.
Conciliado el calendario definitivo, se excluirá del mismo los meses de
mayor actividad de la empresa.
24396 Sábado 24 mayo 2008 BOE núm. 126
Los trabajadores de la empresa disfrutarán de permiso de maternidad
en caso de nacimiento, adopción o acogimiento de hijo, que podrá ser
disfrutado a partir de la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento, y
hasta la finalización de la suspensión por maternidad o inmediatamente
después de la finalización de dicha suspensión, según preferencia del
trabajador. Igualmente, el padre podrá disfrutar del permiso de paternidad
en los mismos términos antes indicados, conforme a las normas que
regulan el disfrute de este tipo de permisos.

CAPÍTULO IV

Período de prueba, ceses y definición de categorías
Artículo 17.º Período de prueba.
Se establece un período de prueba acorde con el Estatuto de los trabajadores.
Durante el período de prueba cualquiera de las partes podrá resolver
el contrato de trabajo, sin que por ello se deriven ningún tipo de indemnizaciones
entre sí, teniendo las situaciones previstas en la legislación
vigente de suspensión del contrato de trabajo los mismos efectos suspensivos
respecto de período de prueba que, en todo caso, son inherentes y
quedan incorporadas de forma tácita en todas las contrataciones realizadas
con independencia de que se haga constar de forma expresa en sus
contratos de trabajo.
Artículo 18.º Cese Voluntario.
Los trabajadores deberán comunicar a la empresa su decisión de cesar
cumpliendo los siguientes plazos de preaviso: Personal técnico titulado,
un mes; resto de trabajadores quince días.
El incumplimiento del plazo de preaviso llevará aparejado la deducción
de un día de los salarios que el trabajador venía percibiendo, por
cada día de retraso en el preaviso.
Artículo 19.º Definición de categorías.
La clasificación del personal consignada en el presente Convenio es
meramente enunciativa y no supone la obligación de tener provistas todas
las categorías si la necesidad y volumen de la empresa no lo requiere.
En aquellos supuestos en que sea precisa la definición de nuevas categorías
laborales o revisión de las relacionadas en este artículo se llevará a
cabo mediante negociación entre Representación Legal de los Trabajadores
y Empresa.
Clasificación por áreas y categorías:
El personal sujeto a este Convenio se clasificará en las áreas siguientes:
1. Administración.
2. Operativa.
3. Técnica.
4. Comercial.
1. Administración. Categorías de esta área:
Dirección y Jefes Administración.
Oficiales de primera.
Oficiales de segunda.
Auxiliares Administrativos.
2. Operativa. Categorías de esta área:
Oficiales de primera de Mantenimiento.
Oficiales de segunda de Mantenimiento.
Operarios de Mantenimiento.
3. Técnica. Categorías de esta área:
Ingenieros Superiores.
Ingenieros de Grado Medio.
Técnicos de Prevención.
Delineantes.
Ayudantes.
4. Comercial. Categorías de esta área:
Responsable Comercial de Zona.
Comercial.
Definición de funciones:
1. Administración. Comprende esta área a los profesionales que realizan
actividades correspondientes a la gestión administrativa de organización
y coordinación, así como la propiamente económica de la
empresa:
a) Dirección y Jefes de Administración.–Es el personal que asume la
organización y responsabilidad sobre las actividades de la empresa, con
capacidad de control y mando sobre el personal a su servicio, bajo la
dependencia de la Administración de la empresa.
b) Oficiales de primera.–Son aquellos empleados que cuentan con
formación específica, a nivel técnico y como mínimo FP2 rama administrativa.
Desarrollan su trabajo con iniciativa y responsabilidad, con o sin
personal a sus órdenes, ejecutando, bajo la dependencia de un superior
jerárquico, las funciones propias del área, incluyendo la atención al
público y las llamadas telefónicas, así como cualquier otra tarea que
pueda encomendársele acorde a su formación.
c) Oficiales de segunda.–Son los empleados que, con responsabilidad
limitada y con subordinación al Oficial de Primera y Director Gerente,
si los hubiera, realizarán las funciones propias del área que incluyen,
necesariamente, la atención al público y telefónica.
d) Auxiliares Administrativos.–Se consideran como tales aquellos
trabajadores que realicen las funciones auxiliares propias del área en la
que trabajan, con el nivel de responsabilidad necesario para la correcta
ejecución de los trabajos, concretos, ordenados, así como el archivo,
digitalización, fotocopias, la atención al público y los trabajos propios de
atención telefónica, entre otros.
Todas las categorías contempladas en esta sección realizan las tareas
propias de atención al público, así como la atención a las llamadas que
puedan producirse durante su jornada laboral en su sección.
3. Operativa. Quedan Incluidos en esta área:
Oficiales de primera de Mantenimiento e Instalaciones y Encargados
Oficiales de segunda de Mantenimiento e Instalaciones
Operarios de Mantenimiento e Instalaciones
a) Oficiales de primera de Mantenimiento e Instalaciones y Encargados.–
Son los que están a cargo de un trabajo o servicio, destacado o habitual,
pudiendo tener a su cargo a personal de categorías inferiores en una
o varias provincias. Es un puesto de responsabilidad y conlleva la realización
de controles, visitas de inspección y de comprobación, por lo que es
necesario que los trabajadores que ostenten esta categoría tengan la
debida formación de base o, en su defecto una antigüedad no menor a tres
años. Realizará también trabajos y operaciones de control de ejecución
de obras o servicios, con coordinación del equipo a su cargo.
La categoría de Encargado puede ser provisional (para la ejecución de
trabajos específicos, contratas o en ejecución de contratos de duración
temporal convenidos con los clientes, por lo que en orden al desempeño
es una categoría de índole funcional y de libre designación, no generando
ni consolidando derechos de mantenimiento finalizado el tiempo o plazo
para la que se designó al trabajador) o definitiva y tendrá adicionalmente
funciones propias de coordinación y organización delegadas por los responsables
de administración. Tendrán autonomía y conocimiento completo
del trabajo a realizar y capacidad para distribuir trabajos a las personas
a su cargo.
b) Oficiales de Segunda de Mantenimiento e Instalaciones.–Es la
persona que se dedica a trabajos concretos y que no requieren especial
cualificación, previamente determinados y con cierta práctica en su ejecución,
hace funciones de clasificado, revisión y mantenimiento confeccionando
los partes e informes necesarios para el posterior control.
c) Operarios de Mantenimiento e Instalaciones.–El trabajador sin
cualificación ni formación específica, lleva a cabo la ejecución de los trabajos
y órdenes de sus superiores relativos al control, verificación, cambio
y suministro de piezas y equipos o instalaciones sobre los que realice
el mantenimiento. No requiere conocimientos especiales y está sujeto a la
ejecución de trabajos contenidos en informes y plantillas preimpresos,
debiendo reflejar en los mismos las labores realizadas, indicando con su
firma la comprobación y la fecha. Podrá llevar a cabo en compañía de
otros trabajadores, de igual o superior categoría, o bien de forma individual,
pudiendo estar destinado en localidades y provincias para llevar a
términos trabajos propios de su categoría –aquí descritos-, con la sola
supervisión del responsable o encargado en la forma y periodicidad que
los mismos le indiquen.
Personal Técnico:
Ingenieros Superiores.
Ingenieros de Grado Medio.
Técnicos de Prevención.
Delineantes.
Ayudantes.
a) Ingenieros Superiores.–Es el que se halla en posesión de un título
o diploma universitario oficial de ingeniero, arquitecto, licenciado o doctor
(antes, de grado superior), ingeniero técnico, arquitecto técnico, aparejador
y diplomado (antes de grado medio), que está unido a la empresa
por un vínculo de relación laboral concertado en razón del título que
posee, para ejercer funciones específicas para las que el mismo le habilita
BOE núm. 126 Sábado 24 mayo 2008 24397
y siempre que preste sus servicios en la empresa con carácter exclusivo o
preferente por un sueldo o tanto alzado, sin sujeción a la escala habitual
de honorarios de su profesión.
b) Ingenieros de Grado Medio.–Son los que se hallan en posesión del
correspondiente titulo oficial, estando unido a la empresa por una relación
laboral concertada en virtud del titulo que posee, para ejercer funciones
especificas para las que el mismo le habilita, y siempre que preste sus servicios
en la empresa con carácter exclusivo o referente por un sueldo o tanto
alzado, sin sujeción a la escala habitual de honorario de su profesión.
c) Técnicos de Prevención.–Es el personal que, con capacitación
legal suficiente en materia de prevención y protección contra incendios
y/o seguridad, lleva a cabo las tareas propias de tal habilitación, y particularmente
en la verificación, control y seguimiento de las instalaciones
donde se lleven a cabo acciones de mantenimiento, dando las instrucciones
oportunas al personal operativo conforme a la interpretación de planos
e instalaciones que, en todo caso, deberá conocer.
d) Delineantes.–Es el empleado que, dentro de las especialidades
propias de su profesión, proyecta o detalla los trabajos del Técnico superior,
a cuyas órdenes actúa, o el que, sin superior inmediato, realiza lo que
personalmente concibe, según los datos y condiciones técnicas exigidas
por la empresa.
e) Ayudantes. Es el empleado, mayor de dieciocho años, que se
dedica a operaciones administrativas o de tramitación, gestión o ayuda a
las categorías de orden superior y, en general, a las que no requieren conocimientos
técnicos específicos, aún cuando estén en posesión de títulos
de grado.
Todas las categorías contempladas en esta sección realizarán cuando
sea preciso las tareas propias de atención al cliente, así como la atención
a las llamadas que puedan producirse durante su jornada laboral en su
sección.
4. Personal comercial.–Comprende esta área a los profesionales que
realizan actividades correspondientes a la organización, gestión, desarrollo
y promoción de la empresa en sus aspectos comerciales y de atención
al cliente:
a) Responsable Comercial de Zona. Es el personal que asume la
organización y la responsabilidad sobre las actividades del área, con
capacidad de control y mando sobre el personal comercial al servicio de
la misma.
b) Comerciales. Son los empleados que, con responsabilidad limitada
y con subordinación a los Responsables Comerciales de Zona, y a la
Gerencia de la empresa realizarán las funciones propias del área.
Todas las categorías contempladas en esta sección realizan las tareas
propias de atención al cliente, así como la atención a las llamadas que
puedan producirse durante su jornada laboral en su sección.

CAPÍTULO V

Régimen retributivo
Artículo 20.º Retribuciones.
Las retribuciones del personal comprendido en este Convenio estarán
constituidas por el salario base y los complementos, y corresponden a la
jornada fijada en el presente Convenio. No formarán parte del salario, en
su caso, las indemnizaciones o compensaciones de carácter no salarial.
Artículo 21.º Conceptos retributivos.
Los conceptos retributivos aplicables son los siguientes:
1. Salario base.
2. Complementos Salariales.
2.1 Mensuales:
I. Nocturnidad.
II. Puesto de trabajo.
III. Retribuciones consolidadas.
IV. Plus de Responsabilidad
V. Complemento de libre disposición.
2.2 De vencimiento superior al mes:
I. Paga extraordinaria de verano.
II. Paga extraordinaria de navidad.
3. Complementos no salariales.
I. Plus de transporte y desplazamiento.
II. Plus de Vestuario y Uniformidad.
III. Dietas.
Artículo 22.º Salario base.
Se entiende por salario base la retribución que según su categoría
profesional tiene asignada cada trabajador, con independencia de aquellos
pluses o complementos que puedan cobrarse en razón de circunstancias
personales, del puesto de trabajo, de cantidad o calidad, o cualquier
otra situación ajena a las condiciones intrínsecas de la función que realiza.
La cuantificación del Salario Base, por categorías, se encuentra
determinada en la tabla salarial de este convenio.
Artículo 23.º Nocturnidad.
Es el complemento personal que se abona a ciertos trabajadores que
realizan su jornada de trabajo coincidiendo en todo o en parte entre las
veintidós y las seis horas, salvo que el salario se haya establecido atendiendo
a que el trabajo sea nocturno por su propia naturaleza. Su cuantificación
se corresponderá conforme a lo establecido en el artículo 36.2
del Estatuto de los Trabajadores y, en todo caso, con un incremento sobre
los salarios establecidos en la tabla salarial de este convenio de un 15%.
Artículo 24.º Puesto de trabajo.
Este complemento es de índole funcional y su percepción depende
exclusivamente del ejercicio de la actividad profesional en el puesto asignado,
por lo que, salvo acuerdo en contrario, no tendrá carácter consolidable.
La contraprestación que remunera el complemento es la peculiaridad
o peculiaridades inherentes al puesto de trabajo y debe suponer,
necesariamente, un aumento de competencias laborales de los trabajadores,
aparejadas necesariamente a una mayor responsabilidad en su puesto
de trabajo.
Artículo 25.º Retribuciones consolidadas.
Este concepto tiene como fin el contener las cantidades que han
venido percibiendo los trabajadores hasta la negociación de este convenio,
y que pudieran ser superiores al mismo, hasta su compensación y
absorción en sucesivas subidas salariales. Por tanto, dicho concepto es
compensable y absorbible por cualquiera de los conceptos de origen salarial
de la nómina mensual del trabajador.
Para la adecuación y normalización salarial de todos los trabajadores
Las cantidades que vinieran percibiendo por cualquier concepto de índole
salarial, se reflejarán en este concepto si no tuviera referencia en ningún
otro del convenio, o su cuantía exceda la negociada en éste, no pudiendo
ser en su conjunto y cómputo anual inferior a las cantidades que los trabajadores
vinieran percibiendo.
Artículo 26.º Plus de responsabilidad.
Es el complemento de origen salarial que se abonará a los trabajadores
por asignárseles específicamente y de forma expresa trabajos que tienen un
componente adicional de respuesta y resolución de problemas, con origen
y finalización por el trabajador que lo perciba. Se trata, por tanto, de una
percepción que supone un compromiso del trabajador que la perciba de
llevar a buen fin las operaciones o encargos que le sean encomendados.
Este complemento no tiene carácter consolidable, y cesará su pago en
el momento en que el trabajador dejara de asumir la responsabilidad, o
responsabilidades, que hubieran dado origen al mismo.
Artículo 27.º Plus de libre disposición.
Los trabajadores que, además del cometido asignado, estén a disposición
de la empresa en todo momento para cubrir necesidades laborales,
cobrarán un plus de libre disposición. La cuantía de este concepto para
cada grupo o categoría profesional, es la que con tal carácter se establece
en las tablas salariales anexas a este Convenio.
Artículo 28.º Pagas extraordinarias.
Como parte integrante de su salario, los trabajadores tendrán derecho
a la percepción de las siguientes pagas extraordinarias:
1. Paga de verano. Se percibirá en el mes de julio y su importe estará
constituido por los conceptos de salario base y antigüedad consolidada. Dicha
paga podrá prorratearse mes a mes por los conceptos antes indicados.
2. Paga de Navidad. Se percibirá durante el mes de diciembre, y su
importe estará constituido por los mismos conceptos que la paga de
verano. Dicha paga podrá prorratearse mes a mes por los conceptos antes
indicados.
Artículo 29.º Plus de transporte y desplazamiento.
Es el que se fija en el anexo I, y se abonará a los trabajadores para
suplir los gastos originados por el desplazamiento al centro de trabajo
24398 Sábado 24 mayo 2008 BOE núm. 126
mediante los transportes urbanos. Este plus no tiene carácter salarial, y
su percepción será la que este convenio establezca, aun cuando los gastos
realmente originados por el trabajador sean superiores. El importe que se
establece para este plus, será el establecido en la tabla salarial de este
convenio, siendo el total de 100,00 € mensuales.
a) Plus de Vestuario y Uniformidad. Este plus tiene el fin de pagar a
los trabajadores para que, en todo momento, la ropa de trabajo facilitada
por la empresa esté en perfectas condiciones, tanto en su mantenimiento
y limpieza, como en su uso cotidiano. Sólo percibirán este plus los trabajadores
que reciban el vestuario –corporativo o no-de la empresa, no así
aquellos a los cuales o bien no se le exija, o bien no se les entregue ropa
de trabajo. Si, en cualquier momento, la empresa asumiera el mantenimiento
del mismo, cesará el pago del complemento extrasalarial. Su
cuantía será de 900,00 € anuales, distribuidos en doce mensualidades, a
razón de 75,00 € mensuales.
Artículo. 30.º Dietas.
Son una compensación de carácter irregular por los mayores gastos
que deba realizar el trabajador, en los desplazamientos por necesidades
de su trabajo fuera de la localidad del centro de trabajo, o por tener que
pernoctar o efectuar sus comidas principales fuera de su domicilio.
Artículo 31.º Forma de pago.
La nómina deberá ser satisfecha por mensualidades, dentro de los 10
primeros días del mes siguiente al de su devengo.
Artículo 32.º Anticipos.
El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo
realizado, igual al importe líquido de su nómina mensual que deberá
reintegrar dentro del mismo mes que lo solicite.
Artículo 33.º Cláusula de revisión.
Los salarios resultantes del apartado anterior experimentarán una
revisión al I.P.C. real para cada año, al alza o a la baja.
Esta revisión no será de necesaria u obligatoria aplicación cuando la
empresa acredite, objetivamente, situación de déficit o pérdidas mantenidas
en el ejercicio anterior. Asimismo se tendrá en cuenta las previsiones para el
ejercicio contable correspondiente al año de aplicación de la revisión.
La representación legal de los trabajadores está obligada a tratar de
mantener en la mayor reserva la información recibida y los datos a que
hayan tenido acceso, como consecuencia de lo establecido en los párrafos
anteriores, observando, por consiguiente, respecto de todo ello, el
debido sigilo.

CAPÍTULO VII

Premios, faltas y sanciones
Artículo 34.º Faltas.
Se considera falta las acciones u omisiones punibles en que incurran
los trabajadores, así como el quebranto o incumplimiento de los deberes
de cualquier índole impuestos por las disposiciones legales en vigor y
por el presente Convenio Colectivo. Según su índole y circunstancia las
faltas se calificarán en leves, graves o muy graves.
La determinación de faltas de cada uno de los grupos se regirá por lo
previsto en el Estatuto de los Trabajadores (R.D. Leg. 1/95).

CAPÍTULO VIII

Régimen Social
Artículo 35.º
La Dirección de la empresa contratará una póliza de seguro de accidentes
con cargo a la misma y para todo el personal de la empresa y
hasta el momento de su cese, que cubra la contingencia de muerte o
invalidez derivada del trabajo, y cuya cuantía será de 15.000,00 euros.
Disposición adicional primera. Comisión paritaria de vigilancia.
La Comisión Paritaria se encargará de la vigilancia y control del cumplimiento
del presente Convenio, todo ello sin perjuicio de la competencia
que correspondan a la autoridad laboral o la jurisdicción competente.
Dicha Comisión tendrá atribuciones para resolver todas las
cuestiones que puedan suscitarse en orden a la interpretación y aplicación
de lo establecido en el Convenio.
La interpretación, vigilancia y cuantas actividades tiendan a la eficacia
práctica del Convenio, serán realizadas por la Comisión Paritaria, la
cual estará formada por dos representantes, uno por la representación
legal de los trabajadores y otro por la representación empresarial. Dicha
Comisión designará entre sus miembros, un Secretario, pudiendo utilizar
los servicios permanentes u ocasionales de Asesores en las materias
que sean de su competencia, los cuales participarán en las reuniones
con voz pero sin voto.
La Comisión se reunirá en un plazo no superior a setenta y dos horas
hábiles a petición de cualquiera de la partes y previa comunicación por
escrito.
Los acuerdos adoptados por la Comisión serán comunicados a los
interesados por escrito.
Las representaciones de la Comisión Paritaria habrán de ser elegidas
en un plazo de siete días desde la publicación de este Convenio Colectivo
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Disposición adicional segunda. Derecho supletorio.
Para todas aquellas materias que no hubieran sido objeto de regulación
específica en el presente Convenio, se estará a lo dispuesto sobre
las mismas en el Estatuto de los Trabajadores y demás disposiciones
generales que resultaran de aplicación.
Disposición adicional tercera. Pactos complementarios.
Tienen validez y eficacia los pactos suscritos entre la Dirección de la
empresa y los trabajadores, dentro del marco de este Convenio, respetándose
en todo caso los derechos adquiridos hasta su aprobación.

CONVENIO V-2 2008-2009

2008-04-02T15:50:00.000-07:00

5238

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el IV
Convenio colectivo de V-2 Complementos Auxiliares, S.A.
Visto el texto del IV Convenio Colectivo de la empresa V-2 Complementos
Auxiliares, S.A. (código de Convenio n.º 9012072), que fue suscrito
con fecha 21 de enero de 2008, de una parte por los designados por
16318 Martes 18 marzo 2008 BOE núm. 67
la Dirección de la empresa en su representación, y de otra por el Comité
Intercentros en representación de los trabajadores, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22
de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero: Ordenar la inscripción del citado Convenio Colectivo en el
correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la
Comisión Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 5 de febrero de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl
Riesco Roche.

IV CONVENIO COLECTIVO DE V-2 COMPLEMENTOS
AUXILIARES, S. A. 2008-2009

PREÁMBULO

Este Convenio Colectivo está concertado por las representaciones de
la empresa y trabajadores, estando ambas partes legitimadas por sus
representados y constituido de acuerdo con lo dispuesto en el título III
del Estatuto de los Trabajadores.

CAPÍTULO I

Extensión y eficacia
Artículo 1. Ámbito de aplicación.
El presente Convenio Colectivo establece las normas básicas de las
relaciones laborales entre V-2 Complementos Auxiliares, S.A., y sus trabajadores,
cualesquiera que sea su categoría laboral.
Artículo 2. Ámbito territorial.
Las normas de este Convenio serán de aplicación en todos los centros
de trabajo que la empresa tiene en la actualidad y los que puedan establecer
en el futuro en todo el territorio español.
Artículo 3. Ámbito temporal.
El presente Convenio entrará en vigor el día de la fecha de su publicación
en el «Boletín Oficial del Estado». No obstante lo previsto en el
párrafo anterior, los efectos de este Convenio serán a partir del día 1 de
enero de 2008.
La vigencia de este Convenio es por el periodo del día 1 de enero de 2008
hasta el 31 del 12 de 2009, prorrogándose tácitamente por periodos y de
no mediar denuncia del mismo por cualquiera de las partes intervinientes.
Artículo 4. Denuncia.
La denuncia del presente Convenio colectivo, se entenderá automática
al momento de su vencimiento, en este caso, el 31/12/2009. No obstante,
la Comisión Negociadora se constituirá en la primera semana del
mes de octubre de 2009.

CAPÍTULO II

Absorción y compensación
Artículo 5. Absorción y compensación.
Las condiciones contenidas en este Convenio Colectivo son compensables
y absorbibles respecto a las que vinieran rigiendo anteriormente,
estimadas en su conjunto y cómputo anual. Por ser condiciones mínimas
las de este Convenio Colectivo, se respetarán las superiores implantadas
con anterioridad, examinadas en su conjunto y en cómputo anual.
Artículo 6. Garantía personal.
En caso de que existiera algún trabajador que tuviera reconocidas
condiciones económicas que, consideras en su conjunto anual, fueran
más beneficiosas que las establecidas en este Convenio para los trabajadores
de su misma categoría profesional, se le mantendrán y respetarán
con carácter estrictamente personal, mientras permanezca en la misma
categoría.
Artículo 7.
El presente convenio constituye un conjunto indivisible y las partes
que lo acuerdan quedan recíprocamente vinculadas a su totalidad, adquiriendo
el compromiso de respetar y cumplir todo lo pactado en él.

CAPÍTULO III

Comisión Paritaria
Artículo 8.
Se constituye una Comisión Paritaria, la cual estará integrada por los
miembros de la Empresa y los miembros de la Representación Sindical
firmantes de este Convenio, cuyas funciones son las siguientes:
a) Interpretación de la totalidad de los artículos del presente Convenio
Colectivo.
b) Conciliación preceptiva en conflictos colectivos que supongan la
interpretación de las normas del presente Convenio.
b.1) En estos casos se planteará por escrito la cuestión objeto de
litigio ante la Comisión Paritaria, siete días antes de la planificación de
la reunión para su inclusión en el orden del día. Dicho orden del día se
enviará a las partes, tres días antes de la celebración de la reunión, que
deberá celebrarse obligatoriamente dentro de los quince días siguientes
a la recepción del escrito. En el supuesto de no existir acuerdo entre las
partes, determinará la jurisdicción social, con independencia de las atribuciones
fijadas por las partes a las comisiones paritarias, tal y como
dispone el art. 91 del E.T y el art.151 del Real Decreto Legislativo 2/95,
de 7 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Procedimiento
Laboral.
b.2) Cualquiera de las partes de la Comisión Paritaria podrá convocar
dichas reuniones. La parte convocante estará obligada a comunicar a
todos los componentes, por carta certificada con acuse de recibo, en los
plazos descritos en el apartado anterior. La convocatoria contendrá lo
siguiente: orden del día, lugar, hora y fecha de la reunión.
b.3) La Comisión estará formada por Dos miembros de la parte
empresarial y Dos miembros de la parte social.
b.4) Cada representación entre empresa y trabajadores tomará su
decisión por mayoría simple de votos. Las decisiones adoptadas por la
Comisión Paritaria tendrán siempre carácter vinculante.
b.5) Para que las reuniones sean válidas tendrán que asistir a las
mismas, como mínimo, dos miembros por cada parte.
b.6) Siempre que se reúnan los miembros de la Comisión Paritaria,
los gastos correrán a cargo de la empresa, quedando liberada la parte
social por el tiempo que dure la negociación.
c) Seguimiento de la aplicación de lo pactado.

CAPÍTULO IV

Principios generales
Artículo 9. Principios generales.
La organización práctica del trabajo, con sujeción a este Convenio
Colectivo y a la legislación vigente, es facultad de la dirección de la
empresa.
Sin merma de la autoridad que corresponde a la dirección, los trabajadores,
por medio de sus representantes legales, tendrán las funciones que
les otorga el presente Convenio, el estatuto de los trabajadores y demás
disposiciones vigentes.
Artículo 10. Normas.
La organización del trabajo estará sujeta a la legislación laboral
vigente y comprende entre otras las siguientes normas.
a) La adjudicación a cada productor por parte de la empresa del
número de elementos y de tarea necesaria, correspondiente al rendimiento
mínimo exigible, según se establece en el cómputo mensual de la
jornada de trabajo estipulado en el Art. 28 del presente Convenio.
b) El personal deberá prestar la debida atención, prudencia, pulcritud,
vigilancia en ropas, enseres, útiles, vehículos y demás elementos que
componen el equipo personal así como las demás instalaciones y bienes
análogos de la empresa y sus clientes.
c) La movilidad y redistribución del personal de la empresa típica de
la actividad, mediante el establecimiento de los cambios de trabajo, desplazamientos
y traslados que exijan las necesidades de la organización de
la producción de acuerdo con las condiciones pactadas en el presente
Convenio Colectivo.
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d) La fijación de una fórmula de cálculo de la retribución de forma
clara y sencilla, de modo que los trabajadores puedan comprender con
facilidad, incluso en los casos en los que se aplique un sistema de remuneración
con incentivos y/o primas.
e) El mantenimiento de las normas de organización de trabajo, tanto
a nivel individual, incluso en los casos de disconformidad del trabajador,
expresada a través de sus representantes legales, se mantendrán tales
normas en tanto no exista resolución del conflicto por parte de la jurisdicción
social.
A nivel de conflicto colectivo, el mantenimiento de la norma o normas
que lo motiven quedará en suspenso hasta que se dicte la resolución por
parte de la jurisdicción Social, sin perjuicio de la conciliación preceptiva
prevista en el artículo 8 párrafo b) de este Convenio Colectivo, excepto en
los casos de urgencia o imperiosa necesidad que pongan en peligro la
continuidad de la prestación de servicios.

CAPÍTULO V

Prestación del trabajo
Artículo 11. Prestación del trabajo.
Las partes firmantes de este Convenio Colectivo se comprometen a
que cada puesto de trabajo sea ocupado por el trabajador más idóneo en
razón de sus cualidades técnicas, profesionales y humanas, a cuyo fin
deberán establecerse planes de formación, cursos profesionales, de perfeccionamiento
y adiestramiento. Asimismo se potenciará la contratación
de personas con minusvalía.
Para llevar a efecto tales compromisos, la empresa informará a los
representantes de los trabajadores de los planes de formación profesional
a realizar por la misma, cuyo contenido tendrá como objeto los siguientes
fines:
Promoción socio-laboral.
Corrección de deficiencias en el nivel profesional exigible cuando se
observen rendimientos inferiores a lo normal, o para adaptación a nuevos
puestos de trabajo dentro de la definición general de su categoría.
El ascenso, dentro de línea directa de promoción profesional.
Perfeccionamiento profesional.
De haber subvenciones públicas, se informará a los representantes de
los trabajadores de su gestión.
Artículo 12. Confidencialidad.
El carácter confidencial de la prestación de servicios hace especialmente
exigible que los trabajadores sujetos a este Convenio mantengan
con especial rigor los secretos relativos a la explotación y negocio de la
empresa, todo ello de acuerdo con lo establecido en la legislación
vigente.

CAPÍTULO VI

Categorías
Artículo 13. Clasificación del personal.
En función de su permanencia, los contratos de trabajo podrán concertarse:
por tiempo indefinido, por duración determinada y por cualquier
otra modalidad de contrato de trabajo autorizada en la legislación
vigente.
Será personal contratado para obra y servicio determinado aquel cuya
misión consista en atender la realización de una obra o servicio determinado
dentro de la actividad normal de la empresa.
Este tipo de contrato quedará resuelto por las siguientes causas:
Cuando finalice la obra o servicio.
Cuando el cliente resuelva el contrato de arrendamiento de servicios,
cualquiera que sea la causa.
Cuando el contrato de arrendamiento de servicios se resuelva parcialmente
por el cliente se producirá automáticamente una extinción parcial,
equivalente de los contratos de trabajo adscritos al servicio.
A efectos de la determinación de los trabajadores afectados por esta
situación se elegirán primero los de menor antigüedad y, caso de tener la
misma, se valorarán las cargas familiares y en todo caso, oída la representación
de los trabajadores.
Será personal eventual aquel que ha sido contratado por la empresa
con ocasión de prestar servicios para atender las exigencias circunstanciales
del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, aún tratándose
de la actividad normal de la empresa, siempre que la duración
máxima de estos contratos no sea superior a seis meses en un plazo de
doce meses.
Será personal interino aquél que se contrate para sustituir a otro de la
empresa con derecho a reserva del puesto de trabajo, durante su ausencia
por I.L.T., vacaciones, supuestos de excedencia del artículo 35 de este
Convenio Colectivo, cumplimiento de sanciones, etc.
Será personal temporal aquel que haya sido contratado en virtud de las
disposiciones legales vigentes y específicas para este tipo de contrato.
Tanto el régimen jurídico de estos tipos de contrato como el de aquéllos
otros no incluidos en este artículo será el establecido en las legislaciones
vigentes en cada momento.
Contratos Indefinidos. A los efectos previstos en la Legislación
Vigente, ambas partes acuerdan que los contratos de duración determinada
suscritos a partir del 17 de mayo de 1998 pueden ser trasformados
en indefinido en los términos establecidos en la citada Disposición o Disposiciones
que la sustituyan.
Será fijo en plantilla:
a) El personal contratado por tiempo indefinido una vez haya superado
el periodo de prueba.
b) El personal eventual cuya relación contractual supere los topes
de los distintos tipos de contratos temporales, de conformidad con lo
establecido en la legislación vigente.
c) El personal que, contratado para servicios determinados, siguiera
prestando servicios en la empresa terminados aquéllos.
d) El personal interino, que una vez incorporado al servicio el sustituido
siga prestando servicios de carácter permanente no interino en la
empresa.
e) Todo el personal que sea contratado para funciones de carácter
habitual y permanente que no haya sido contratado como eventual, interino,
para servicio determinado o temporal.
Artículo 14. Clasificación según la función.
Las clasificaciones del personal consignadas en el presente Convenio
Colectivo, son meramente numerativas, no limitadas y no suponen la
obligación de tener provistas todas las plazas y categorías enumeradas si
las necesidades y el volumen de la empresa no lo requieren. En este
aspecto será informada la representación de los trabajadores.
No son, asimismo, exhaustos los distintos cometidos asignados a cada
categoría o especialidad, pues todo trabajador incluido en el ámbito funcional
de este Convenio Colectivo está obligado a efectuar cuantos trabajos
y operaciones le ordenen sus superiores dentro de los generales cometidos
de su competencia y sin menoscabo de su dignidad profesional.
Desde el momento mismo en que un trabajador realice las tareas específicas
de una categoría profesional determinada y definida en el presente
Convenio, habrá de ser remunerado, por lo menos, con el nivel retributivo
que para tal categoría se asigne, todo ello sin perjuicio de las normas de
los trabajos de categoría superior e inferior.
Artículo 15. Clasificación general.
El personal de V-2 Complementos Auxiliares, S.A. Se clasificará por
razón de sus funciones, en los grupos que a continuación se indican:
I. Personal Directivo.
II. Personal Técnico.
III. Personal administrativo.
IV. Personal Mandos Intermedios.
V. Personal Operativo.
I. Personal Directivo:
a) Director General.
b) Director Comercial.
c) Director RRHH.
d) Director División.
e) Director Regional.
f) Delegado Provincial-Gerente.
II. Personal Técnico:
a) Jefe de Personal.
b) Jefe de Departamento.
c) Técnico en Prevención.
d) Técnico Comercial.
III. Personal Administrativo:
a) Jefe de primera.
b) Jefe de segunda.
c) Oficial de primera.
d) Oficial de segunda.
e) Auxiliar Administrativo.
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f) Telefonista.
IV. Personal de Mandos Intermedios:
a) Jefe de Servicios.
b) Supervisor.
c) Coordinador de servicios.
d) Jefe de proyecto.
V. Personal Operativo:
a) Auxiliar de Servicios.
b) Auxiliar Mantenimiento.
c) Auxiliar Apoyo.
d) Auxiliar de Personas con Movilidad Reducida (PMR).
e) Auxiliar de Comunicación.
f) Grabador de Datos.
g) Auxiliar Organización
h) Conductor.
i) Azafata/o.
j ) Ordenanza.
k) Asistente Personal.
l) Bombero.
m) Cajero /Aparcador.
n) Empaquetador
o) Auxiliar de Marinería y Puertos.
p) Lector de Contadores.
q) Reponedor.
r) Promotor comercial.
Artículo 16. Funciones.
Personal Directivo.
a) Director General: Es quien con título académico adecuado o
amplia preparación teórico-práctica asume la dirección y responsabilidad
de la empresa, programando y controlando el trabajo en todas sus fases.
b) Director Comercial: Es quien con título académico o amplia preparación
teórico-práctica asume la dirección y responsabilidad de las
funciones mercantiles en su mas amplio sentido, y planifica, programa y
controla la política comercial de la empresa.
c) Director RRHH: Es quien con título adecuado o amplia preparación
teórico-práctica asume la dirección y responsabilidad de las funciones
relacionadas con la gestión de personal en su mas amplio sentido.
d) Director de División: Es quien con título académico adecuado o
amplia preparación teórico-práctica asume la dirección y responsabilidad
de la empresa, programando y controlando el trabajo en todas sus fases,
en la división que le sea encomendada.
e) Director Regional: Es quien con título adecuado o amplia preparación
teórico-práctica asume la dirección y responsabilidad de las funciones
relacionadas con la gestión comercial, o técnica en cualquier especialidad,
en la región que le sea encomendada.
f) Delegado Provincial-Gerente: Es el trabajador que actúa como
máximo representante de la empresa en la provincia y asume las funciones
de dirección, representación y organización en el ámbito de la
misma.
Personal Técnico.
a) Jefe de Personal: El jefe de personal será el responsable del reclutamiento,
selección y administración del personal de la empresa.
b) Jefe de Departamento: Es la persona que asume la responsabilidad
de un departamento dentro de la organización, encargándose de su
estructuración y asumiendo la responsabilidad de su gestión, dependiendo
de él los jefes de unidades que integren el Departamento.
c) Técnico en Prevención: Es el trabajador que con titulación adecuada,
realiza las funciones de prevención de riesgos dentro de la
empresa, que la Ley 31/95 de prevención de laborales y su posterior reglamento
le atribuyen.
d) Técnico Comercial: Es el empleado afecto al departamento
Comercial de la empresa y su único servicio, que realiza las funciones de
prospección de mercado y la promoción y venta de los servicios realizando
los desplazamientos necesarios, tanto para la captación de clientes
como la atención de los mismos una vez contratados.
Personal Administrativo
a) Jefe de Primera: Es el que provisto o no de poderes limitados está
encargado y tiene la responsabilidad directa de la oficina de la empresa.
Dependen de él las diversas secciones administrativas a las que imprime
unidad. Lo será el Jefe de Compras, así como el Jefe de Ventas, responsables
de los aprovisionamientos y compras de material y utillaje el primero,
y de la promoción comercial y captación de clientes el segundo,
estando ambos bajo el control e instrucción de la Dirección Comercial de
la empresa.
b) Jefe de Segunda: Es quien provisto o no de poder limitado está
encargado de orientar, sugerir y dar unidad a la sección o dependencia
administrativa que tenga a su cargo, así como de distribuir los trabajos
entre el personal que de él depende.
c) Oficial de Primera: Es el empleado que actúa bajo las órdenes de
un jefe y tiene a su cargo un trabajo determinado que requiere cálculo,
estudio, preparación y condiciones adecuadas.
d) Oficial de Segunda: Es el empleado que con iniciativa y responsabilidad
restringida, subordinado a un jefe, realiza tareas administrativas y
contables que requieren conocimientos generales de la técnica administrativa.
e) Auxiliar Administrativo: Es el empleado que dedica su actividad a
tareas y operaciones administrativas elementales y, en general, a las puramente
mecánicas inherentes al trabajo.
f) Telefonista: Es el empleado que tiene como misión estar al servicio
y cuidado de una centralita telefónica.
Personal de Mandos Intermedios
a) Jefe de Servicios: Es el empleado que, procedente o no del grupo
operativo, y por sus condiciones humanas y profesionales, con plena responsabilidad
y a las inmediatas órdenes de sus superiores de una forma
más práctica que teórica, cuida y es responsable del orden, disciplina,
vigilancia, distribución, asignación de trabajo y ejerce las funciones específicas
que le son delegadas con control general de todos los supervisores
y Coordinadores sobre el comportamiento de sus empleados para su gratificación
y promoción.
b) Supervisor: Es aquel trabajador que tiene por misión verificar y
comprobar el exacto cumplimiento de las funciones y obligaciones atribuidas
a los demás empleados, dando cuenta inmediatamente al Jefe de
Servicios o jefe inmediato correspondiente de cuantas incidencias
observe en la prestación de los servicios, tomando todas las medidas de
urgencia que estime oportunas, encargándose de mantener la disciplina y
pulcritud entre sus empleados.
c) Jefe de Proyecto: Es aquel trabajador que tiene como misión verificar
y comprobar el exacto cumplimiento de las funciones y obligaciones
atribuidas a los empleados a su cargo, en un servicio determinado y concreto,
pudiendo disponer su trabajo de varios siempre que sean pertenecientes
al mismo Grupo empresarial.
d) Coordinador de Servicios: Es aquel trabajador que tiene como
misión verificar y comprobar el exacto cumplimiento de las funciones y
obligaciones atribuidas a los demás empleados, dando cuenta inmediatamente
al supervisor al encargado o jefe inmediato correspondiente de
cuantas incidencias observe en la prestación del servicio o servicios. Este
puesto se desarrollará en las dependencias del cliente.
Personal Operativo
a) Auxiliar de Servicios: Es aquel trabajador que realiza, con formación
suficiente, uniformado o no con las prendas y distintivos que la
empresa determine necesarios para la correcta prestación del servicio,
tareas auxiliares, que requieren una formación técnica demostrable o
experiencia suficientemente acreditada. Para acceder a este puesto se
debe acreditar una permanencia en la empresa de 4 años.
b) Auxiliar de Mantenimiento: Es aquel trabajador que realiza con
formación técnica suficiente o experiencia acreditada y con la aprobación
de la Dirección de la empresa, uniformado o no con las prendas y
distintivos que la Empresa determine necesarios para la correcta prestación
de servicios, tareas de mantenimiento en cualquier clase de inmueble
tendentes al buen funcionamiento de las instalaciones.
c) Auxiliar de Apoyo: Es el trabajador que debidamente uniformado
o no con las prendas y distintivos que la empresa determine y que con
conocimientos elementales se le encomiendan, con cargo a terceros,
depósito, etiquetado e inventarios de todo tipo de mercaderías, recados,
cobros, pagos, recepción y entrega de correspondencia y documentos, así
como su clasificación y reparto. Control de tránsito en zonas reservadas
o de circulación restringida en el interior de fábricas, centros educativos,
plantas de producción de energía, grandes centros de procesos de datos,
grandes almacenes o en cualquier clase de edificios o inmuebles.
d) Auxiliar de Personas con Movilidad Reducida (PMR): Es el trabajador
mayor de 18 años, que realiza, uniformado o no con las prendas y
distintivos que la empresa determine necesarios para la correcta prestación
del servicio, tareas de asistencia de personas con movilidad reducida,
tanto física como psíquica, que se realicen en centros públicos o
privados.
e) Auxiliar de Comunicación: Es el trabajador que realiza, uniformado
o no con las prendas y distintivos que la empresa determine necesarios
para la correcta prestación del servicio, tareas de recepción de llamadas
y control de centralita telefónica.
f) Grabador de datos: Es el trabajador que realiza, uniformado o no
con las prendas y distintivos que la empresa determine necesarios para la
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correcta prestación del servicio, tareas de grabación de datos, control de
ficheros y gestión informática.
g) Auxiliar de Organización: Es el trabajador que realiza, uniformado
o no con las prendas y distintivos que la empresa determine necesarios
para la correcta prestación del servicio, tareas de organización, en eventos
de carácter deportivo, dentro de los estadios o pabellones, destinados
a este tipo de actos
h) Conductor: Son aquellos trabajadores que estando en posesión
del permiso de conducir adecuado al vehículo a utilizar, podrá desempeñar
las funciones de mensajería, transporte de material o personal.
i) Azafata/o: Es la persona encargada de recibir a los clientes, personal,
proporcionar la información que soliciten dentro de sus funciones,
anunciarles y conducirles ante la persona o personas con quien deseen
hablar, atienden las solicitudes de información o de entrevistas, conciertan
las mismas, las prepara en sus aspectos formales y materiales.
j) Ordenanza: Es el trabajador que debidamente uniformado o no
con las prendas y distintivos que la empresa determine desempeñará las
siguientes funciones; información en los accesos, comprobación del
estado y funcionamiento de las instalaciones y de su gestión, comprobación
y control del estado de las calderas e instalaciones generales en
cualquier clase de inmueble para garantizar su funcionamiento.
k) Asistente Personal: Es el trabajador mayor de 18 años y que con
titulación necesaria se dedicará tanto en los Organismos públicos como
privados a la labor de asistencia social y personal a disminuidos físicos y
psíquicos, así como el cuidado a personas de la 3.ª edad u otras.
l) Bombero: Es el trabajador mayor de dieciocho años que, con formación
suficiente y los medios técnicos necesarios, ya sean químicos o
mecánicos, incluidos medios de locomoción, realizan tareas de control,
prevención y extinción de incendios, incluyendo entre sus tareas, cuando
se le encomienden, la participación en la evacuación de personas.
m) Cajero / Aparcador: Es el trabajador, mayor de edad, con aptitudes e
instrucción suficiente para desempeñar uniformado y con medios de protección
autorizados, tareas elementales de mantenimiento, conservación y
control preventivo en general, excepto aquellas que reglamentariamente
corresponden al personal de seguridad relacionado con la ley 23/1992.
n) Empaquetador: Es el trabajador que realiza labores de preparación
de pedidos para que después de su preparación se realice su entrega
en domicilio diariamente. El desarrollo de su labor comprende igualmente
la realización de la documentación precisa para llevar los controles
exigidos respecto a las entregas e incidencias.
o) Auxiliar de Marinería y Puertos: Es el trabajador que realiza las
labores de ayuda en el amarre de las embarcaciones y en la conexión de
servicios de agua y electricidad, de entradas y asigna atraque a aquellas
embarcaciones que entren fuera de las horas de oficina, atiende la emisora
marina, atiende e informa a los usuarios, realiza funciones de limpieza
y acondicionamiento de la dársena e instalaciones de muelle y pantalanes
del puerto y cualquier otra función de ayuda o auxilio en la
prestación de los servicios que se realizan de forma directa en los puertos.
p) Lector de Contadores: Es el trabajador mayor de dieciocho años
que debidamente uniformado o no con las prendas y distintivos que la
empresa determine desempeña la función de grabación de datos de los
contadores (agua, luz, etc.), así como la distribución de las facturas y su
gestión.
q) Reponedor: Es el trabajador que realiza, uniformado o no con las
prendas y distintivos que la empresa determine necesarios para la
correcta prestación del servicio, tareas de reposición.
r) Promotor comercial: Es el trabajador que uniformado con las
prendas que la empresa determine y con conocimientos suficientes se le
encomiendan tareas de promoción de productos, bienes o servicios, con
cargo a terceros. Su trabajo se desarrollará preferentemente en grandes
almacenes, superficies o cualquier clase de edificios o inmuebles.

CAPÍTULO VII

Normas
Artículo 17. Normas generales.
Condiciones, para ocupar plazas de ingreso, en igualdad de méritos
aquellos trabajadores que hayan desempeñado en la empresa funciones
de carácter eventual, interino o temporal a satisfacción de aquélla. En
todo este proceso deberá intervenir la representación de los trabajadores
de acuerdo con la normativa. Para el ingreso del personal comprendido
en el presente Convenio Colectivo se observarán, sin excepción, las normas
legales vigentes en materia de contratación y generales de colocación,
así como las especiales que correspondan. En el concurso oposición,
el personal de la empresa perteneciente a otro grupo o categoría
tendrá preferencia.
Artículo 18. Contratos.
Los contratos que celebra la empresa para la contratación del personal
por las modalidades de obra o servicio determinado, eventual, interino y
temporal deberán formalizarse por escrito, haciendo constar los requisitos
y circunstancias que exija la legislación vigente en materia de empleo,
y en especial, la mención expresa del servicio para el que se contrate, la
causa de eventualidad en los contratos eventuales, incluyendo la condición
determinante de la resolución del contrato de trabajo, el motivo de la
interinidad y el nombre del sustituto, y finalmente, la duración del contrato,
en los supuestos que corresponda.
Artículo 19. Período de prueba.
Durante el período de prueba el trabajador tendrá los derechos y obligaciones
correspondientes a su categoría profesional y al puesto de trabajo
que desempeñe, como si fuera de plantilla, excepto los derivados de
la resolución laboral, que podrá producirse a instancia de cualquiera de
las partes durante su transcurso.
La notificación de que no se ha superado el período de prueba por el
trabajador habrá de comunicarse por escrito a la representación de los
trabajadores.
El periodo de prueba no podrá exceder del siguiente tiempo:
Personal Directivo y Técnico: Seis meses.
Personal Administrativo: Tres meses
Personal Mandos intermedios: Dos meses
Personal Operativo: 50 días.
Artículo 20. Seguridad y salud laboral en el trabajo.
V-2 Complementos Auxiliares, S.A. se compromete a integrar la prevención
de los riesgos laborales en el conjunto de sus actividades, en los
procesos de organización y de condiciones de trabajo, dotando a los trabajadores
de las necesarias medidas preventivas, adoptando medidas que
antepongan la protección colectiva a la individual, ordenando su uso
correcto y vigilando el cumplimiento de las medidas de prevención.
V-2 Complementos Auxiliares, S.A. considera la seguridad y salud de
los trabajadores como un elemento fundamental para el propio éxito
empresarial, generando una actitud positiva de la dirección de la empresa,
de sus mandos intermedios y de los trabajadores en general; para poder
llevar a buen fin este objetivo V-2 Complementos Auxiliares, S.A., aplicará
la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos Laborales, sus normas reglamentarias
de desarrollo que la complementen y demás normativa concordante.
En consonancia con lo expuesto, para el buen funcionamiento de la
gestión preventiva dentro de la empresa se aplicarán las siguientes normas
y criterios:
1.º Servicio de prevención.–Las empresas del Grupo Alentis S.L.U.,
con fecha 22 de diciembre de 1998, y una vez cumplimentados con carácter
formal los pasos previos previstos en la legislación vigente, y evaluados
los correspondientes informes de la representación legal de los trabajadores
de las empresas implicadas, acuerdan la constitución de un
Servicio de Prevención Mancomunado a través del cual se organizarán los
recursos necesarios para el desarrollo de las actividades preventivas en
las empresas del grupo, en el cual V-2 Complementos Auxiliares, S.A. es
parte.
La empresa tendrá al corriente el contrato con un Servicio de Prevención
Ajeno para cubrir las dos especialidades preventivas (higiene industrial
y medicina del trabajo), no asumidas por el Servicio de Prevención
Mancomunado.
2.º Evaluaciones de Riesgos.–Se realizarán las evaluaciones de riesgos
de todos los puestos de trabajo según sus funciones y tareas, así como
la de todas las instalaciones y centros propios de la empresa. Se tomarán
las medidas preventivas que resulten de las evaluaciones de riesgos,
debiéndose comunicar el inicio de las evaluaciones al delegado de prevención.
3.º Coordinación de Actividades Empresariales.–Conforme a lo establecido
en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y
R.D. 171/2004, sobre coordinación de actividades empresariales en materia
de prevención, la empresa cuando preste sus servicios en centros de
trabajo ajenos, debe recabar de los titulares de los mismos, la información
y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes
en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención
correspondientes, así como sobre las medidas de emergencia a aplicar,
para informar y formar a sus respectivos trabajadores. De todo ello será
informado el delegado de prevención.
4.º Accidente e Incidentes.–Todos los accidentes e incidentes laborales
sufridos por los trabajadores de la empresa serán investigados en el
plazo máximo de 48 horas y se tomarán las medidas preventivas adecuadas
para su no repetición. Los Delegados de prevención serán informados
de los accidentes de trabajo en dicho plazo, y si fuese grave, muy grave o
fallecimiento se comunicará de inmediato.
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5.º Formación e Información.–Todos los trabajadores al inicio de su
contratación serán informados de los riesgos específicos de su actividad,
así como de las medidas preventivas que tenga que adoptar en emergencias.
Todos los trabajadores de la empresa recibirán la formación adecuada
en prevención de riesgos; para ello se creará un plan de formación
específico en prevención de riesgos. La empresa deberá proporcionar a
los delegados de prevención un curso de formación suficiente relacionado
con el desarrollo de sus funciones en esta materia, de al menos 30
horas de duración.
6.º Vigilancia de la Salud.–Conforme a lo establecido en el artículo 22
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la empresa garantizará a
sus trabajadores la vigilancia periódica de su estado de salud, en función
de los riesgos inherentes al trabajo. Para ello el servicio de prevención
ajeno creará unos protocolos del reconocimiento médico, según los riesgos
a los que estén expuestos los trabajadores de la empresa.
Los demás reconocimientos médicos serán de carácter voluntario, sin
menoscabo de la realización de otros reconocimientos, con carácter obligatorio,
y previo informe de los representantes de los trabajadores,
cuando existan disposiciones legales específicas, o cuando éstos sean
necesarios para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la
salud de los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador
puede constituir un peligro para él mismo, para los demás trabajadores,
o para otras personas.
En razón de los servicios a prestar, cuando se apre cien comportamientos
extraños de carácter psíquico y/o farmacológico de especial intensidad
y habitualidad, la Empresa, por propia iniciativa, a instancia del interesado,
o a la de la Repre sentación de los Trabajadores, pondrá los
medios necesarios para que aquél sea sometido a reconocimiento médico
espe cial y específico, que contribuya a poder diagnosticar las causas y
efectos y facilitar el tratamiento adecuado, obligándose al trabajador a
colaborar con el equipo médico facultativo para cuantos reconocimientos,
análisis y tra tamientos sean necesarios. Durante el tiempo que duren
los reconocimientos, análisis o tratamientos, la empresa se obliga a abonar
al trabajador el 100% del salario, siempre que medie situación de I.T.
Se entregará a todos los trabajadores el resultado del reconocimiento
médico, manteniendo en todo momento la confidencia de los resultados.
El delegado de prevención será informado de las conclusiones que se
deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del
trabajador para el desempeño de su puesto de trabajo.
7.º Medidas de Emergencia.–La empresa deberá tener implantado en
todos sus centros de trabajo un plan de emergencias, debiendo estar
informados todos los trabajadores de dicho plan. El delegado de prevención
será informado de las personas designadas en medidas de emergencia.
8.º Equipos de Trabajo y de Protección Personal.–Cuando la empresa
entregue un equipo de trabajo o un equipo de protección individual (EPI),
el trabajador que lo reciba deberá ser informado del manejo, funcionamiento,
mantenimiento, así como del manual de instrucciones, debiendo
firmar el recibí correspondiente. Los equipos de protección personal
(EPIs) que la empresa entregue serán de uso obligatorio. Previamente el
delegado de prevención será informado.
9.º Trabajadores Especialmente Sensibles y Protección a la Maternidad.–
La empresa garantizará de manera específica la protección de los
trabajadores que tengan reconocida una discapacidad física, psíquica o
sensorial, a los menores de 18 años, a las trabajadoras embarazadas o de
parto reciente, siendo informado el delegado de prevención.
De conformidad a lo establecido en la Ley 39/1999, de conciliación de
la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras, la empresa adoptará
las medidas necesarias para evitar la exposición de las trabajadoras
en situación de embarazo o parto reciente a riesgos para su seguridad y salud
o una posible repercusión sobre el embarazo y el período de lactancia.
Dichas medidas se llevarán a cabo a través de una adaptación de las
condiciones y de tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.
10.º Comité Intercentro de Seguridad y Salud Laboral.–El comité
Intercentro de Seguridad y Salud de V-2, (en adelante CISS) se constituirá
en los tres meses siguientes a la entrada en vigor del presente Convenio,
al amparo de los artículos 38 y 39 de la Ley 31/95 de prevención de Riesgos
Laborales. Es el órgano paritario y colegiado de participación general,
teniendo atribuidas todas las competencias y facultades generales y aquéllas
que superen las competencias y facultades de los Comités provinciales
de Seguridad y Salud de Centros de Trabajo o delegados de prevención,
así como la dirección y coordinación de los mismos.
El CISS estará formado por cuatro miembros de la parte social, siendo
éstos designados por el Comité Intercentro de V-2, al amparo del artículo 48
del Convenio Colectivo Nacional de V-2, y otros cuatro miembros por la
dirección de la empresa. El presidente del CISS será formado por la
empresa siendo el representante legal del CISS ante cualquier persona
física, jurídica, administración del Estado, organismo jurisdiccional o
cualquier tipo de entidad con la que tenga que mantener relaciones a su
nivel de competencias. Gestiona ante la empresa los medios necesarios
para que los órganos y miembros del CISS puedan llevar a cabo sus
actividades.
El CISS se reunirá trimestralmente, con carácter ordinario y con
carácter extraordinario cuando lo solicite la mayoría de alguna de las
partes.
El CISS adoptará sus propias normas de funcionamiento y sus funciones
serán las estipuladas en su reglamento interno.
Los miembros del CISS, para el buen desarrollo de sus funciones,
deberán tener la formación de Nivel Intermedio en materia de Riesgos
laborales.

CAPÍTULO VIII

Ascensos
Artículo 21. Ascensos y provisión de vacantes.
Las vacantes de categoría superior que se originen en la empresa,
salvo amortización de la plaza, se cubrirán en igualdad de condiciones
con las normas siguientes:.
a) Libre designación: Serán de libre designación de la empresa las
personas que deban ocupar vacantes entre el personal directivo, técnico,
administrativos, mandos intermedios; se intentará que la última categoría
citada sea ocupada por personal de la propia plantilla respetando siempre
un orden de antigüedad en la empresa y demostrando su valía en la trayectoria
laboral en la empresa. La empresa se reserva la opción de reincorporarlos
a los puestos que ocupaban con anterioridad al ascenso
cuando concurran causas que así lo indiquen: reducción de plantilla, pérdida
de confianza, sanciones etc.
b) En las restantes categorías, las vacantes se cubrirán por necesidades
operativas según las capacidades profesionales; asimismo se valorará
la antigüedad en la empresa y su valía en su trayectoria laboral en la
empresa.
Las vacantes de nueva creación de superior categoría, o ya existentes,
serán cubiertas por personal operativo de la empresa de inferiores categorías,
atendiendo a los requisitos ya expuestos y después de consensuar
con el Comité Intercentro.

CAPÍTULO IX

Lugar de trabajo y asignación
Artículo 22. Lugar de trabajo.
Dadas las circunstancias en que se realizan la prestación de servicios,
la movilidad del personal vendrá determinada por las facultades de organización
de la empresa, que procederá a la distribución de su personal
entre sus diversos lugares de trabajo en la manera más racional y adecuada
a los fines productivos dentro de una misma localidad. A estos
efectos se entenderá por localidades tanto el municipio de que se trate,
como a las concentraciones urbanas o industriales que se agrupen alrededor
del mismo y que formen con aquél una macroconcentración urbana o
industrial, aunque administrativamente sean municipios distintos, siempre
que estén comunicados por medio de transporte público a intervalos
no superiores a media hora a la entrada y salida de los trabajadores. El
personal de V-2 Complementos Auxiliares, podrá ser cambiado de un
centro de trabajo a otro, de acuerdo con las facultades expresadas, dentro
de la misma localidad. Como principio general, la empresa, siempre que
existan vacantes en la categoría correspondiente, deberá asignarlas a
aquellos trabajadores que residan más cerca del lugar del servicio.
Los trabajos realizados dentro de la zona definida como localidad no
darán lugar a dietas para ninguno de los productores de la empresa, y sí a
los correspondientes pluses de distancia y transporte pactados.
Artículo 23. Asignación de categoría a los puestos de trabajo.
En el plazo de dos meses, a contar desde la publicación del presente
Convenio, V2 Complementos Auxiliares, S.A. deberá establecer un cuadro
de categorías profesionales, si no tuvieran, de acuerdo con las normas
establecidas en el capítulo VI de este Convenio.
Artículo 24. Escalafones.
La empresa deberá confeccionar y mantener el escalafón de su personal
y como mínimo deberán figurar en el mismo los datos correspondientes
a todos y cada uno de sus trabajadores, con el detalle siguiente:
1. Nombre y apellidos.
2. Fecha de nacimiento.
3. Fecha de ingreso en la empresa.
4. Categoría profesional.
BOE núm. 67 Martes 18 marzo 2008 16323
5. Fecha de nombramiento o acceso a la categoría.
6. Número de orden.
Dentro del primer trimestre natural de cada año la empresa publicará
el escalafón con expresión de los datos anteriormente señalados, para
conocimiento de todo el personal de la empresa.
Artículo 25. Destacamentos.
Se entenderá por destacamentos el cambio temporal de residencia de
un trabajador a una población situada fuera de la localidad, para atender
los trabajos encomendados por la empresa, prefiriéndose para estos servicios
a personal voluntario.
El personal destacado tendrá derecho al percibo de salarios, dietas y
gastos de viaje que por su categoría le correspondan hasta la finalización.
El tiempo máximo será de tres meses.
Se mantendrá un orden de prioridad para estos servicios:
1.º Personal voluntario.
2.º Personal sin cargas familiares.
3.º Personal con cargas familiares.
4.º Personal con hijos discapacitados o personas a cargo con Gran
dependencia.
Los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de
permanencia en los puestos de Trabajo a que se refiere este artículo.
Artículo 26. Desplazamientos.
Cuando un trabajador tenga que desplazarse por necesidad del servicio
fuera de la localidad, donde habitualmente presta sus servicios, o
cuando salga de la localidad para la que ha sido contratado, tendrá derecho
al percibo de dietas. En el caso de que no se desplace en vehículo de
la empresa, tendrá derecho a que se le abone, además, el importe del
billete en el medio de transporte idóneo.
Si el desplazamiento se realizase en vehículo particular del trabajador,
se abonarán 0.22 €. por kilómetro.
Artículo 27. Dietas.
A partir de la entrada en vigor del presente Convenio Colectivo, todo
el personal afectado por el mismo, que por necesidades del servicio haya
de estar o permanecer fuera de su localidad, tendrá derecho a percibir
una dieta, cuya cuantía y desglose es el siguiente:
8,06 € cuando el trabajador tenga que hacer una comida fuera de su
localidad.
16,13 € cuando el trabajador tenga que hacer dos comidas fuera de su
localidad.
32,27 € cuando el trabajador tenga que pernoctar y desayunar.
40,36 € cuando el trabajador tenga que pernoctar fuera de su localidad
y realizar dos comidas.

CAPÍTULO X

Jornada, horas y vacaciones
Artículo 28. Trabajos de superior e inferior categoría.
El trabajador que realice por razones técnicas u organizativas justificadas
trabajos de inferior categoría a la suya y por el tiempo imprescindible
para su atención, conservará el salario de su categoría profesional. Esta
situación no podrá ser superior a tres meses. La empresa evitará que la
realización de trabajos de inferior categoría recaigan en un mismo trabajador.
Si el cambio de destino para el desempeño de trabajos de categoría
inferior tuviera su origen en la petición del trabajador, se asignará a éste
la retribución que corresponda al trabajo efectivamente realizado. Procurará
la empresa que los servicios especiales, ordinariamente mejor retribuidos,
sean de carácter rotativo entre los aspirantes al desempeño de los
mismos.
Artículo 29. Jornada de trabajo y descanso.
La jornada de trabajo para el 2008, 2009 será de 1.788 horas anuales de
trabajo efectivo, en cómputo mensual a razón de 162,5 horas al mes.
En los casos excepcionales en que un trabajador no pudiese realizar su
jornada mensual por causas ajenas a su voluntad, permanece la obligatoriedad
de recuperar dicha jornada dentro de los tres meses siguientes.
Se entenderá como trabajo nocturno el que se realice entre las veintidós
horas y las seis horas.
Entre la jornada terminada y el inicio de la siguiente, deberá mediar un
mínimo de trece horas, salvo en los casos siguientes: a) por especial
urgencia o perentoria necesidad. b) en el trabajo por turnos.
La empresa someterá a la representación de los trabajadores el correspondiente
horario de trabajo de su personal y lo coordinarán en los distintos
Servicios para el más eficaz rendimiento. La representación de los
trabajadores será informada de la organización de los turnos y relevos
mediante la entrega de las copias de los cuadrantes mensuales.
El calendario laboral para el personal de los grupos I II, III y IV se pactará
entre el comité Intercentro y la empresa, atendiendo a las características
especiales de cada Delegación donde constarán los días laborables,
festivos de cada comunidad, así como la hora de entrada quedando garantizada
la jornada diaria que se pacte. Cada trabajador de estos grupos
recibirá copia de su calendario anual.
Dadas las especiales características de la actividad, se entenderán de
carácter interrumpido el funcionamiento de los centros de trabajo,
debiéndose respetar siempre la jornada máxima del trabajador, conforme
al contrato firmado.
La empresa procurará entregar el cuadrante de trabajo mensual con
una semana de antelación; este cuadrante deberá seguir la cadencia de
libranzas y turnos del mes anterior, siempre que permanezca en el mismo
centro. Cuando los trabajadores deseen cambiar el turno de trabajo en su
centro habitual, podrán hacerlo, siempre que este cambio se realice por
escrito, con una antelación mínima de 24 horas y conste la aceptación de
ambos trabajadores.
Se garantiza que todos los trabajadores tendrán derecho a una libranza
mínima de un fin de semana al mes (sábado y domingo), exceptuando
aquellos contratos realizados para fines de semana y festivos.
En caso de coincidir dos trabajadores en un mismo puesto de trabajo
a cubrir, se abonará un mínimo de tres horas a precio de la hora extra de
su categoría.
Artículo 30. Horas extraordinarias.
Tendrán la consideración de horas extraordinarias las que excedan de
la jornada ordinaria establecida en el artículo 29 de este Convenio Colectivo.
Artículo 31. Modificaciones de las condiciones de trabajo.
a) La dirección de la empresa, cuando existan probadas razones
técnicas, organizativas o productivas podrá acordar modificaciones técnicas
sustanciales de las condiciones de trabajo que, de no ser aceptadas
por los representantes de los trabajadores, habrán de ser aprobadas por
la Jurisdicción Social y que afecten a las siguientes materias:
a) Jornada de trabajo.
b) Horario.
c) Régimen de trabajo a turnos.
d) Sistema de remuneración.
e) Sistema de trabajo y rendimiento.
b) Modificación de horario. Cuando por necesidades del servicio la
empresa precise la modificación de los horarios establecidos, podrán
cambiarlos de conformidad con el Artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 32. Navidad, Fin de Año y Reyes.
Los trabajadores que realicen su jornada laboral en la noche del 24 al
25 de diciembre, así como en la noche del 31 de diciembre al uno de
enero, percibirán una compensación económica de 63,92 €.
Los trabajadores con hijos menores de edad, se les procurará facilitar
libre el día 6 de enero, siempre que quede el servicio cubierto.
Artículo 33. Vacaciones.
Los trabajadores de V-2 Complementos Auxiliares, S.A. disfrutarán de
unas vacaciones retribuidas, con arreglo a las condiciones siguientes:
1) Tendrán una duración de 31 días naturales, para todo el personal
que lleva un año en la empresa.
2) Se abonará por el total de la tabla, y por los conceptos comprendidos
en ella.
3) Se establece un período vacacional que comprenderá los doce
meses del año.
4) A tal fin se establece que el trabajador deberá solicitar a la
empresa el periodo de disfrute vacacional por escrito.
5) En los casos en que un trabajador se encuentre en situación de
I.L.T., iniciada con anterioridad al momento en que tuviera previsto
comenzar su período de vacaciones, se aplazarán éstas, pudiendo disfrutarlas
hasta el primer trimestre del año siguiente.
16324 Martes 18 marzo 2008 BOE núm. 67
6) Cuando el trabajador cese en el transcurso de un año, tendrá derecho
a la parte proporcional de la imputación en metálico de las vacaciones,
en razón del tiempo trabajado.
7) Cuando un trabajador se encuentre disfrutando sus vacaciones y
pase a situación de I.T. que requiera hospitalización, éstas se interrumpirán
desde el mismo día del hecho causante por el periodo que dure la I.T.,
continuando su disfrute cuando fuera dado de alta si aún quedaran días
de vacaciones, tomando los días no disfrutados, de mutuo acuerdo con la
empresa cuando el servicio lo permita dentro del año natural o primer
trimestre del siguiente año.
Artículo 34. Licencias.
Los trabajadores tendrán derecho al disfrute de licencias sin pérdida
de retribución, en los casos y con la duración que a continuación se indican
en días naturales.
a) Matrimonio del Trabajador.
b) Nacimiento de hijo o adopción.
c) Permiso de paternidad.
d) Traslado de domicilio.
e) Cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal.
f) Derechos educativos generales y de la formación.
g) Matrimonio de abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos de uno y
otro cónyuge.
h) Bautizo o primera comunión de hijo, nieto o sobrino.
i) Muerte del cónyuge, pareja de hecho o hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad.
j) Enfermedad grave del cónyuge, pareja de hecho o hasta el segundo
grado de consanguinidad o afinidad
k) Por cita médico especialista Seguridad Social.
l) Protección a la Maternidad.
m) Lactancia.
Descripción:
a) La licencia del trabajador por matrimonio será de 18 días, se solicitará
por escrito, y si se presentara con antelación mínima de un mes, el
trabajador podrá disfrutar continuamente la licencia por matrimonio y la
vacación anual.
Dentro de los diez días siguientes a su reincorporación al servicio, el
trabajador deberá acreditar su matrimonio mediante certificado del
Registro Civil o exhibición del Libro de Familia.
b) Durante cinco días, que podrán ampliarse hasta seis máximo,
cuando el trabajador necesite realizar un desplazamiento al efecto en los
casos de alumbramiento de esposa o adopción.
En caso de complicación del parto, los días que sean necesarios, previa
justificación del médico, siendo retribuidos los ocho primeros desde
que se produjo el hecho del parto.
Los nacimientos de hijo se acreditarán con la partida de nacimiento o
libro de familia, que deberá presentar el trabajador dentro de los diez días
siguientes a la inscripción. De no producirse el nacimiento en condiciones
de viabilidad, podrá exigirse al trabajador un informe firmado por el
médico o matrona que hubiese asistido al caso.
c) La Licencia del trabajador para el disfrute del permiso por paternidad,
será según la legislación vigente más siete días.
d) Durante dos días por traslado de domicilio.
e) Por el tiempo indispensable para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal de acuerdo con la legislación
que al efecto hubiere.
f) Para la formación personal y profesional del trabajador. Los trabajadores
adscritos al Convenio Colectivo de V-2 Complementos Auxiliares,
S.A., tienen los siguientes derechos:
Permisos necesarios para concurrir a exámenes oficiales o que figuren
en el BOE.
Preferencia para elegir turno de trabajo cuando curse estudios.
Adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos
de formación profesional.
Concesión del permiso oportuno para la formación profesional con
reserva del puesto de trabajo; asimismo, la representación de los trabajadores
será informada de los permisos solicitados, emitiendo informe
previo.
g) Por el matrimonio de abuelos, padres, hijos, hermanos y nietos de
uno y otro cónyuge, previa justificación, tendrá derecho a 1 día de licencia
para asistir a la boda, ampliable a tres días si el desplazamiento fuese
mas lejos de 150 km.
h) Por bautizo o primera comunión de hijo, nieto o sobrino, tendrá
derecho a 1 día.
i) Tratándose de la muerte del cónyuge, pareja de hecho acreditada,
o hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad, la licencia será de
cuatro días, y si el fallecimiento ocurriera fuera de la residencia del trabajador
será de cinco días. En los casos de muerte o entierro de cualquiera
de los familiares antes citados, la empresa podrá exigir al trabajador que
haya disfrutado la licencia, que aporte el correspondiente certificado de
defunción o que exhiba el libro de familia en que conste.
j) Cuando el motivo de la licencia sea por enfermedad grave, accidente,
o intervención quirúrgica con anestesia total o epidural del cónyuge,
pareja de hecho acreditada, así como hasta el segundo grado de
consanguinidad o afinidad, se concederán tres días ampliables a 4 por
desplazamiento, si este fuese más lejos de 150 km.
Los trabajadores del turno de noche podrán comenzar a disfrutar de
este permiso, cuando se trate de una intervención quirúrgica programada,
la jornada anterior a la operación, siempre que el número de días retribuidos
resulte el mismo.
De las situaciones de pareja de hecho acreditada derivarán las mismas
relaciones de afinidad. Cuando el causante sea la pareja de hecho, tal
condición se acreditará mediante la presentación del certificado expedido
por el Registro de Uniones de Hecho que exista en el ámbito municipal
o autonómico o, en ausencia de éste, mediante aportación de declaración
jurada y certificado de convivencia expedido por el Ayuntamiento
correspondiente.
k) Permiso retribuido para acudir a la consulta de médico especialista
de la Seguridad Social, siempre que se trate de enfermedad propia
del trabajador y para acompañar a los hijos menores de ocho años, siempre
que no sea posible asistir fuera de las horas de trabajo. Deberá justificarse
esta necesidad, así como el tiempo empleado en la consulta,
mediante volante suscrito por el facultativo; se abonarán cuatro horas de
permiso como máximo.
l) Las trabajadoras embarazadas tendrán derecho a ausentarse del
puesto de trabajo, sin pérdida de remuneración, para someterse a exámenes
prenatales, previo aviso a la empresa acompañando justificación
médica de la necesidad de la realización de estas actividades y exámenes
dentro de la jornada de trabajo.
m) Lactancia de una hora diaria hasta los 12 meses de edad de hijos,
que puede fraccionar en dos o bien reducir su jornada. O la acumulación
de este periodo en un permiso retribuido continuado de 21 días. En caso
de que se produjeran partos múltiples, el permiso se incrementará proporcionalmente.
Artículo 35. Excedencia.
Las excedencias serán de cinco clases: voluntaria, especial, nacimiento,
adopción y cuidado de familiares.
1. La excedencia voluntaria.–Es la que deberá concederse por la
Dirección de la empresa para la atención de motivos particulares del trabajador
que la solicite, que habrá de hacerlo en los plazos de preaviso
establecidos en el artículo 62 de este Convenio, al comienzo de efectos de
la misma.
Será requisito indispensable para tener derecho a tal excedencia el
haber alcanzado en la empresa una antigüedad no inferior a 1 año. La
excedencia podrá concederse por un plazo no menor a cuatro meses y no
mayor a cinco años.
Durante el tiempo de excedencia quedarán en suspenso los derechos
laborales del excedente, así como sus obli gaciones, dejando de percibir
todas sus remuneraciones y no siéndole computable el tiempo de excedencia
a ningún efecto.
En el caso de que la solicitud de excedencia sea por un periodo inferior
al máximo, la solicitud de prórroga de la misma, en su caso, habrá de
presentarse por escrito en la empresa con 15 días naturales de antelación
a su vencimiento.
El excedente que no solicitara por escrito su rein greso en la empresa
con una antelación mínima de un mes a la finalización del período de
excedencia o su prórroga, causará baja definitiva en la empresa a todos
los efectos.
El reingreso, cuando se solicite, estará condicionado a que haya
vacante en su categoría; si no existiera va cante en la categoría propia y sí
en otra inferior, el excedente podrá ocupar esta plaza con el salario a ella
correspondiente hasta que se produzca una vacante en su categoría.
2. Excedencia Especial.–Dará lugar a excedencia especial alguna de
las siguientes circunstancias:
1. Nombramiento para cargo político o designación para cargo de
representación sindical, cuando su ejercicio sea incompatible con los
servicios a la empresa.
2. Enfermedad o accidente una vez transcurrido el período máximo
de incapacidad temporal (18 meses) y por el tiempo hasta que el trabajador
reciba la Resolución del INSS sobre la calificación o no de invalidez.
Al personal en situación de excedencia especial se le reservará su
puesto de trabajo y se le computará, a efec tos de antigüedad, el tiempo de
excedencia, aunque no se le abonará la retribución de ningún tipo.
BOE núm. 67 Martes 18 marzo 2008 16325
La reincorporación de los excedentes especiales a sus puestos de trabajo
deberá producirse en el plazo de treinta días, como máximo, desde el
momento que desapa rezcan las causas que motivaron la excedencia.
De no producirse el reingreso en los plazos estable cidos, el excedente
causará baja definitiva en la empresa.
3. Excedencia por Cuidado de Hijos y Familiares.
1. Los trabajadores tendrán derecho a un periodo de excedencia de
duración no superior a cinco años para atender al cuidado de cada hijo,
tanto cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o en los supuestos
de acogimiento, tanto permanente como preadoptivo, a contar desde
la fecha de nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o administrativa.
También tendrán derecho a un periodo de excedencia, de duración no
superior a cuatro años, los trabajadores, para atender el cuidado de un
familiar, hasta el segunda grado de consanguinidad o afinidad, que por
razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo.
2. El resto de excedencias no reguladas en estos artículos, se regirán
por lo previsto en la legislación vigente.
Artículo 36. Permisos sin sueldo y traslado voluntario.
Los trabajadores que lleven como mínimo dos años en la empresa,
podrán solicitar permiso sin sueldo, previo informe de los representantes
de los trabajadores. Estos permisos no serán superiores a 30 días naturales
y no podrán concederse a más del 5% de la plantilla de cada Delegación.
Cuando un trabajador/a solicite el traslado voluntario de una Delegación
de V-2 Complementos Auxiliares, S.A. a otra Delegación, siempre que
exista una vacante en su misma categoría la empresa se compromete a
realizar un estudio pormenorizado de la problemática de cada caso, intentando
solucionarlo en un plazo mínimo.
No se podrá solicitar nuevo traslado hasta transcurridos 2 años, quedando
la empresa obligada a informar a los representantes de los trabajadores
sobre las resoluciones adoptadas en cada una de las solicitudes
presentadas en un plazo no superior a un mes.
CAPÍTULO XI

Faltas y sanciones
Artículo 37. Faltas y sanciones.
Las acciones u omisiones punibles en que incurran los trabajadores se
clasificaran atendiendo a su importancia, reincidencias e intenciones, en
leves, graves y muy graves.
En las faltas tipificadas como muy graves, se abrirá una información
escrita con la exposición de los hechos que motivan las mismas, transmitiéndose
al Comité Intercentro para su conocimiento.
Cuando una falta sea tipificada como muy grave necesariamente se
tendrá que incoar expediente para que sea oído el trabajador, pudiendo el
mismo aportar en su descargo los medios probatorios que estime pertinentes.
Durante el proceso de realización del expediente, el Comité Intercentro
podrá recabar cualquier información y aportar las pruebas que
estime oportunas, antes de efectuarse la resolución definitiva.
Artículo 38. Faltas leves.
1. Hasta tres faltas de puntualidad, con retraso superior a cinco
minutos e inferior a quince, dentro del período de un mes.
2. Las faltas de respeto y consideración en materia leve a los subordinados,
compañeros, personal público, así como la discusión con los
mismos dentro de la jornada de trabajo.
3. No comunicar a la empresa los cambios de residencia y domicilio
y demás circunstancias que afecten a su actividad laboral.
4. No notificar con carácter previo la ausencia al trabajo y no justificar
dentro de las 24 horas siguientes la razón que la motivó, salvo que se
pueda demostrar la imposibilidad de hacerlo.
5. La inobservancia de las órdenes de servicio, así como la desobediencia
a los mandos, todo ello en materia leve.
Artículo 39. Faltas graves.
1. El cometer dos faltas leves en el período de un trimestre, excepto
en la puntualidad, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que
hubiera mediado sanción comunicada por escrito.
2. Más de tres faltas de puntualidad en la asistencia al trabajo en el
periodo de un mes superior a los diez minutos o hasta cuatro faltas superiores
a quince minutos cada una de ellas.
3. La falta de asistencia al trabajo de un día en el período de un mes,
sin causa justificada. Será muy grave si de resultas de la ausencia se causare
grave perjuicio a la empresa.
4. La simulación de enfermedad o accidente y no entregar el parte de
baja oficial dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la emisión,
salvo que se pruebe la imposibilidad de hacerlo.
5. El empleo de tiempo de uniforme, materiales, útiles, máquinas en
cuestiones ajenas al trabajo o en beneficio propio.
6. El hacer desaparecer uniformes y útiles tanto de la empresa como
de clientes de la misma, así como causar accidentes por dolo, negligencia
o imprudencia inexcusable.
7. Las agresiones verbales o físicas por parte de los trabajadores
cualquiera que sea su puesto o cargo en la empresa, en el centro de trabajo
o en el cumplimiento de un servicio, con clara intención de carácter
sexual, agrediendo la dignidad e intimidad de las personas.
Artículo 40. Faltas muy graves.
1. La reincidencia en la comisión de falta grave en el período de seis
meses, aunque sean de distinta naturaleza.
2. La falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso de confianza y el hurto
o robo, tanto a compañeros como a la empresa o a terceros relacionados
con el servicio.
3. La violación del secreto de correspondencia o documentos de la
empresa o de las personas de cuyos o instalaciones se realicen las prestaciones
de los servicios.
4. El abandono del trabajo en puestos de responsabilidad, una vez
tomado posesión de los mismos, y la inhibición o pasividad en la prestación
de los mismos.
5. La disminución voluntaria y continuada del rendimiento, así como
la imprudencia en acto de servicio.
6. Abuso de autoridad.
7. Competencia ilícita.
8. Toda conducta que pueda considerarse de naturaleza sexual o
psicológica, y toda otra conducta basada en el sexo y que afecte a la dignidad
de mujeres y hombres, que resulte ingrata, irrazonable y ofensiva
para quien la recibe.
9. Obstaculizar el ejercicio de las libertades públicas y los Derechos
Sindicales reconocidos.
10. Los malos tratos de palabra u obra o enfrentamientos físicos
con los compañeros de superior o inferior categoría, provocar o participar
frecuentemente en riñas, pendencias o altercados en los centros de
trabajo.
Artículo 41. Sanciones.
Por falta leve:
a) Amonestación escrita.
b) Suspensión de sueldo de uno a dos días.
Por falta grave:
a) Suspensión de sueldo de tres a quince días.
b) Suspensión de dieciséis días a un mes.
Por falta muy grave:
a) Suspensión de empleo y sueldo de un mes a dos meses.
b) Despido.
Para proceder a la imposición de las anteriores sanciones se estará a
lo establecido en la legislación vigente.
Artículo 42. Prescripción.
Las faltas leves prescribirán a los 10 días, las graves a los 20 días y
las muy graves a los 60 días, a partir de la fecha en que la empresa tuvo
conocimiento de su comisión y en todo caso a los seis meses de
haberse cometido.
Artículo 43. Abuso de autoridad.
Todo trabajador podrá dar cuenta por escrito a través de la representación
de los trabajadores a la Dirección, de los actos que supongan abuso
de autoridad de sus jefes; siempre que se demuestre tal abuso, será considerado
como falta muy grave. Recibido el escrito, la Dirección abrirá el
oportuno expediente en el plazo de una semana. En caso contrario, los
representantes deberán formular la oportuna denuncia ante las Delegaciones
de trabajo.
16326 Martes 18 marzo 2008 BOE núm. 67

CAPÍTULO XII

Prestaciones sociales.
Artículo 44. Prestaciones sociales.
Dentro de los tres meses siguientes a la firma del presente Convenio
Colectivo de V2 Complementos Auxiliares S.A., se creará un Comisión
Mixta de Política Social (C.M.P.S.) para atender aquellos casos recogidos
en algunos de los conceptos relacionados en los siguientes apartados:.
a) Póliza de Seguro de Accidentes.–La empresa suscribirá una Póliza
de Seguro Colectivo a favor de todos y cada uno de sus trabajadores por
un capital de 32.200 € por muerte y 40.300 € por incapacidad permanente
total, ambas derivadas de accidentes sean o no laborales excepto los producidos
en competiciones deportivas oficiales de vehículos de motor. Su
efecto cubrirá las 24 horas del día y durante todo el año.
Los capitales entraran en vigor a partir del día de la firma del presente
Convenio Colectivo.
Los representantes de los trabajadores podrán solicitar a la empresa
una copia de la póliza antes citada, a los efectos de conocer los riesgos
cubiertos y la cuantía de la misma.
b) Protección Minusvalía: Ayudas hijos y cónyuge minusválido.–La
empresa abonará a los trabajadores con hijos minusválidos, con una minusvalía
del 33% o superior, la cantidad de 226 € mensuales por hijo de esta
condición, como complemento, y con independencia de la prestación que
la Seguridad Social tenga reconocida, en su caso, en concepto de ayuda
para minusválidos, entendiéndose como tales los así definidos en la legislación
aplicable.
Asimismo, recibirán la cuantía establecida en el párrafo anterior, en
aquellos supuestos en los que el cónyuge del trabajador tenga una minusvalía
del 33% o superior de sus condiciones físico-psíquicas.
La cuantía acreditada de la prestación será abonada por la empresa en
la que el trabajador preste sus servicios cualquiera que sea el número de
días trabajados en el mes.
El trabajador que tenga a su cargo hijos o cónyuge y no desempeñen
actividad retribuida con minusvalía del 33% o superior, tendrá derecho
preferente a la elección de turnos de trabajo, de lunes a viernes, así como
a la adaptación de la jornada de trabajo para poder conciliar la vida laboral
con la familiar.
El trabajador que tenga un hijo o cónyuge y tenga una minusvalía del
33% o superior, se le abonará como permiso retribuido la asistencia a
médicos especialistas, exámenes psicológicos, etc.; se abonará como
máximo un total de 4 horas por consulta, siempre y cuando el horario de
dicho consultorio sea coincidente con el de su jornada laboral.
c) Nupcialidad: A todo el personal de V2 Complementos Auxiliares,
S.A, le será concedida una ayuda económica de 74 €, cuando contraiga
matrimonio o pareja de hecho.
d) Natalidad: A todo el personal de V2 Complementos Auxiliares,
S.A, le será concedida una ayuda económica de 190 €, por el nacimiento o
adopción de cada hijo.
Para percibir las ayudas señaladas en los apartados c y d de este artículo,
será preciso justificarlo mediante la presentación del Libro de familia.
e) Fondo Económico y Asistencial:
Exposición de motivos: El fondo es, en primer lugar, un símbolo, muy
antiguo en el tiempo, de diálogo social porque las partes se marcaron
objetivos comunes y porque su gobierno es paritario.
Los siguientes Estatutos son el resultado de un laborioso proceso
negociador, fiel reflejo de la voluntad y autonomía de las partes por configurar
un único marco social importante incluido en las relaciones laborales
de la empresa con sus trabajadores.
Estatutos:
Apartado 1.º Denominación: Se establece el presente Estatuto del
Fondo Social y Asistencial, acordado por la representación Empresarial y
la representación Sindical.
Apartado 2.º Ámbito: En cuanto al ámbito temporal se somete a la
vigencia del convenio.
Apartado 3.º Sede del fondo: El domicilio se establece en Madrid,
calle Orense n.º 81, 7.ª planta, pudiendo establecerse delegaciones en
otros puntos de la geografía nacional si así lo acuerda la Comisión Administradora.
Apartado 4.º El Fondo se destinará a:
A) Dotar económicamente las acciones encaminadas a mejorar la
Seguridad y Salud Laboral de los Trabajadores, mediante la organización
de estudios, conferencias, campañas de concienciación, de conformidad
con lo establecido en el Convenio Colectivo.
B) Ayudas de estudios para los trabajadores de la empresa y sus
hijos. Las ayudas se solicitarán mediante única instancia por trabajador.
Se dirigirá a la Comisión Administradora del Fondo, con sede en la calle
Orense n.º 81, 7 planta –28020 Madrid-o se presentará en la Delegación a
la que pertenece dicho trabajador.
El plazo de finalización de la presentación de solicitudes será el 1 de
noviembre del año en curso.
Las solicitantes deberán adjuntar a la instancia la documentación que
a continuación se detalla:
B.1) Documentos personales:
1. Fotocopia del DNI.
2. Fotocopia del Libro de Familia en el caso de que la ayuda vaya
destinada a algún hijo del solicitante.
3. Fotocopia del certificado del INSERSO en el caso de que algún
hijo del solicitante padezca minusvalía física, psíquica o sensorial.
4. Declaración Jurada de no percibir ayuda alguna, para la misma
finalidad.
5. Certificado de Haberes y Retenciones de todos los miembros de la
unidad familiar que hayan obtenido ingresos durante el año anterior al de
la petición de ayuda familiar o bien copia de la declaración de IRPF
correspondiente a dicho ejercicio económico.
6. Certificado de inscripción en el INEM como desempleado o
demandante de empleo del cónyuge e hijos mayores de 18 años, que no
realicen actividad laboral alguna; en caso contrario se entenderá que sí
realiza alguna actividad remunerada y habrá de atenerse al punto 5.
B.2) Documentos académicos.
1. Preescolar, Secundaria, ESO, BUP, COU, ayudas a comedor y
libros (mediante factura proforma). Acceso a la Universidad, certificado
del curso donde se encuentre matriculado con expresión del mismo o, en
su defecto, certificación oficial de la secretaría donde se imparte dicho
curso, quedando pendiente la presentación de la matrícula para la que se
solicita.
2. Guarderías: certificado que acredite la inscripción en la misma de
los hijos del beneficiario que soliciten dicha ayuda, así como la cuantía
mensual a satisfacer y el número de meses que permanezca en la misma
durante el curso para el que solicita la ayuda.
3. Grado medio y superior: certificado de matriculación o copia de la
matrícula con expresión del curso y cuantía a satisfacer.
4. Otros estudios de los trabajadores: certificado que acredite la inscripción
para la realización de cursos que sirvan para la formación del
trabajador (idiomas, informática, etc.).
5. Educación de hijos con minusvalías: certificación de minusvalía y
certificación del centro en el que se preste la enseñanza especial.
B.3) Bases para la concesión de ayudas de estudio.–Las bases que a
continuación se enumeran son para efectuar el reparto del fondo y para
establecer la documentación que deben presentar los trabajadores que
soliciten dichas ayudas.
1. Las ayudas se solicitarán para:
a) Estudios superiores de los trabajadores.
b) Estudios de enseñanza media de los trabajadores.
c) Otros estudios de trabajadores.
d) Estudios de los hijos.
e) Preescolar y guarderías.
f) Educación especial.
g) Gimnasio y preparación física.
2. Todas las ayudas al estudio serán concedidas para la Comisión
Administradora del Fondo Económico y Asistencial a fin de distribuir de
forma equitativa el fondo disponible entre los trabajadores de todas las
delegaciones.
3. Para las concesiones de las ayudas previstas, deberán tenerse en
cuenta la totalidad de los ingresos brutos obtenidos en la unidad familiar
tomando como referencia el ejercicio económico anterior al de la presentación
de la ayuda.
4. Los interesados en solicitar alguna de las ayudas mencionadas
presentarán, no más tarde del 1 de noviembre, una única instancia, en el
modelo oficial que a tal efecto elaborará la Comisión Administradora del
Fondo. Para la resolución de las solicitudes presentadas, la Comisión
Administradora se reunirá la primera quincena del mes de noviembre.
Causas
C) Ayudas para las vacaciones. Como subvención de «ayuda para las
vacaciones» para los años 2008,2009, se destinará una cantidad que se
asignará mediante un sorteo por Delegaciones de las subvenciones asignadas
para todo el personal afectado por el Convenio. Este sorteo se
efectuará el día 5 de julio de cada año.
D) Ayudas sociales.
1. Intervenciones quirúrgicas y gastos médicos en general, tanto de
los empleados como de los hijos de éstos.
BOE núm. 67 Martes 18 marzo 2008 16327
2. Circunstancias críticas familiares.
3. Gastos ocasionados por traslados forzosos de vivienda.
4. Siniestros tales como incendios, robos, etc., que causen daños en
la vivienda o en los bienes de uso necesario.
5. Cualquier otra situación análoga así como aquellas otras cuyo
objeto sea el de atender necesidades perentorias en general plenamente
justificadas.
Apartado 5.º Recursos económicos: Los recursos económicos del
fondo estarán constituidos por:
1. Las aportaciones que al mismo hace la empresa, siendo para el año
2008 de 72.000 €, realizándose una aplicación en los años siguientes de
IPC Real del año más dos puntos en curso, hasta el año 2009 inclusive.
2. La renta derivada de las citadas aportaciones, así como por las
subvenciones y cualquier otra donación que pueda recibirse.
Apartado 6.º Ingreso de las cuotas: La empresa pondrá a disposición
de la Comisión Administradora del Fondo las cuantías anteriormente
pactadas el día 1 de enero del año en curso. El incumplimiento por la
empresa de esta obligación le hará responsable de los perjuicios que se
ocasionen a los trabajadores solicitantes de cualquier ayuda.
Apartado 7.º Órgano rector. La Comisión Administradora del fondo
corresponde a la Comisión formada por las Organizaciones Sindicales
firmantes con un mínimo de 2 miembros, que serán elegidos de entre los
miembros del Comité Intercentro. Dicha Comisión, con carácter de administradora
del fondo, se reunirá una vez al mes, en sesión ordinaria y con
carácter de extraordinaria cuando lo soliciten cualquiera de las dos partes
que la componen.
Apartado 8.º Competencias de la Comisión: Las competencias de la
Comisión se extienden a cuanto concierne al gobierno, administración y
representación del Fondo y, especialmente le corresponderá:
1. Velar por el cumplimiento de los presentes estatutos.
2. Aprobar la distribución de los recursos anualmente entre las distintas
finalidades estatutarias, fijando la reserva que estime oportuna.
3. Realizar cuantos contratos y actos jurídicos sean necesarios para
la mejor eficacia de la gestión y cumplimiento de los fines.
4. Elaborar las memorias de actividades de cada año.
5. Fijar anualmente las cantidades que la Administración del Fondo
ha de dedicar al Material.
Apartado 9.º Beneficiarios: Son beneficiarios del fondo, los trabajadores
de V-2 Complementos Auxiliares, S.A. Para la concesión de cualquiera
de las ayudas que otorga el fondo será necesario:
1. Dirigir solicitud a tal efecto justificando la necesidad que la
motiva.
2. Tener una antigüedad mínima de un año en el momento de solicitar
los beneficios del Fondo.
Apartado 10.º Tramitación: Cumplimentada la solicitud en los impresos
editados por la Comisión Administradora, será objeto de análisis y
resolución en la primera reunión ordinaria que celebre dicha Comisión,
notificándose lo acordado al solicitante.
Apartado 11.º Depósito y vigencia: Una vez publicado el texto del
convenio en el BOE, los presentes Estatutos serán objeto de depósito en
la Oficina correspondiente.
Artículo 45. Compensación en los supuestos de Incapacidad Temporal.
a) Incapacidad temporal en caso de accidente laboral: será del 100%
de la tabla de retribuciones, sin merma del importe que pudiese corresponder
en las pagas extraordinarias.
b) Incapacidad temporal en caso de enfermedad o accidente no laboral:
b.1 Del 1 al 3, por una sola vez al año, el 60% de la base de cotización.
b.2 Del 4 al 20, el 70% de la base de cotización.
b.3 Del 21 al 40, el 90% de la base de cotización.
b.4 Del 41 al 61, como esta legislado.
La empresa complementará la prestación reglamentaria en el supuesto
de hospitalización: se cobrará el 100% de la base cotizable, desde la fecha
de hospitalización, durante 60 días máximo, aunque parte de dichos días
esté hospitalizado y otra no, y en el período de recuperación o postoperatorio,
pero siempre de baja.

CAPÍTULO XIII

Derechos sindicales
Artículo 46. Licencia de los representantes de los trabajadores.
Para quienes ostentan cargos de representación de los trabajadores,
incluido el delegado sindical, se estará a lo dispuesto en las leyes vigentes.
La reserva de horas legalmente establecidas será computada anualmente,
a petición escrita de los Comités o Delegados, por jornada real de
trabajo durante el primer trimestre del año.
Se deberán notificar y justificar las ausencias, con una antelación
mínima de 24 horas. Notificada la ausencia cumpliendo el plazo antes
mencionado de 24 horas, la empresa estará obligada a conceder el permiso
oportuno.
Las funciones del delegado Sindical, así como su representación,
serán las configuradas en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
A petición escrita de los Comités de Empresa o delegados de personal,
podrán acumularse las horas de los representantes legales de los trabajadores
que así lo desean en uno o varios de ellos, sin rebasar el tope legal.
Artículo 47. Derechos y garantías sindicales.
Ambas partes firmantes, y de común acuerdo, establecen que la
empresa deberá descontar en la nómina mensual de los trabajadores, y a
petición de éstos, el importe de la cuota sindical correspondiente.
Se estará a lo establecido en la Legislación Vigente sobre derecho de
información a los representantes legales de los trabajadores.
Con el fin de garantizar la efectividad en el ejercicio de su función
representativa, los representantes de los trabajadores tienen los siguientes
derechos:
a) Libertad de opinión y expresión.
b) Libertas de publicación y distribución.
c) Derecho a un tablón de anuncios.
d) Derecho al uso de un local adecuado.
e) Derecho a un crédito de horas retribuidas para poder ejercer sus
funciones.
Derecho Horario.–Las horas que correspondan a los Delegados de
Personal o miembros de Comités de Empresa de una misma Central Sindical
podrán acumularse; de este modo, resultaría que uno o varios de los
representantes podrían quedar «liberados» de la obligación de trabajar,
pero manteniendo su derecho al salario, manteniendo la estructura salarial
del mes anterior. Una sola vez al año y dos meses antes de comenzar
el año se pactarán los liberados así como las acumulaciones.
Preaviso y Justificación–Cuando se vaya a utilizar el crédito horario,
será obligatorio preavisar con antelación mínima de 24 horas.
La empresa no puede exigir una justificación minuciosa de las actividades.
Garantías de la Actuación de la Representación de los Trabajadores:
a) Estabilidad en el empleo y prioridad de permanencia en la
empresa en los supuestos de suspensión o extinción por causa tecnológica
o económica.
b) Prioridad de permanencia de sus puestos de trabajo en caso de
traslados o desplazamientos.
c) No ser discriminados por ser representantes de los trabajadores.
Secciones Sindicales.–Los trabajadores afiliados a un sindicato
podrán, en el ámbito de la empresa o centro de trabajo, constituir secciones
sindicales de conformidad con lo establecido en los estatutos del
sindicato. Estas Secciones Sindicales dispondrán de los derechos, funciones
y competencias que les atribuye el artículo 8 de la Ley Orgánica de
Libertad Sindical. El Delegado sindical dispondrá del mismo crédito de
horas sindicales que los representantes de los trabajadores del centro al
que pertenezca.
Se acuerda que el número de Delegados Sindicales por cada Sección
Sindical de los Sindicatos que hayan obtenidos el 10 por 100 de los votos
en la elección al Comité de Empresa se determinan según la siguiente
escala:
Del 150 a 750 trabajadores: uno.
De 751 a 2.000 trabajadores: dos.
De 2.001 a 5.000 trabajadores: tres.
De 5.001 en adelante: cuatro.
El número de trabajadores a que se refiere la escala anterior es por
Empresa o Grupo de Empresas en actividades de este sector, si este fuera
el sistema de organización, considerándose a estos efectos como una
sola, rigiéndose todo lo demás por lo establecido en la Ley Orgánica de
Libertad Sindical, de 1 de agosto de 1985.
16328 Martes 18 marzo 2008 BOE núm. 67
Secciones Sindicales de Carácter Estatal.–Se reconoce el derecho a
constituir Secciones Sindicales de carácter Estatal a los Sindicatos más
representativos en el seno de la empresa que reúnan los dos requisitos
siguientes:
Tener el veinticinco por ciento de los Delegados de Personal y Miembros
de Comités de Empresa de la totalidad de la empresa.
Que alcancen, además, el veinticinco por ciento de los Delegados o
Miembros de los Comités de Empresa en más de dos Delegaciones.
Funciones y competencias.–Son funciones y competencias de las Secciones
Sindicales Estatales:
a) Las Generales que les otorgue la L.O.L.S.
b) Designar los miembros del Comité Intercentro de entre los componentes
de los distintos comités de empresa o delegados de personal.
c) Elegir los miembros que formarán parte de la Comisión administradora
del Fondo Económico y Asistencial y del Comité Intercentro de
Seguridad.
d) Elegir los miembros que formaran parte de la Comisión de Formación.
Delegados sindicales.–Las Secciones Sindicales legalmente constituidas
en el seno de la empresa, tendrán el número de Delegados Sindicales
que, en función de sus resultados electorales y número de trabajadores de
la Provincia, determinada el artículo 10 de la L.O.L.S.
Estos Delegados Sindicales dispondrán de las garantías y funciones
que a su vez determina la mencionada Ley.
Delegados Sindicales de carácter estatal.–Se acuerda expresamente
que las Secciones Sindicales Estatales, definidas en el artículo precedente,
tendrán tres delegados Sindicales en total, con un crédito horario
anual de 400 horas por delegado.
Acumulación de horas sindicales.–Se acuerda expresamente la acumulación
de horas de crédito Sindical para los Delegados Sindicales de
las Secciones Sindicales Estatales miembros de Comités de Empresa o
Delegados de Personal pertenecientes a una misma representación Sindical.
Todo ello con carácter anual y con el alcance y las condiciones que se
establezcan en los correspondientes acuerdos entre la Dirección de la
Empresa y las Organizaciones Sindicales.
Cada Sección Sindical Estatal elegirá un coordinador a nivel Nacional,
que tendrá como función principal la de coordinación de dicha Sección,
siendo Interlocutor ante la dirección de la Empresa ostentando la representación
del Sindicato.
Los Coordinadores Nacionales, miembros del Comité Intercentro y
Delegados Sindicales Estatales, podrán tener acceso a todos los Centros
de Trabajo de la Empresa cuando sea necesario y previa comunicación a
la Dirección de la misma.
Artículo 48. Comité Intercentro.
El Comité Intercentro fue constituido el doce de febrero de 1999,
según el artículo 63.3 del Estatutos de los Trabajadores y según la
L.O.L.S.
El Comité Intercentro es un órgano colegiado de representación de los
trabajadores de V-2 Complementos Auxiliares, S.A. en todo el ámbito
estatal ante la dirección de la empresa y cualquier entidad y organismo
con capacidad jurídica y defensa de los intereses, representación, negociación
y resolución de aquellos temas que afecten a dicho comité, todo
ello de conformidad con las competencias establecidas en la normativa
del mismo y regulado en los artículos 64 y 68 del estatuto de los trabajadores.
El Comité Intercentro estará formado por 5 miembros, que su vez
serán miembros de los Comités de Empresa o delegados de personal, en
proporción a la representación obtenida en la últimas elecciones sindicales
en la empresa. Son elegidos por las centrales sindicales.
Principios.–El comité Intercentro es el órgano colegiado y unitario de
representación de los trabajadores de la empresa. Actuará con absoluta
independencia y se regirá en todo momento respetando los principios
democráticos y de libre expresión.
El Comité Intercentro asume las funciones, derechos y deberes pactados,
legalmente establecidos, para los cuales ha sido elegido, teniendo
capacidad de decisión en todos y cada uno de los asuntos que en el
ámbito de funciones y competencias se establecen en el presente Convenio
y posibles acuerdos.
El Comité Intercentro contará, si lo considera necesario, con un asesor
por central sindical «con voz y sin voto», en las reuniones. Asimismo
la empresa se compromete a realizar tres reuniones anuales que serán en
su totalidad a cargo de la empresa.
El Comité Intercentro tendrá, en el ámbito estatal, las competencias
que la ley le atribuye a los Comités de Empresa en su ámbito respectivo y
específicamente la de negociar el Convenio Colectivo.
La Dirección de V-2 Complementos Auxiliares, S.A. será informada de
los miembros que componen dicho Comité y sus comisiones.
El Comité Intercentro para quien ostente el cargo de Presidente y
Secretario tendrán un crédito de mil setecientas ochenta y ocho horas
(1.788) para el año 2008, 2009; el resto de los vocales tendrán un crédito
de trescientas horas anuales, no pudiendo transferir estas horas a ningún
otro miembro de la representación social.
El Comité Intercentro cuenta con una Comisión Permanente, integrada
por tres miembros.
Mantendrá relaciones de estrecha colaboración con las Secciones
Sindicales Estatales en la empresa, y potenciará la unidad y la solidaridad
entre todos sus miembros.
Composición.–Estará compuesto por 5 miembros titulares. En su
constitución se guardará la debida proporcionalidad obtenida por los
Sindicatos, según los resultados electorales considerados en el conjunto
de la empresa, correspondiendo a éstos la designación tanto de los miembros
titulares como de los suplentes entre los componentes de los distintos
Comités Provinciales y en su caso Delegados de Personal.
Únicamente estarán representados en el Comité Intercentro los sindicatos
o coaliciones que hubieran obtenido, al menos, un diez por ciento
en el cómputo total de las elecciones.
Funciones y competencias.–Son funciones y competencias del Comité
Intercentro:
a) Estar legitimado para la Negociación Colectiva en el marco global
de la empresa y cualquier otro tipo de pactos de carácter nacional. Todo
ello sin perjuicio de las competencias y cometidos que en sus respectivos
ámbitos establece el Art. 64 E.T. y que además tienen los Comités Provinciales,
Delegados de Personal y Secciones Sindicales, así como los derivados
de la articulación de la Negociación Colectiva, en aquellas materias
previstas para los niveles inferiores en el Convenio Colectivo, o los que
subsistan derivados de acuerdos o pactos recogidos en los anteriores
Convenios.
b) Designación de entre sus miembros de los 2 que formarán parte
de la Comisión Mixta Paritaria del Convenio por la representación de los
trabajadores.
c) Recibir la información trimestral sobre la marcha general de la
empresa, situación en el mercado, producción y productividad, ventas,
estructura financiera, presupuesto y cálculo de costes, evolución del
empleo, salud laboral, además de toda aquélla que del ámbito nacional
atribuye el artículo 64 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores a los
Comités de Empresa en sus respectivas esferas.
d) Ser informado mensualmente sobre el número de horas extraordinarias
realizadas en el periodo anterior y causa de las mismas.
e) Conocer los conflictos que se susciten, con alcance y carácter
general, a los fines de audiencia, estudio y propuesta.
f) Ser informado sobre las convocatorias de selección de personal; el
Comité Intercentro tendrá previo conocimiento y dispondrá de dos días
para hacer las sugerencias o pedir las revisiones que estime oportunas.
g) Analizar e intercambiar opiniones sobre la situación global de V-2
Complementos Auxiliares, S.A.
Procedimiento.–Para el desarrollo de dichas funciones y competencias,
el Comité Intercentro se reunirá con la empresa cada cuatro meses
con carácter ordinario, y con carácter extraordinario cuando el caso así
lo requiera de común acuerdo por ambas partes. En cualquier caso,
deberá comunicarse a la otra parte de la celebración de dichas reuniones
con la antelación mínima de quince días hábiles para las ordinarias y con
toda la antelación que sea posible para las extraordinarias una vez acordada
su celebración.
Una vez convocadas en tiempo y forma las reuniones, los gastos de los
miembros del Comité Intercentro provocados por desplazamiento, alojamiento
y dietas, serán por cuenta de la empresa.
Para todas las reuniones se elaborará por el Secretario un Orden del
Día que incluirá todos los asuntos a tratar. Se confeccionará un Acta recogiendo
todos los acuerdos que se hayan adoptado en la reunión. Se comunicarán
a los Centros de Trabajo, para conocimiento de todos los trabajadores,
los acuerdos a los que lleguen, mediante escritos en los tablones de
anuncios.
Dotación.–Con carácter general, los medios y facilidades serán los
siguientes:
A) Abono de los gastos de desplazamiento, kilometraje y dietas para
la asistencia a tres reuniones ordinarias al año de todos los miembros,
con una duración máxima de tres días.
En caso de que la urgencia o conformidad con la Dirección se podrán
abonar los gastos de desplazamiento y dietas por asistencia a reuniones
extraordinarias.
B) Exposición de los tablones de anuncios destinados al efecto de
notas informativas y comunicados del Comité, siempre que vayan firmadas
por el presidente del Comité Intercentro.
C) El Comité Intercentro dispondrá de local adecuado, con teléfono,
fax, ordenador e impresora, disponiendo de material y mobiliario de oficina,
utilización del correo interior ordinario («valija») de la empresa, el
BOE núm. 67 Martes 18 marzo 2008 16329
acceso a Internet y utilización del correo electrónico, la transmisión y
recepción de fax para el envío de comunicaciones del Comité y el uso de
fotocopiadora.
Recibirá la prensa diaria, de forma permanente y el BOE.

CAPÍTULO XIV

Retribuciones
Artículo 49 Retribuciones.
La empresa garantiza la percepción de haberes por meses vencidos
antes del día 5 del mes siguiente al devengo de dichos haberes. La retribución
del personal comprendido en el ámbito de aplicación de este Convenio
Colectivo estará constituida por el salario base y los complementos
del mismo reflejados en el anexo de las tablas de retribución y corresponde
a la jornada normal de trabajo a que se refiere el Art. 29 del presente
Convenio Colectivo.
Artículo 50. Anticipos.
El trabajador tendrá derecho a percibir anticipos a cuenta por el trabajo
ya realizado sin que pueda exceder del 90 por ciento del importe su
retribución total mensual de las tablas de retribución del Anexo Salarial
más la antigüedad; se establecerá, a principios de cada mes una fecha
mensual de abono de anticipos.
Artículo 51. Estructura salarial.
a) Sueldo Base.
b) Complementos:
Antigüedad.
De puesto de trabajo.
Plus de Responsable.
Plus de Trabajo Nocturno.
Plus de Idioma.
Plus Fin de Semana y Festivos.
Plus Actividad mes.
De Cantidad o Calidad de Trabajo:
Horas Extraordinarias.
De vencimiento superior al mes:
Paga de Navidad.
Paga de Verano.
Indemnizaciones o suplidos:
Plus de transporte y distancia.
Plus de mantenimiento de Vestuario.
Artículo 52. Sueldo Base.
Se entenderá por la retribución correspondiente, en cada una de las
categorías profesionales, a una actividad normal, durante la jornada
fijada en este Convenio Colectivo. El salario base se entenderá siempre
referido a la jornada legal establecida en este Convenio Colectivo. Si por
acuerdo particular de la empresa con sus operarios se trabajara la jornada
con horario restringido, el sueldo será divisible por horas, abonándose el
que corresponda, que en ningún caso podrá ser inferior a cuatro horas.
Artículo 53. Complemento Personal de Antigüedad.
Todos los trabajadores afectados por el presente convenio, sin excepción
de categorías disfrutarán, además de su sueldo, aumentos por año de
servicio, como premio a su vinculación con la empresa; estos aumentos
consistirán en quinquenios, cuyos importes se detallan en la tabla anexo
correspondiente, comenzándose a devengar desde el mes en que se cumple
el quinquenio.
Artículo 54. Complementos de Puesto de Trabajo:
1. Plus de Responsable: Se abonará al trabajador que, además de
realizar las tareas propias de su actividad, desarrolla una labor de coordinación,
distribuyendo el trabajo e indicando cómo realizarlo, confeccionando
los partes oportunos, reflejando las anomalías o incidencias que se
produzcan en los servicios en ausencia del Supervisor u otro jefe,
teniendo la responsabilidad de un equipo de personas.
El personal que ejerza las funciones de responsable o coordinador
percibirá un plus por tal concepto, de un 10 por ciento del sueldo base
establecido en este Convenio, que corresponda a su categoría, en tanto
las tenga asignadas y las realice.
2. Plus de Nocturnidad: Se fija un plus de trabajo nocturno por hora
trabajada. De acuerdo con el artículo 29 del presente Convenio, se entenderá
por trabajo nocturno el realizado entre las veintidós horas y las seis
horas del día siguiente. Si las horas trabajadas en jornada nocturna excedieran
de cuatro se abonará el plus correspondiente a la jornada trabajada,
con un máximo de ocho horas. El importe se detalla en la tabla
anexo correspondiente.
3. Plus de Idioma: Se abonará al trabajador que para desempeñar sus
funciones en el puesto de trabajo sea requisito imprescindible el conocimiento
y manejo de un idioma, con la titulación correspondiente, siendo la
cantidad a abonar por parte de la empresa en este concepto de 118 € y desempeñe
sus funciones en el centro de trabajo que se necesite este requisito.
4. Plus Fin de Semana y Festivos: Teniendo en cuenta que los fines de
semana y festivos del año son habitualmente días laborables normales en el
cuadrante de los trabajadores de servicios, se acuerda abonar a estos trabajadores
un Plus por hora efectiva trabajada de 0,25 € durante los sábados,
domingos y festivos para el año 2008. Este Plus ascenderá a 0,26 € para el año
2009. A efectos de cómputo será a partir de las 00:00 horas del sábado a las
24:00 del domingo y en los festivos de las 00:00 horas a las 24:00 horas de
dichos días trabajados. No es abonable para aquellos trabajadores que hayan
sido contratados expresamente para trabajar en dichos días (ej.: contratos a
tiempo parcial para fines de semana).
A los efectos de los días festivos, se tendrán en cuenta los nacionales,
autonómicos y locales señalados para cada año, correspondientes al lugar
de trabajo donde el trabajador preste el servicio, independientemente del
centro de trabajo donde esté dado de alta.
5. Plus de Actividad: Dicho plus se abonará a las categorías a las
cuales se les hace figurar en el anexo de la tabla salarial.
Artículo 55. Complemento de Cantidad o Calidad de trabajo, Horas
Extraordinarias.
Horas Extraordinarias: Tendrán la consideración de horas extraordinarias
las que excedan de la jornada ordinaria establecida en el artículo 29 de
este Convenio.
Durante el año 2008 regirán los importes de la tabla salarial Anexa.
Durante el año 2009 los importes de las horas extraordinarias se establecerán
al conocer el IPC resultante del año 2008, teniendo en cuenta la
forma de proceder del año 2008.
El incremento del importe de las horas extraordinarias para el resto de
personal para el año 2008 y 2009, equivaldrá al IPC real fijado al 31 de
diciembre de 2007 y al 31 de diciembre de 2008.
Artículo 56. Complemento de Vencimiento Superior al Mes.
1. Gratificación de julio y Navidad.–El personal al servicio de la
empresa percibirá dos gra tificaciones extraordinarias con los devengos y
fechas de pago siguientes:
1.1 Gratificación de julio: Se devengará del 1 de julio al 30 de junio.
Independientemente de la finalización de su devengo, el pago se realizará
conjuntamente con la paga del mes de junio.
El importe de esta gratificación será de una mensualidad de la
columna de «total» correspondiente al anexo salarial y por los mismos
conceptos, incluyendo el complemento personal de Antigüedad.
1.2 Gratificación de Navidad: Se devengará del 1 de enero al 31 de
diciembre. Independientemente de la finalización de su devengo, el pago
se realizará entre el 13 y el 15 de diciembre. El importe de esta gratificación
será de una mensualidad de la columna del «total» correspondiente
al anexo salarial y por los mismos conceptos, incluyendo el complemento
personal de Antigüedad.
El personal que hubiere ingresado en el transcurso del año o cesara
durante el mismo, percibirá las gratifi caciones extraordinarias aludidas,
prorrateando su importe en relación con el tiempo trabajado.
Artículo 57. Indemnizaciones o suplidos.
1. Plus de transporte y distancia: Se establece como compensación a
los gastos de desplazamiento y medios de transporte dentro de la localidad
así como desde el domicilio al centro de trabajo y su regreso; el
importe será establecido en la tabla salarial anexa.
2. Plus de Mantenimiento de Vestuario: Se establece como compensación
de gastos que obligatoriamente correrá a cargo del trabajador por
limpieza y conservación del vestuario y calzado; el importe será establecido
en la tabla salarial anexa.
Artículo 58. Cláusula de actualización salarial.
Las retribuciones económicas desde el 1 de enero de 2008 serán las
establecidas en el anexo 1, tabla salarial.
16330 Martes 18 marzo 2008 BOE núm. 67
Para el año 2009, se incrementarán los conceptos que componen la
estructura salarial en el IPC real que resulte del año 2008.
Artículo 59. Pacto de repercusión en precios.
Ambas partes hacen constar expresamente que las condiciones económicas
pactadas en este Convenio Colectivo tendrán repercusión en los
precios de los servicios.
Artículo 60. Uniformidad.
Se consideran uniformes y distintivos las prendas y efectos de uso
personal que el trabajador debe utilizar de forma obligatoria para su
correcta presentación ante los clientes de V2 Complementos Auxiliares,
S.A. a fin de que éstos puedan reconocer su cargo, categoría y cometido
durante el servicio.
La empresa facilitará cada dos años al personal operativo las siguientes
prendas:
Tres camisas de verano.
Tres camisas de invierno.
Dos corbatas.
Dos pantalones de invierno.
Dos pantalones de verano.
Dos pares de zapatos.
Un anorak. Cuando sea necesario.
Un cinturón.
Dos chaquetones. Cuando sea necesario.
Los trabajadores estarán obligados a devolver la uniformidad que
posean de la empresa en el momento de causar baja en la misma.
Asimismo se facilitará, en caso de servicios especiales o exteriores, las
prendas que se consideren necesarias.
La empresa, de acuerdo con los Comités de Seguridad y salud Laboral
adoptará las medidas tendentes a mejorar las prendas de vestuario.

CAPÍTULO XV

Varios
Artículo 61. Contrato de relevo.
Se acuerda por ambas partes que las disposiciones establecidas para
el contrato de relevo son las establecidas en la Ley 4/2007, de 4 de diciembre
de medidas en materia de Seguridad Social (BOE 5 de diciembre de
2007) que entro en vigor el 1 de enero de 2008.
Artículo 62. Acuerdo Nacional de Formación Continua en V-2 Complementos
Auxiliares, S.A.
Apartado I. Formación Continua.–A los efectos de este acuerdo se
entenderá por Formación Continua el conjunto de acciones formativas
que desarrolle la empresa amparadas por este Acuerdo y a través de las
modalidades previstas en el Real Decreto 395/2007, o normativa que lo
sustituya, así como el desarrollo que se efectúe de los Contratos Programa
para la formación de los trabajadores, dirigida tanto a la mejora de
las competencias como a la cualificación de los trabajadores ocupados,
que permitan compatibilizar la mayor competitividad de la empresa, con
la formación individual del trabajador.
Apartado II. Ámbito Territorial.–El presente Acuerdo será de aplicación
a todo el territorio nacional.
Apartado III.: Ámbito Personal.–Quedarán sujetos al presente
Acuerdo, todos los trabajadores de V-2 Complementos Auxiliares S.A
excepto el personal de alta dirección.
Apartado IV. Ámbito Temporal.–El presente Acuerdo entrará en
vigor el día primero del mes siguiente a su publicación en el BOE y finalizará
el 31 de diciembre del año 2009. No obstante lo anterior, antes de su
expiración, las partes de común acuerdo podrán estimar la prorroga del
mismo.
Apartado V. Comisión Paritaria Nacional de Formación Continúa en
V-2 Complementos Auxiliares, S.A.–Al amparo del presente Acuerdo,
ambas partes constituyen la Comisión Paritaria Nacional de Formación
Continua en V-2 Complementos Auxiliares, S.A. (en adelante CPNF).
Dicha Comisión estará formada por 2 miembros por la parte social designados
por el Comité Intercentro y 2 miembros por la parte empresarial:
Esta Comisión tendrá las competencias que se desarrollen en el presente
Acuerdo, y se dotará para su funcionamiento de un Reglamento.
Apartado VI. Objeto del Acuerdo.–Son objeto del presente acuerdo:
a) Los planes de empresa.
b) Los permisos individuales de formación.
Apartado VII. Requisitos de los Planes.–Todos los planes de formación
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Objetivos y contenidos de las acciones formativas a desarrollar.
b) Colectivo destinatario por categorías o grupos profesionales y
número de participantes.
c) Calendario de ejecución.
d) Conste estimado de las acciones formativas desglosado por tipo
de acciones y colectivos.
e) Estimación del montante anual de la cuota de formación profesional
a ingresar por la empresa.
f) Lugar de impartición de las acciones formativas.
Apartado VIII. Permisos Individuales de Formación.–A los efectos
previstos en nuevo Sistema de Formación Continua, las Organizaciones
firmantes de dicho Acuerdo establecerán un régimen de Permisos Individuales
de Formación en los siguientes términos:
i) Ámbito objetivo: Las acciones formativas para las cuales pueden
solicitarse Permiso de Formación deberán:
a) No estar incluidas en las acciones formativas impartidas por la
empresa.
b) Estar dirigidas al desarrollo o adaptación de las cualificaciones
técnico profesionales del trabajador y/o a su formación profesional.
c) Estar reconocida por una titulación oficial.
b) Quedan excluidas del permiso de formación las acciones formativas
que no se correspondan con la formación presencial. No obstante se
admitirá la parte presencial de los realizados mediante la modalidad a
distancia.
ii) Ámbito subjetivo: Los trabajadores que deseen acceder a estas
ayudas deberán:
a) Tener una antigüedad de al menos 1 año en la empresa.
b) Presentar por escrito ante la Dirección de la Empresa la correspondiente
solicitud del permiso, con una antelación mínima de 3 meses,
al inicio del disfrute de éste.
En dicha solicitud se hará constar el objetivo formativo que se persigue,
calendario de ejecución (horario lectivo, periodos de interrupción,
duración.) y lugar de impartición.
iii) Resolución de solicitudes: La CNPF deberá resolver en el plazo
de 30 días, a partir de la recepción de la solicitud que se le presente, con
arreglo a lo estipulado en este Artículo.
A fin de valorar tal solicitud, se podrán tener en cuenta necesidades productivas
y organizativas de la empresa, así como que el disfrute de los permisos
no afecte significativamente la realización del trabajo en la misma.
Tendrán prioridad para disfrutar del permiso de formación aquellos
trabajadores que cumpliendo los requisitos establecidos anteriormente
no hayan participado en una acción formativa de las contempladas en
este artículo en un plazo anterior de 12 meses.
En caso de denegación de la solicitud por parte de la CNPF, aquella
habrá de ser motivada y se comunicará al trabajador.
La empresa informara al Comité Intercentro de las solicitudes recibidas
y de su respuesta a las mismas.
El plan de formación de empresa establecerá prioridades a efectos del
disfrute de los permisos de formación, en los supuestos de concurrencia
de solicitudes de tales permisos.
iv) Autorizado el permiso de formación por la empresa, el trabajador
dirigirá su solicitud de financiación a la Comisión Paritaria Territorial
correspondiente, para su propuesta de resolución y financiación.
Si se denegara, el trabajador podrá utilizar el permiso de formación sin
remuneración, suspendiendo su contrato por el tiempo equivalente al del
citado permiso.
v) El trabajador que haya disfrutado de un permiso de formación
deberá, a la finalización del mismo, acreditar el grado de aprovechamiento
obtenido mediante la correspondiente certificación.
La utilización del permiso de formación para fines distintos a los señalados
se considerará como infracción al deber laboral de buena fe.
vi) El permiso retribuido de formación tendrá una duración máxima
de 200 horas de jornada, en función de las características de la acción
formativa a realizar.
vii) El trabajador que disfrute de un permiso retribuido de formación,
con arreglo a lo previsto en este artículo, percibirá durante el mismo
una cantidad igual a la de su salario, así como las cotizaciones devengadas
a la Seguridad Social durante el periodo correspondiente. El salario
estará constituido por el salario base, antigüedad y complementos fijos.
Apartado IX. Competencias de la Comisión Paritaria Nacional de
Formación Continua en V-2 Complementos Auxiliares, S.A.–La CNPF
participará activamente en todas las actividades formativas realizadas
por V-2 Complementos Auxiliares, S.A., colaborando tanto en la selección
y elaboración de las diferentes acciones formativas como en la posterior
BOE núm. 67 Martes 18 marzo 2008 16331
ejecución y seguimiento de las mismas; en concreto tendrá las siguientes
competencias:
a) Participará en la selección de las acciones formativas, además de
su duración y metodología de impartición, además propondrá todas aquellas
medidas complementarias a la formación que consideren sirva para
mejorar la Formación Continua en V-2.
b) Resolverá las discrepancias que puedan surgir entre el Comité
Intercentro y la dirección de V-2.
c) Aprobará su Reglamento de funcionamiento que deberá adecuarse
a lo dispuesto en el presente acuerdo.
d) Una vez aprobada la financiación de las diferentes actividades
formativas la CPNF, será previamente consultada con relación a los participantes,
calendarios de ejecución y lugares de impartición.
Apartado X. Financiación de la CPNF.–Los gastos ocasionados por el
funcionamiento de la CPNF correrán a cargo de la parte empresarial, y su
cuantía se fijará en el Reglamento de Funcionamiento de la misma.
Apartado XI.–En lo no previsto en el presente acuerdo se aplicará lo
previsto en el nuevo modelo de Formación Continua, regulado por el Real
Decreto 1046/2003 de 1 de agosto y las normas que lo desarrollan.
Reglamento de funcionamiento de la Comisión Paritaria Nacional de
Formación de V-2 Complementos Auxiliares, S.A.
Artículo I. Competencia funcional.
La Comisión Paritaria nacional de Formación de V-2 Complementos
Auxiliares, S.A. ejercerá las competencias y funciones que le otorgue el IV
Acuerdo Tripartito de Formación en V-2 Complementos Auxiliares, S.A.
Artículo II. Composición.
La CPNF, estará compuesta por 4 miembros, 2 por la parte social y 2
por la parte empresarial, pudiendo asistir a las reuniones con voz pero sin
voto tantos asesores como las partes consideren oportunos.
Artículo III. De los cargos.
La Comisión Paritaria Nacional de Formación de V-2 Complementos
Auxiliares elegirá de entre sus miembros un Presidente y un Secretario,
que no podrán coincidir nunca en la misma representación. Los cargos se
elegirán por un periodo de un año.
Artículo IV. Funciones del Presidente.
a) La representación de la CPNF.
b) La presidencia de las reuniones de la CPNF.
c) Firmar actas y certificaciones de los acuerdos de la CPNF.
d) Cualquier otra que como presidente le enmiende la CPNF.
Artículo V. Funciones del Secretario.
a) Convocar las reuniones de la CPNF.
b) Preparar las reuniones de la CPNF.
c) Suscribir las actas de cada una de las reuniones con el visto bueno
del presidente.
d) Llevar el archivo y depósito de toda la documentación que se
genere.
e) Cualquier otra que le encomiende la CPNF.
Artículo VI. Toma de decisiones.
Las decisiones en el seno de la CPNF se tomarán por unanimidad de
las representaciones.
Las decisiones en cada una de las representaciones se adoptarán por
mayoría de sus miembros.
Artículo VII. De las reuniones.
La CPNF se reunirá con carácter semestral, y de forma extraordinaria
cuando lo solicite cualquiera de las partes o el Comité Intercentro.
Queda facultada la CPNF para desarrollar cuantas iniciativas sean
necesarias y conducentes a la aplicación, tanto del citado acuerdo como
del Acuerdo Nacional sobre Formación Continua.
La formación de los trabajadores se podrá realizar dentro o fuera de la
jornada laboral. Cuando se efectúe formación exigida por la empresa, o
por disposición legal fuera de la jornada laboral, se abonarán al trabajador
las horas empleadas en ella, a precio de hora extraordinaria de su
Categoría laboral.
Artículo 63. Causas de extinción del contrato de trabajo.
El cese de los trabajadores en la empresa tendrá lugar por cualquiera
de las causas previstas en el Estatuto de los Trabajadores y demás legislación
vigente.
En el caso de cese por voluntad del trabajador, el personal directivo,
titulado y técnico deberá preavisar su baja con una antelación no inferior a
dos meses.
El personal administrativo o de mando intermedio, el personal operativo,
subalterno y de oficios varios, con quince días hábiles de antelación.
La falta de cumplimiento del preaviso llevará consigo la pérdida de los
salarios correspondientes a quince días hábiles sin la cantidad correspondiente
a las partes proporcionales de las pagas extraordinarias de dicho
periodo. Si el preaviso se hubiera efectuado en periodo hábil inferior a los
quince días hábiles previstos, la pérdida de los salarios correspondientes
será proporcional al periodo hábil no preavisado El preaviso deberá ejercitarse
siempre por escrito y la empresa estará obligada a suscribir el acuse
de recibo.
La falta de preaviso por parte de la empresa en casos de finalización del
contrato, de quince días, según prevé la legislación vigente, dará lugar a la
indemnización correspondiente o a la parte proporcional si el preaviso se
hubiera afectado en periodo inferior al previsto.
Artículo 64. Disposición adicional.
En lo no previsto en este Convenio Colectivo se estará única y exclusivamente
a las disposiciones contenidas en el Estatuto de Los Trabajadores
y Normas que a esta Ley complementan, de forma que no se complementará
con otros Convenios Colectivos ni Ordenanzas Laborales.
Disposición adicional primera.
Ambas partes acuerdan que durante la vigencia del convenio, en caso de
que el salario mínimo interprofesional sea superior al salario base establecido
para las distintas categorías, se incrementará éste hasta la cuantía
mínima fijada para el salario mínimo interprofesional, con adecuación del
resto de los conceptos retributivos, al objeto de que en cómputo anual, la
suma de todos los conceptos experimente la misma variación prevista en
convenio.
Disposición adicional segunda. Ley de Igualdad.
La empresa realizará esfuerzos tendentes a lograr la igualdad de oportunidades
en todas sus políticas, en particular la igualdad de género, adoptando
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral
entre hombres y mujeres.
Las medidas de igualdad a que se refiere el párrafo anterior, se procurará
que se establezcan a través de la elaboración de un Plan de Igualdad,
que deberá ser objeto de desarrollo en los términos y condiciones establecidos
legalmente.
Los planes de igualdad podrán contemplar, entre otras materias de
acceso al empleo, clasificación profesional, promoción y formación, retribuciones,
ordenación del tiempo de trabajo, favorecer en términos de
igualdad entre mujeres y hombres, la conciliación laboral, personal y familiar,
y prevención de acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
Las medidas de igualdad que se adopten se ajustarán en todo caso a la
normativa aplicable y específicamente lo previsto por los siguientes artículos
de la Ley Orgánica 3/2007:
Concepto y contenido de los planes de igualdad de las empresas
1. El plan de igualdad de la empresa es un conjunto ordenado de medidas,
adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendentes a
alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres
y hombres y a eliminar la discriminación.
El plan de igualdad fijará los concretos objetivos de igualdad a alcanzar,
las estrategias y prácticas a adoptar para su consecución, así como el establecimiento
de sistemas eficaces de seguimiento y evaluación de los objetivos
fijados.
2. Para la consecución de los objetivos fijados, el plan de igualdad
podrá contemplar, entre otras, las materias de acceso al empleo, clasificación
profesional, promoción y formación, retribuciones, ordenación del
tiempo de trabajo para favorecer, en términos de igualdad entre mujeres y
hombres, la conciliación laboral, personal y familiar, y prevención del
acoso sexual y del acoso por razón de sexo.
3. El plan de igualdad incluirá la totalidad de la empresa, sin perjuicio
del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto a determinados
centros de trabajo.
Transparencia en la implantación del plan de igualdad
Se garantiza el acceso de la representación legal de los trabajadores y
trabajadoras o, en su defecto, de los propios trabajadores y trabajadoras a
la información sobre el contenido de los Planes de igualdad y la consecución
de sus objetivos.
16332 Martes 18 marzo 2008 BOE núm. 67

ANEXO I
Tabla salarial 2008

Grupo Categoría Salario
Base
Plus.
Transp.
Plus
Actividad Plus vest Total Hora
Nocturna
Hora
extra.
Horas
Festivas Quinquenio
Personal
Directivo
Director General . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.632,03 72,15 111,85 1.816,03 65,28
Director Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.473,00 72,15 111,85 1.657,00 58,92
Director de RHH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.473,00 72,15 111,85 1.657,00 58,92
Director de División . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.473,00 72,15 111,85 1.667,00 58,92
Director Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.473,00 72,15 90,50 1.635,65 58,92
Delegado Prov.–Gerente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.415,00 72,15 50,00 1.537,15 56,60
Personal
Técnico
Jefe de Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.174,50 72,15 1.252,94 46,98
Jefe Departamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.129,82 72,15 1.208,26 45,19
Técnico en Prevención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.174,50 72,15 1.252,94 46,98
Técnico Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.174,50 72,15 1.252,94 46,98
Personal
Administrativo
Jefe de Primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.217,30 72,15 1.289,45 48,69
Jefe de Segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.039,37 72,15 1.111,52 41,57
Oficial de Primera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855,22 72,15 927,37 34,21
Oficial de Segunda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783,86 72,15 856,01 31,35
Auxiliar Admtvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679,13 72,15 751,28 27,17
Vendedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862,86 72,15 935,01 34,51
Telefonista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 742,36 72,15 78,44 892,95 29,69
Personal
Mandos
Intermedios
Jefe Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.256,00 72,15 80,17 1.408,32 10,00 43,96
Supervisor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.194,94 72,15 80,17 1.347,26 9,60 41,82
Jefe de Proyecto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.056,89 72,15 80,17 1.209,21 8,68 36,99
Coordinador de Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 960,50 72,15 80,17 1.112,82 8,68 33,62
Personal
Operativo
Auxiliar de Servicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657,44 85,19 78,44 821,07 0,73 6,15 0,25 29,58
Auxiliar de Mantenimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . 657,80 85,19 78,44 821,43 0,73 6,24 0,25 29,60
Auxiliar de Apoyo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,30 60,44 49,38 710,12 0,73 5,41 0,25 30,00
Auxiliar de PMR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631,10 85,19 78,44 794,73 0,73 5,41 0,25 28,40
Auxiliar de Comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,30 60,44 77,00 737,74 0,73 5,41 0,25 27,01
Grabador de Datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601,00 60,44 77,00 738,44 0,73 5,41 0,25 27,05
Auxiliar de Organización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,30 1,00 1,00 602,30 0,73 6,15 0,25 27,01
Conductor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671,62 85,19 78,44 835,25 0,73 6,24 0,25 30,22
Azafata/o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 651,56 85,19 78,44 815,19 0,73 6,24 0,25 29,32
Ordenanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,30 60,44 77,00 737,74 0,73 6,12 0,25 27,01
Asistente Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658,23 85,19 78,44 821,86 0,73 5,41 0,25 29,62
Bombero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934,30 85,19 78,44 1.097,93 0,73 8,67 0,25 42,04
Cajero/Aparcador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657,76 85,19 78,44 821,39 0,73 6,12 0,25 29,60
Aux. Marinería y Puertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657,44 85,19 78,44 821,07 0,73 6,12 0,25 29,58
Lector de Contadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638,32 85,19 60,72 784,23 0,73 5,41 0,25 28,72
Empaquetador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,30 60,44 77,00 737,74 0,73 6,12 0,25 27,01
Reponedor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,30 60,44 77,00 737,74 0,73 6,12 0,25 27,01
Promotor Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,30 25,00 30,00 655,30 0,73 5,00 0,25 27,01
5239 RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2008, de la Dirección
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta
de 23 de enero de 2008, sobre tablas salariales definitivas
de 2007 y provisionales de 2008 del Convenio colectivo de
ámbito estatal para las industrias extractivas, industrias
del vidrio, industrias cerámicas y para las del comercio
exclusivista de los mismos materiales.
Visto el texto del Acta de fecha 23 de enero de 2008 donde se recogen
los acuerdos sobre tablas salariales definitivas para el año 2007 y las provisionales
para el año 2008 del Convenio Colectivo de ámbito estatal para
las Industrias Extractivas, Industrias del Vidrio, Industrias Cerámicas y
para las del Comercio Exclusivista de los mismos materiales (Código de
Convenio n.º 9902045), que fue suscrito por la Comisión Mixta de Interpretación
de dicho Convenio, en la que están integradas, de una parte la
Confederación Empresarial Española del Vidrio y la Cerámica en representación
de las empresas del sector y, de otra, por las centrales sindicales
MCA-UGT, FIA-UGT y CC.OO. en representación del colectivo laboral
afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2
y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en
el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de
Convenios Colectivos de trabajo, esta Dirección General de Trabajo,
resuelve:
Primero.–Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el
correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la
Comisión Mixta de Interpretación.
Segundo.–Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Madrid, 28 de febrero de 2008.–El Director General de Trabajo, Raúl
Riesco Roche.
ACTA DE REVISIÓN SALARIAL FINAL DE 2007 Y PROVISIONAL
PARA EL AÑO 2008
Comisión Mixta de Interpretación
Asisten:
Por la representación empresarial:
D. Manuel Campos.
D.ª Inmaculada Bodega.
D. Carlos Marti.

REAL DECRETO 4/2008, de 11 de enero, por el

2008-03-15T16:23:00.000-07:00

MINISTERIO DEL INTERIOR

512 REAL DECRETO 4/2008, de 11 de enero, por el
que se modifican determinados artículos del
Reglamento de Seguridad Privada.

Mediante Sentencia de 26 de enero de 2006, el Tribunal
de Justicia de las Comunidades Europeas condenaba
al Reino de España por incumplimiento de sus obligaciones
en virtud del Tratado CE, al mantener en vigor determinadas
disposiciones de la Ley 23/1992, de 30 de julio,
de Seguridad Privada, y de su Reglamento de desarrollo,
aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre,
que imponen una serie de requisitos a las empresas
y al personal de seguridad privada procedentes de otros
países miembros que quieren ejercer actividades de
seguridad privada en España.
Entiende el Tribunal que los requisitos exigidos en
nuestro país para la prestación de servicios de seguridad
privada pueden vulnerar los principios de libertad de
establecimiento y de libre prestación de servicios, al ser
susceptibles de colocar, de facto, a los ciudadanos o
sociedades de otros Estados miembros en una situación
desfavorable respecto a la de los españoles. Concretamente,
son dos los aspectos que se ponen en tela de juicio:
en primer lugar, la falta de proporcionalidad entre el
interés a proteger y los requisitos exigidos por la normativa
española para la prestación de servicios de seguridad
privada por las empresas. Y, en segundo lugar, la no aplicación
del reconocimiento mutuo a las cualificaciones
profesionales en este sector que hayan sido adquiridas en
otro Estado miembro.
En síntesis, los requisitos que, en virtud de la citada
Sentencia, suponen restricciones a la libertad de establecimiento
y a la libre prestación de servicios en el marco de
la Unión Europea, son los siguientes:
En primer lugar, el Tribunal considera que el hecho de
que, prácticamente en todos los casos, las empresas de
seguridad privada deban ser personas jurídicas supone
una restricción al derecho de establecimiento. En conexión
con lo anterior, la exigencia de un capital social mínimo
para estas empresas no se considera justificado por razones
de seguridad pública y también supone una infracción
de los artículos 43 CE y 49 CE, existiendo otros medios
menos restrictivos para alcanzar el objetivo de la protección
de los destinatarios de las prestaciones de seguridad
privada, tales como el depósito de una fianza o la suscripción
de un contrato de seguro.
Respecto a la constitución de garantías, señala el Tribunal
que la normativa española enjuiciada exige el
depósito de una fianza en un organismo español, la Caja
General de Depósitos, para responder a las eventuales
responsabilidades o al pago de multas, sin tener en
cuenta las garantías constituidas, en su caso, en el Estado
miembro de origen. Asimismo, añade la Sentencia que,
en el estado actual de desarrollo de los mecanismos de
cobro transfronterizo de créditos y de ejecución de sentencias
extranjeras dentro de la Unión, la obligación de
prestar una fianza en un organismo español va más allá
de lo necesario para garantizar la protección adecuada de
los acreedores.
En cuanto a las disposiciones que fijan una plantilla
mínima para las empresas de seguridad, el Tribunal de
Justicia entiende que han de analizarse como un obstáculo
a la libertad de establecimiento y a la libre prestación
de servicios, en la medida en que hacen más onerosa la
constitución de sucursales o filiales en España y disuaden
a las empresas de seguridad privada extranjera de ofrecer
sus servicios en el mercado español. Como excepción,
considera el Tribunal que la exigencia de una plantilla
mínima en las empresas dedicadas al transporte y distribución
de explosivos, resulta justificada.
Por lo que se refiere a la exigencia de que el personal
de seguridad privada esté en posesión de una autorización
administrativa específica o habilitación, expedida
por las autoridades españolas, señala la Sentencia que, si
bien la aplicación general de un procedimiento de autorización
administrativa a las empresas de seguridad extranjeras
no es, por sí misma, contraria al artículo 43 CE, la
normativa española no prevé la posibilidad de tomar en
consideración los requisitos que ya hayan sido acreditados
por cada uno de los integrantes del personal de estas
empresas en su Estado miembro de origen. En consecuencia,
el requisito de obtención de una nueva autorización
específica en el Estado miembro de acogida para el
BOE núm. 11 Sábado 12 enero 2008 2281
personal de una empresa de seguridad privada constituye
una restricción no justificada a la libre prestación de
servicios por parte de dicha empresa en el sentido del
artículo 49 CE, en la medida en que se tengan en cuenta
los controles o comprobaciones ya efectuadas en el
Estado miembro de origen.
Finalmente, indica la Sentencia que las profesiones a
las que se aplica el Reglamento de Seguridad Privada son
profesiones reguladas en el sentido de las Directivas
89/48 y 92/51, dado que su ejercicio está supeditado a la
posesión de determinadas cualificaciones. Sin embargo,
no existe ninguna norma de Derecho español que prevea
la posibilidad de reconocer las cualificaciones obtenidas
en otros Estados miembros. Concretamente, por lo que se
refiere a la profesión de detective privado no existe
actualmente en España ningún sistema de reconocimiento
mutuo de las cualificaciones profesionales relacionadas
con dicha profesión.
A fin de dar cumplimiento a los requerimientos contenidos
en la repetida Sentencia, los artículos de la Ley
23/1992, de 30 de julio, que inciden en las cuestiones
antes señaladas, han sido modificados por una norma
con fuerza de ley, el Real Decreto-ley 8/2007, de 14 de septiembre,
cuya adopción se justifica en la necesaria ejecución
inmediata de la obligación que implica en sí misma
el cumplimiento de la Sentencia en el plazo más breve
posible, pero también en la necesidad de impedir situaciones
fácticas que dificulten el correcto funcionamiento
del sector o lesionen la libre concurrencia en el mismo.
El propio Real Decreto-ley contempla la obligación de
realizar las adaptaciones de naturaleza reglamentaria
imprescindibles para la completa ejecución del contenido
de la Sentencia, las cuales se concretan en la modificación
de aquellos artículos del Reglamento de Seguridad
Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994, de 9 de
diciembre, que constituyen desarrollo o ejecución de los
preceptos modificados por el Real Decreto-ley 8/2007, de
14 de septiembre.
En su virtud, a propuesta del Ministro del Interior, con
la aprobación del Ministro de Administraciones Públicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación
del Consejo de Ministros en su reunión de 11 de
enero de 2008,

D I S P O N G O :

Artículo único. Modificación del Reglamento de Seguridad
Privada, aprobado por el Real Decreto 2364/1994,
de 9 de diciembre.
El Reglamento de Seguridad Privada, aprobado por el
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, queda modificado
como sigue:

Uno. El artículo 2 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 2. Obligatoriedad de la inscripción y de la
autorización o reconocimiento.
1. Para la prestación de los servicios y el ejercicio
de las actividades enumerados en el artículo
anterior, las empresas deberán reunir los requisitos
determinados en el artículo 7 de la Ley 23/1992, de
30 de julio, de Seguridad Privada, ser autorizadas
siguiendo el procedimiento regulado en los artículos
4 y siguientes de este reglamento y hallarse inscritas
en el Registro de Empresas de Seguridad
existente en el Ministerio del Interior.
2. Las empresas de seguridad autorizadas para
la prestación de servicios de seguridad privada con
arreglo a la normativa de cualquiera de los Estados
miembros de la Unión Europea o de los Estados
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, serán reconocidas e inscritas en el citado
Registro una vez que acrediten su condición de
empresa de seguridad y el cumplimiento de los
requisitos establecidos en los artículos 5, 6 y 7 de
este reglamento. A tal efecto, se tendrán en cuenta
los requisitos ya acreditados en cualquiera de dichos
Estados y, en consecuencia, no será necesaria nueva
cumplimentación de los mismos.
3. En el Registro, con el número de orden de
inscripción y autorización de la empresa, figurará su
denominación, número de identificación fiscal,
fecha de autorización, domicilio, clase de sociedad o
forma jurídica, actividades para las que ha sido
autorizada, ámbito territorial de actuación y representante
legal, así como las modificaciones o actualizaciones
de los datos enumerados.»

Dos. El artículo 5 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 5. Documentación.
1. El procedimiento de autorización se iniciará
a solicitud de la sociedad o persona interesada, que
deberá acompañar los siguientes documentos:
a) Fase inicial, de presentación:
1.º Si se trata de sociedades, copia auténtica de
la escritura pública de constitución, en la que deberá
constar que la sede social o establecimiento se
encuentra en un Estado miembro de la Unión Europea
o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio
Económico Europeo, su objeto social, que habrá
de ser exclusivo y coincidente con uno o más de los
servicios o actividades a que se refiere el artículo 1 de
este reglamento, titularidad del capital social, y certificado
de la inscripción o nota de inscripción reglamentaria
de la sociedad en el Registro Mercantil o, en
su caso, en el Registro de Cooperativas que corresponda,
o documento equivalente en el caso de sociedades
constituidas en cualquiera de dichos Estados.
2.º Declaración de la clase de actividades que
pretende desarrollar y ámbito territorial de actuación.
No podrá inscribirse en el Registro ninguna
empresa cuya denominación induzca a error con la
de otra ya inscrita o con la de órganos o dependencias
de las Administraciones Públicas, pudiendo
formularse consultas previas al Registro, para evitar
tal error.
b) Segunda fase, de documentación de requisitos
previos:
1.º Inventario de los medios materiales de que
disponga para el ejercicio de sus actividades.
2.º Documento acreditativo del título en virtud
del cual dispone de los inmuebles en que se encuentre
el domicilio social y demás locales de la empresa,
cuando aquéllos estén ubicados en España.
3.º Si se trata de sociedades, composición personal
de los órganos de administración y dirección.
c) Tercera fase, de documentación complementaria
y resolución:
1.º En su caso, certificado de inscripción de la
escritura pública de constitución de la sociedad en el
Registro Mercantil, o en el Registro de Cooperativas
correspondiente o documento equivalente, si no se
hubiera presentado con anterioridad.
2.º Certificado acreditativo de la instalación de
un sistema de seguridad, de las características que
determine el Ministerio del Interior.
3.º Documento acreditativo del alta en el
Impuesto de Actividades Económicas.
2282 Sábado 12 enero 2008 BOE núm. 11
4.º Memoria explicativa de los planes de operaciones
a que hayan de ajustarse las diversas actividades
que pretenden realizar.
5.º Relación del personal, con expresión de su
categoría y del número del documento nacional de
identidad, o, en el caso de nacionales de Estados
miembros de la Unión Europea o de Estados parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
del número de identidad de extranjero. Cuando no
haya obligación de obtener este último, se expresará
el número del documento de identidad equivalente.
6.º Documentación acreditativa de las suscripción
de un contrato de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera contratada con
entidad debidamente autorizada de cualquiera de
los Estados miembros de la Unión Europea o de
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, con el objeto de cubrir, hasta la cuantía
de los límites establecidos en el anexo del presente
reglamento, la responsabilidad civil que por
los daños en las personas o los bienes pudieran
derivarse de la explotación de la actividad o actividades
para las que la empresa esté autorizada.
A las empresas legalmente autorizadas en otro
Estado miembro de la Unión Europea o en un Estado
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo para ejercer actividades o prestar servicios
de seguridad privada en dicho Estado y que pretendan
ejercer tales actividades o servicios en España,
se les tendrá en cuenta el contrato de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera,
que hubieran suscrito a los mismos efectos en cualquiera
de dichos Estados, siempre que el mismo
cumpla los requisitos establecidos en este apartado.
Si el seguro de responsabilidad civil, aval u otra
garantía financiera suscrito en cualquiera de los
Estados miembros de la Unión Europea o de un
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo lo fuese por cuantía inferior a la exigida
a las empresas españolas por la vigente normativa
de seguridad privada, la empresa obligada a su
prestación deberá constituir nuevo seguro, aval o
garantía complementarios o ampliar el ya suscrito
hasta alcanzar dicha cuantía.
7.º Documentación acreditativa de haber constituido
garantía, en la forma y condiciones prevenidas
en el artículo 7 de este reglamento.
2. Los documentos prevenidos en los apartados
anteriores se presentarán adaptados para acreditar
el cumplimiento de los requisitos específicos
que para cada tipo de actividad se exigen a las
empresas de seguridad, con arreglo a lo dispuesto
en el anexo de este reglamento.
3. Sin perjuicio de las funciones de inspección
y control que corresponden a la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil (ámbito del Cuerpo
Nacional de Policía) en materia de seguridad privada,
el preceptivo informe del Cuerpo de la Guardia
Civil sobre idoneidad de instalación de los armeros
que, en su caso, hayan de tener las empresas de
seguridad, deberá ser emitido a instancia del Cuerpo
Nacional de Policía e incorporado oportunamente al
expediente de inscripción.»

Tres. El artículo 6 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 6. Habilitación múltiple.
Las empresas que pretendan dedicarse a más de
una de las actividades o servicios enumerados en el
artículo 1 de este reglamento, habrán de acreditar
los requisitos generales, así como los específicos
que pudieran afectarles, con las siguientes peculiaridades:
a) El que se refiere a Jefe de Seguridad, que
podrá ser único para las distintas actividades.
b) Los relativos a póliza de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera con entidad
debidamente autorizada, y a la garantía a la que se
refiere el artículo 7 de este reglamento: Si van a realizar
dos actividades o servicios, justificarán la
mayor de las cantidades exigidas por cada uno de
los dos conceptos. Si pretenden realizar más de dos
actividades, la correspondiente póliza de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera, y la
garantía regulada en el artículo 7, se incrementarán
en una cantidad igual al 25 por ciento de las exigidas
para cada una de las restantes clases de servicios o
actividades.»

Cuatro. El artículo 7 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 7. Constitución de garantía.
1. Las empresas de seguridad habrán de constituir
una garantía en la Caja General de Depósitos o
en organismo de naturaleza similar de cualquier
Estado miembro de la Unión Europea o Estado parte
en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo,
a disposición de las autoridades con competencias
sancionadoras en la materia, con el fin de atender a
las responsabilidades que deriven del funcionamiento
de la empresas por infracciones a la normativa
de seguridad privada.
2. En el caso de que la garantía se constituya
en la Caja General de Depósitos, se hará en alguna
de las modalidades previstas en la normativa reguladora
de dicho organismo, con los requisitos establecidos
en la misma.
3. La garantía deberá mantenerse por la cuantía
máxima de su importe durante todo el período de
vigencia de la autorización, con cuya finalidad las
cantidades que, en su caso, se hubieren detraído a
los efectos previstos en el apartado 1 de este artículo
habrán de reponerse en el plazo de un mes a contar
desde la fecha en que hubieren ejecutado los correspondientes
actos de disposición.
4. Las empresas legalmente autorizadas en
otro Estado miembro de la Unión Europea o en un
Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo para ejercer actividades o prestar
servicios de seguridad privada en dicho Estado y
que pretendan ejercer tales actividades o servicios
en España, podrán constituir la garantía a que se
refieren los apartados anteriores en los organismos
o entidades autorizados para ello de cualquiera de
dichos Estados, siempre que la misma se encuentre
a disposición de las autoridades españolas para
atender a las responsabilidades que deriven del funcionamiento
de la empresa por infracciones a la
normativa de seguridad privada.
A las empresas a las que se refiere el párrafo
anterior, se les tendrá en cuenta la garantía que, en
su caso, hubieran suscrito a los mismos efectos en
cualquier Estado miembro de la Unión Europea o
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, siempre que cumpla los requisitos mencionados
en los apartados anteriores y su cuantía
sea equivalente a la exigida a las empresas españolas
en virtud de lo dispuesto en el anexo de este
reglamento.
Si la garantía depositada en cualquiera de dichos
Estados fuese de cuantía inferior a la exigida a las
empresas españolas por la vigente normativa de
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seguridad privada, la empresa depositante deberá
constituir nueva garantía complementaria o ampliar
la ya suscrita hasta alcanzar dicha cuantía.»

Cinco. El artículo 13 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 13. Efectos de la cancelación.
1. La cancelación de la inscripción de empresas
de seguridad determinará la liberación de la garantía
regulada en el artículo 7 de este reglamento, una
vez atendidas las responsabilidades a que se refiere
el apartado 1 de dicho artículo.
2. No se podrá efectuar la liberación de la
garantía cuando la empresa tenga obligaciones económicas
pendientes con la Administración derivadas
del funcionamiento de la empresa por infracciones
a la normativa de seguridad privada, o cuando
se le instruya expediente sancionador, hasta su
resolución y, en su caso, hasta el cumplimiento de la
sanción.
3. No obstante, podrá reducirse la garantía,
teniendo en cuenta el alcance previsible de las obligaciones
y responsabilidades pendientes.
4. En el supuesto de cancelación por inactividad,
la reanudación de la actividad requerirá la instrucción
y resolución de un nuevo procedimiento de
autorización.»

Seis. El artículo 17 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 17. Apertura de sucursales.
1. Las empresas de seguridad que pretendan
abrir delegaciones o sucursales lo solicitarán a la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
(ámbito del Cuerpo Nacional de Policía), acompañando
los siguientes documentos:
a) Inventario de los bienes materiales que se
destinan al ejercicio de las actividades en la delegación
o sucursal.
b) Documento acreditativo del título en virtud
del cual se dispone del inmueble o inmuebles destinados
a la delegación o sucursal.
c) Relación del personal de la delegación o
sucursal, con expresión de su cargo, categoría y del
número del documento nacional de identidad o, en
el caso de nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, del número
de identidad de extranjero. Cuando no haya obligación
de obtener este último, se expresará el número
del documento de identidad equivalente.
2. Las empresas de seguridad deberán abrir
delegaciones o sucursales, dando conocimiento a la
Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
(ámbito del Cuerpo Nacional de Policía), con aportación
de los documentos reseñados en el apartado
anterior, en las Ciudades de Ceuta y Melilla o en las
provincias en que no radique su sede principal,
cuando realicen en dichas ciudades o provincias
alguna de las siguientes actividades:
a) Depósito, custodia, recuento y clasificación
de monedas y billetes, títulos-valores, así como custodia
de objetos valiosos, explosivos u objetos peligrosos.
Estas delegaciones deberán contar con los
requisitos de dotación de vigilantes de seguridad,
armero o caja fuerte, y cámara acorazada y locales
anejos, a que se refieren los apartados 3.1.B) y 3.1.C),
c) y d) del anexo para objetos valiosos y peligrosos,
y con los de dotación de vigilantes de seguridad y
armero o caja fuerte, a que se refieren los apartados
3.2.B) y 3.2.C), c) del anexo, respecto a explosivos.
No obstante, cuando la cantidad a custodiar por
dichas delegaciones o sucursales no supere los
601.012 euros, siempre que al menos el cincuenta
por ciento sea en moneda fraccionaria, la cámara
acorazada podrá ser sustituida por una caja fuerte
con las características determinadas por el Ministerio
del Interior.
b) Vigilancia y protección de bienes y establecimientos,
cuando el número de vigilantes de seguridad
que presten servicio en la provincia sea superior
a treinta y la duración del servicio, con arreglo al
contrato o a las prórrogas de éste, sea igual o superior
a un año.
3. Las empresas de seguridad autorizadas para
la prestación de actividades o servicios de seguridad
privada con arreglo a la normativa de cualquiera
de los Estados miembros de la Unión Europea de
Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, que hayan sido reconocidas en
España con arreglo al procedimiento previsto en
este real decreto, y que pretendan ejercer tales actividades
o servicios en España con carácter permanente,
deberán abrir delegaciones, sucursales, filiales
o agencias en España.
Dichas delegaciones, sucursales, filiales o agencias
deberán cumplir los requisitos previstos en el
apartado 1 de este artículo y disponer de las medidas
de seguridad previstas en este reglamento para
las empresas de seguridad.»

Siete. El artículo 52 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 52. Disposiciones comunes.
1. El personal de seguridad privada estará integrado
por: los vigilantes de seguridad, los vigilantes
de explosivos, los jefes de seguridad, los directores
de seguridad, los escoltas privados, los guardas particulares
del campo, los guardas de caza, los guardapescas
marítimos y los detectives privados.
2. A los efectos de habilitación y formación, se
considerarán:
a) Los escoltas privados y los vigilantes de
explosivos y sustancias peligrosas como especialidades
de los vigilantes de seguridad.
b) Los guardas de caza y los guardapescas
marítimos como especialidades de los guardas particulares
del campo.
3. Para el desarrollo de sus respectivas funciones,
el personal de seguridad privada habrá de obtener
previamente la correspondiente habilitación o
reconocimiento del Ministerio del Interior, con el
carácter de autorización administrativa, en expediente
que se instruirá a instancia de los propios
interesados.
4. La habilitación o reconocimiento se documentará
mediante la correspondiente tarjeta de
identidad profesional, cuyas características serán
determinadas por el Ministerio del Interior.
5. Los vigilantes de seguridad y los guardas
particulares del campo en sus distintas modalidades
habrán de disponer, además, de una cartilla profesional
y de una cartilla de tiro con las características
y anotaciones que se determinen por el Ministerio
del Interior. La cartilla profesional y la cartilla de tiro
de los vigilantes de seguridad y de los guardas particulares
del campo que estén integrados en empresas
de seguridad deberán permanecer depositadas
en la sede de la empresa de seguridad en la que
presten sus servicios.
2284 Sábado 12 enero 2008 BOE núm. 11
6. De la obligación de disponer de cartilla de
tiro estarán exonerados los guardapescas marítimos
que habitualmente presten su servicio sin armas.
7. La habilitación o el reconocimiento para el
ejercicio de la profesión de detective privado requerirá
la inscripción en el registro específico regulado
en el presente reglamento.»

Ocho. El artículo 53 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 53. Requisitos generales.
Para la habilitación del personal y en todo
momento para la prestación de servicios de seguridad
privada, el personal habrá de reunir los siguientes
requisitos generales:
a) Ser mayor de edad.
b) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados
miembros de la Unión Europea o de un Estado
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.
c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica
necesarias para el ejercicio de las respectivas
funciones sin padecer enfermedad que impida el
ejercicio de las mismas.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No haber sido condenado por intromisión
ilegítima en el ámbito de protección del derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, del secreto de las comunicaciones o de
otros derechos fundamentales en los cinco años
anteriores a la solicitud.
f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro
años anteriores, respectivamente, por infracción
grave o muy grave en materia de seguridad.
g) No haber sido separado del servicio en las
Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
h) No haber ejercido funciones de control de
las entidades, servicios o actuaciones de seguridad,
vigilancia o investigación privadas, ni de su personal
o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad en los dos años anteriores a la
solicitud.
i) Superar las pruebas que acrediten los conocimientos
y la capacitación necesarios para el ejercicio
de las respectivas funciones.»

Nueve. El artículo 54 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 54. Requisitos específicos.
1. Además de los requisitos generales establecidos
en el artículo anterior, el personal de seguridad
privada habrá de reunir, para su habilitación, los
determinados en el presente artículo, en función de
su especialidad.
2. Vigilantes de seguridad y guardas particulares
del campo en cualquiera de sus especialidades:
a) No haber cumplido los cincuenta y cinco
años de edad.
b) Estar en posesión del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria, de Técnico, u
otros equivalentes a efectos profesionales, o superiores.
c) Los requisitos necesarios para poder portar
y utilizar armas de fuego, a tenor de lo dispuesto al
efecto en el vigente Reglamento de Armas.
3. Escoltas privados: además de los requisitos
específicos de los vigilantes de seguridad, habrán
de tener una estatura mínima de 1.70 metros los
hombres, y de 1.65 metros las mujeres.
4. Jefes de seguridad y directores de seguridad:
estar en posesión del título de Bachiller, de
Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que
se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales,
o superiores.
5. Detectives privados:
a) Estar en posesión del título de Bachiller, de
Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que
se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales,
o superiores.
b) Estar en posesión de diploma de detective
privado, reconocido a estos efectos en la forma que
se determine por Orden del Ministerio del Interior y
obtenido después de cursar las enseñanzas programadas
y de superar las correspondientes pruebas.»

Diez. Se añade un nuevo artículo 55 bis con el
siguiente contenido:

«Artículo 55 bis. Requisitos y procedimiento para
el reconocimiento.
1. Los nacionales de Estados miembros de la
Unión Europea o de Estados parte en el Acuerdo
sobre el Espacio Económico Europeo, cuya habilitación
o cualificación profesional haya sido obtenida
en alguno de dichos Estados para el desempeño de
las funciones de seguridad privada en el mismo,
podrán desempeñar actividades o prestar servicios
de seguridad privada en España, siempre que, previa
comprobación del Ministerio del Interior, se acredite
que cumplen los siguientes requisitos:
a) Poseer alguna titulación, habilitación o certificación
expedida por las autoridades competentes
de cualquiera de dichos Estados, que les autorice
para el ejercicio de funciones de seguridad privada
en el mismo.
b) Acreditar los conocimientos, formación y
aptitudes equivalentes a los exigidos en España
para el ejercicio de las profesiones relacionadas con
la seguridad privada.
c) Tener conocimientos de lengua castellana
suficientes para el normal desempeño de las funciones
de seguridad privada.
d) Los previstos en las letras a), d), e), f), g) y h)
del artículo 53.
2. A efectos del reconocimiento que corresponde
efectuar al Ministerio del Interior, se tendrá
en cuenta lo previsto en la normativa sobre reconocimiento
de cualificaciones profesionales.
3. La carencia o insuficiencia de conocimientos
o aptitudes necesarios para el ejercicio de las actividades
de seguridad privada en España de los nacionales
de Estados miembros de la Unión Europea o
de Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, podrá suplirse por aplicación de
las medidas compensatorias previstas en la normativa
reseñada en el párrafo anterior.
4. Una vez efectuado el citado reconocimiento,
el ejercicio de las funciones de seguridad privada se
regirá por lo dispuesto en este reglamento y en la
normativa que lo desarrolla.»

Once. Se modifica el artículo 63, que queda redactado
del siguiente modo:

«Artículo 63. Habilitación de jefes de seguridad y
de directores de seguridad.
1. Para poder ser nombrados jefes de seguridad,
los solicitantes deberán haber desempeñado
puestos o funciones de seguridad, pública o privada,
al menos durante cinco años, y necesitarán
obtener la pertinente tarjeta de identidad profesioBOE
núm. 11 Sábado 12 enero 2008 2285
nal, para lo cual habrán de acreditar, a través de las
correspondientes pruebas, conocimientos suficientes
sobre la normativa reguladora de la seguridad
privada, la organización de servicios de seguridad y
las modalidades de prestación de los mismos, no
siéndoles aplicable lo dispuesto en este reglamento
sobre formación de personal.
2. La habilitación de los directores de seguridad
requerirá que los solicitantes cumplan uno de
los siguientes requisitos:
a) Estar en posesión de la titulación de seguridad
reconocida a estos efectos por el Ministerio del
Interior.
b) Acreditar el desempeño durante cinco años,
como mínimo, de puestos de dirección o gestión de
seguridad pública o privada, y superar las correspondientes
pruebas sobre las materias que determine
dicho Ministerio.»

Doce. El artículo 64 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 64. Causas.
1. El personal de seguridad privada perderá tal condición
por alguna de las siguientes causas:
a) A petición propia.
b) Por pérdida de alguno de los requisitos
generales o específicos exigidos en este reglamento
para el otorgamiento de la habilitación o reconocimiento.
c) Por jubilación.
d) Por ejecución de la sanción de retirada definitiva
de la habilitación o reconocimiento.
2. La inactividad del personal de seguridad privada
por tiempo superior a dos años exigirá la acreditación
de los requisitos a que se refiere el apartado
3 del artículo 10 de la Ley de Seguridad Privada, así
como la superación de las pruebas específicas que
para este supuesto se determinen por el Ministerio
del Interior.»

Trece. Se modifica el epígrafe de la Sección 5.ª del
Capítulo II, que queda redactado del siguiente modo:
«SECCIÓN 5.ª JEFES Y DIRECTORES DE SEGURIDAD»

Catorce. El artículo 95 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 95. Funciones.
1. A los jefes de seguridad les corresponde,
bajo la dirección de las empresas de que dependan,
el ejercicio de las siguientes funciones:
a) El análisis de situaciones de riesgo y la planificación
y programación de las actuaciones precisas
para la implantación y realización de los servicios de
seguridad.
b) La organización, dirección e inspección del
personal y servicios de seguridad privada.
c) La propuesta de los sistemas de seguridad
que resulten pertinentes, así como la supervisión de
su utilización, funcionamiento y conservación.
d) El control de la formación permanente del
personal de seguridad que de ellos dependa, proponiendo
a la dirección de la empresa la adopción de
las medidas o iniciativas adecuadas para el cumplimiento
de dicha finalidad.
e) La coordinación de los distintos servicios de
seguridad que de ellos dependan, con actuaciones
propias de protección civil, en situaciones de emergencia,
catástrofe o calamidad pública.
f) Asegurar la colaboración de los servicios de
seguridad con los de las correspondientes dependencias
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
g) En general, velar por la observancia de la
regulación de seguridad aplicable.
h) La dirección de los ejercicios de tiro del personal
de seguridad a sus órdenes, si poseyeran la
cualificación necesaria como instructores de tiro.
2. A los directores de seguridad les corresponde
el ejercicio de las funciones enumeradas en
los apartados a), b), c), e), f) y g) del artículo anterior.
»

Quince. El artículo 96 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 96. Supuestos de existencia obligatoria.
1. Los servicios de seguridad se prestarán
obligatoriamente bajo la dirección de un jefe de
seguridad, en las empresas de seguridad inscritas
para todas o alguna de las actividades previstas
en el artículo 1.1, párrafos a), b), c) y d), del presente
reglamento, y en las delegaciones o sucursales
abiertas de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 17, apartados 2 y 3 de este reglamento.
2. El mando de los servicios de seguridad se
ejercerá por un director de seguridad designado por
la entidad, empresa o grupo empresarial:
a) En las empresas o entidades que constituyan,
en virtud de disposición general o decisión
gubernativa, departamento de seguridad.
b) En los centros, establecimientos o inmuebles
que cuenten con un servicio de seguridad integrado
por veinticuatro o más vigilantes de seguridad
o guardas particulares del campo, y cuya
duración prevista supere un año.
c) Cuando así lo disponga la Dirección General
de la Policía y de la Guardia Civil para los supuestos
supraprovinciales, o el Subdelegado del Gobierno
de la provincia, atendiendo el volumen de medios
personales y materiales, tanto físicos como electrónicos,
el sistema de seguridad de la entidad o establecimiento,
así como la complejidad de su funcionamiento
y el grado de concentración de riesgo.»

Dieciséis. El artículo 98 queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 98. Subsanación de deficiencias o anomalías.
Los jefes y los directores de seguridad deberán
proponer o adoptar las medidas oportunas para la
subsanación de las deficiencias o anomalías que
observen o les comuniquen los vigilantes o los guardas
particulares del campo en relación con los servicios
o los sistemas de seguridad, asegurándose de
la anotación, en este último caso, de la fecha y hora
de la subsanación en el correspondiente libro-catálogo
y comprobando su funcionamiento.»

Diecisiete. El artículo 106 queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 106. Establecimiento de sucursales.
Los detectives privados podrán establecer
departamentos delegados o sucursales en la misma
localidad donde tengan establecido su despacho
profesional o en otras distintas, debiendo, en todo
caso, estar dirigido cada uno de ellos por un detective
habilitado o reconocido con arreglo a lo dispuesto
en este reglamento, distinto del titular de la
oficina principal.»
2286 Sábado 12 enero 2008 BOE núm. 11

Dieciocho. El artículo 108 queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 108. Libro-registro.
1. En cada despacho y sucursal, los detectives
llevarán un libro-registro, según el modelo que se
apruebe por el Ministerio del Interior, concebido de
forma que su tratamiento y archivo pueda ser mecanizado
e informatizado.
2. La obligación de llevanza del libro-registro
del apartado anterior también corresponderá a los
nacionales de Estados miembros de la Unión
Europea o de Estados parte en el Acuerdo sobre el
Espacio Económico Europeo habilitados como
detectives privados en cualquiera de dichos Estados
y que pretendan ejercer su profesión en
España sin disponer de despacho o sucursal en
nuestro país.»

Diecinueve. El artículo 117 queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 117. Organización del departamento de
seguridad.
En aquellas entidades y empresas de seguridad
en las que el departamento de seguridad se caracterice
por su gran volumen y complejidad, en dicho
departamento existirá, bajo la dirección de seguridad,
a la que corresponderán las funciones del
director de seguridad, la estructura necesaria con
los escalones jerárquicos y territoriales adecuados,
al frente de los cuales se encontrarán los delegados
correspondientes.»

Veinte. El artículo 139 queda redactado del siguiente
modo:

«Artículo 139. Comunicación sobre la vigencia del
contrato de seguro, aval u otra garantía financiera
suscrita para cubrir la responsabilidad.
1. Anualmente, en el mismo plazo determinado
en el apartado 1 del artículo anterior, las empresas
de seguridad habrán de presentar, en el registro en
que se encontraran inscritas, certificado acreditativo
de vigencia del contrato de seguro, aval u otra
garantía financiera que hubieran suscrito para cubrir
la responsabilidad.
2. La empresa asegurada tiene la obligación de
comunicar a la Dirección General de la Policía y de la
Guardia Civil (ámbito del Cuerpo Nacional de Policía),
la rescisión y cualquiera otra de las circunstancias
que puedan dar lugar a la terminación del contrato
de seguro de responsabilidad civil, aval u otra
garantía financiera, al menos con treinta días de
antelación a la fecha en que dichas circunstancias
hayan de surtir efecto.
3. En todos los supuestos de terminación de la
vigencia del contrato de seguro, aval u otra garantía
financiera, la empresa deberá concertar oportunamente,
de forma que no se produzca solución de
continuidad en la cobertura de la responsabilidad,
nueva póliza de responsabilidad civil, aval u otra
garantía financiera, que cumpla las exigencias establecidas
en el artículo 5.1.c).6.º y en el anexo de este
reglamento, acreditándolo ante el Registro de
Empresas de Seguridad.»

Veintiuno. El artículo 140 queda redactado del
siguiente modo:

«Artículo 140. Comunicación de modificaciones
estatutarias.
1. Cuando las empresas de seguridad revistan
la forma de persona jurídica estarán obligadas a
comunicar a la Secretaría de Estado de Seguridad
todo cambio que se produzca en la titularidad de las
acciones, participaciones o aportaciones y los que
afecten a su capital social, dentro de los quince días
siguientes a su modificación.
2. Asimismo, y en igual plazo, deberán comunicar
cualquier modificación de sus Estatutos y
toda variación que sobrevenga en la composición
personal de sus órganos de administración y
dirección.
3. Las comunicaciones a que se refieren los
apartados anteriores deberán efectuarse mediante
copia autorizada de la correspondiente escritura
pública o del documento en que se hubieren consignado
las modificaciones.
4. Cuando los cambios implicaran la pérdida
de los requisitos de los administradores y directores
de las empresas de seguridad, cesarán en sus cargos.
»

Veintidós. Las letras b) y c) del apartado 1 del artículo
148 quedan redactadas del siguiente modo:

«b) La continuación de la prestación de servicios
en caso de cancelación de la inscripción o de
rescisión del contrato de seguro, aval u otra garantía
equivalente, sin concertar otra nueva otra nueva
dentro del plazo reglamentario.
c) La subcontratación de los servicios y actividades
de seguridad privada con empresas que no
dispongan de la correspondiente habilitación o
reconocimiento necesarios para el servicio o actividad
de que se trate, salvo en los supuestos reglamentariamente
permitidos.»

Veintitrés. El apartado 3 del artículo 149 queda
redactado del siguiente modo:

«3. La realización de funciones que excedan
de la habilitación obtenida o reconocida por la
empresa de seguridad o por el personal a su servicio,
o fuera del lugar o ámbito territorial correspondiente,
así como la retención de la documentación
personal; la realización de servicios en
polígonos industriales y urbanizaciones sin haber
obtenido la autorización expresa de la Delegación
o Subdelegación del Gobierno o del órgano
correspondiente de la comunidad autónoma competente,
y la subcontratación de servicios de seguridad
con empresas inscritas, pero no habilitadas
o reconocidas para el ámbito territorial correspondiente
al lugar de realización del servicio o actividad
subcontratados.»

Veinticuatro. Los números 3 y 5 del artículo 150
queda redactado del siguiente modo:

«3. La omisión del deber de abrir sucursales o
delegaciones en los supuestos prevenidos en los
apartados 2 y 3 del artículo 17.»
«5. La falta de presentación anual, dentro del
plazo establecido, del certificado acreditativo de la
vigencia del contrato de seguro, aval u otra garantía
equivalente.»

Veinticinco. La función 4.ª de la disposición adicional
primera del Reglamento de Seguridad Privada queda
redactada del siguiente modo:

«4.ª Artículo 7.1 La referencia a la Caja General
de Depósitos se entenderá hecha a la caja que
determine la comunidad autónoma correspondiente.
»
BOE núm. 11 Sábado 12 enero 2008 2287

Veintiséis. El anexo del Reglamento de Seguridad
Privada queda redactado del siguiente modo:

«ANEXO
Requisitos específicos de las empresas de seguridad,
según las distintas clases de actividad
I. Requisitos de inscripción y autorización inicial
1. Vigilancia y protección de bienes, establecimientos,
certámenes o convenciones.
A) Fase inicial.
Si se trata de sociedades, acreditar que cumple
los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º
B) Segunda fase.
Relación del personal disponible en la que constará
necesariamente el jefe de seguridad y los vigilantes
de seguridad.
C) Tercera fase.
a) Tener instalado en los locales de la empresa,
tanto en el principal como en los de las delegaciones
o sucursales, armero o caja fuerte de las características
que determine el Ministerio del Interior.
b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera
con entidad debidamente autorizada con una cuantía
mínima de 300.506,10 euros por siniestro y año.
c) Tener constituida, en la forma que se determina
en el artículo 7 de este reglamento, una
garantía de 240.404,84 euros si el ámbito de actuación
es estatal y de 48.080,97 euros, más 12.020,24
euros por provincia, si el ámbito de actuación es
autonómico.
2. Protección de personas.
A) Fase inicial.
Si se trata de sociedades, acreditar que cumple
los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º
B) Segunda fase.
Relación del personal disponible en la que constará
necesariamente el jefe de seguridad y los escoltas
privados.
C) Tercera fase.
a) Tener instalado en los locales de la empresa,
tanto en el principal como en los de las delegaciones
o sucursales, un armero o caja fuerte de las características
que determine el Ministerio del Interior.
b) Tener concertado un seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera, con entidad
debidamente autorizada con una cuantía mínima de
601.012,10 euros por siniestro y año.
c) Tener constituida, en la forma determinada
en el artículo 7 de este reglamento, una garantía de
240.404,84 euros.
d) Disponer de medios de comunicación suficientes
para garantizar la comunicación entre las
unidades periféricas móviles y la estación base.
3. Depósito, custodia y tratamiento de objetos
valiosos o peligrosos, y custodia de explosivos.
3.1 Objetos valiosos o peligrosos.
A) Fase inicial.
Si se trata de sociedades, acreditar que cumple
los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º
B) Segunda fase.
Relación del personal disponible en la que constará
necesariamente el jefe de seguridad y los vigilantes
que integran el servicio de seguridad.
C) Tercera fase.
a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera
con entidad debidamente autorizada con una cuantía
mínima de 601.012,42 euros por siniestro y año.
b) Tener constituida una garantía de 240.404,84
euros si se trata de empresa de ámbito estatal, y de
60.101,21 euros, más 12.020,4 euros por provincia, si
es empresa de ámbito autonómico.
c) Tener instalado en los locales de la empresa,
tanto en el principal como en los de las delegaciones
o sucursales, armero o caja fuerte de las características
determinadas por el Ministerio del Interior.
d) Tener instalada cámara acorazada y locales
anejos de las características y con el sistema de seguridad
que determine el Ministerio del Interior.
Los requisitos relativos a cámara acorazada, vigilantes
de seguridad que integran el servicio de seguridad
y armero o caja fuerte, se exigirán por cada
inmueble que destine la empresa a esta actividad.
3.2 Explosivos.
A) Fase inicial.
Si se trata de sociedades, acreditar que cumple
los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º
B) Segunda fase.
Servicio de seguridad compuesto por un jefe de
seguridad y una dotación de, al menos, cinco vigilantes
de explosivos, por cada depósito comercial o
de consumo de explosivos en el que se preste servicio
de custodia.
C) Tercera fase.
a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera
con entidad debidamente autorizada con una cuantía
mínima de 601.012,10 euros por siniestro y año.
b) Tener constituida una garantía de 120.202,42
euros, si se trata de empresa de ámbito estatal, y de
30.050,61 euros, más 6.010,12 euros por provincia, si
la empresa es de ámbito autonómico.
c) Depósito de almacenamiento y armero o
caja fuerte, de las características y con el sistema de
seguridad, en su caso, que determine el Ministerio
del Interior.
4. Transporte y distribución de objetos valiosos
o peligrosos y de explosivos.
4.1 Objetos valiosos o peligrosos.
A) Fase inicial.
Si se trata de sociedades, acreditar que cumple
los requisitos previstos en el artículo 5.1.a), 1.º
B) Segunda fase.
a) Relación del personal disponible en la que
constará necesariamente el jefe de seguridad y los
vigilantes de seguridad.
b) Seis vehículos blindados, si la empresa es
de ámbito estatal y dos, si la empresa es de ámbito
autonómico. Los vehículos tendrán las características
que determine el Ministerio del Interior, estarán
dotados de permiso de circulación, tarjeta de industrial
y certificado acreditativo de la superación de la
inspección técnica, todo ello a nombre de la empresa
solicitante.
c) Local destinado exclusivamente a la guarda
de los vehículos blindados fuera de las horas de servicio.
2288 Sábado 12 enero 2008 BOE núm. 11
C) Tercera fase.
a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera
con entidad debidamente autorizada con una cuantía
mínima de 601.012,10 euros por siniestro y año.
b) Una garantía de 240.404,84 euros, si la
empresa es de ámbito estatal, y de 48.080,97 euros,
más 12.020,24 euros por provincia, si es de ámbito
autonómico.
c) Tener instalado en los locales de la empresa,
tanto en el principal como en los de las delegaciones
o sucursales, armero o caja fuerte de las características
que determine el Ministerio del Interior.
d) Disponer de un servicio de telecomunicación
de voz entre los locales de la empresa, tanto el
principal como los de las sucursales o delegaciones,
y los vehículos que realicen el transporte.
4.2 Explosivos.
A) Fase inicial.
Si se trata de sociedades, acreditar que cumple
los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º
B) Segunda fase.
a) Una plantilla compuesta por, al menos, dos
vigilantes de explosivos por cada vehículo para el
transporte de explosivos de que disponga la
empresa y un jefe de seguridad cuando el número
de vigilantes exceda de quince en total.
b) Disponer para el transporte de explosivos, al
menos, de dos vehículos blindados con capacidad
de carga superior a 1.000 kg cada uno, con las características
que determina el Reglamento Nacional del
Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera
(TPC, tipo 2), y con las medidas de seguridad que se
establezcan, debiendo aportar los documentos que
para su acreditación determine el Ministerio del
Interior.
c) Local para la guarda de los vehículos durante
las horas en que permanecieren inmovilizados.
C) Tercera fase.
a) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera
con entidad debidamente autorizada con una cuantía
mínima de 601.012,42 euros por siniestro y año.
b) Una garantía de 120.202,42 euros, si la
empresa es de ámbito estatal, y de 30.050,61 euros,
más 6.010,12 euros por provincia, si es de ámbito
autonómico.
c) Tener instalado armero o caja fuerte de las
características que determine el Ministerio del Interior.
d) Disponer de un servicio de telecomunicación
de voz entre los locales de la empresa, tanto el
principal como los de las sucursales o delegaciones,
y los vehículos que realicen el transporte.
5. Instalación y mantenimiento de aparatos,
dispositivos y sistemas de seguridad.
A) Fase inicial.
Si se trata de sociedades, acreditar que cumple
los requisitos previstos en el artículo 5.1.a), 1.º
B) Segunda fase.
a) Relación de personal disponible en la que
constará necesariamente el ingeniero técnico y los
instaladores.
b) Una zona o área restringida que, con medios
físicos, electrónicos o informáticos, garantice la custodia
de la información que manejaren y de la que
serán responsables.
C) Tercera fase.
a) Tener constituida una garantía de 120.202,42
euros, para el ámbito estatal, y de 30.050,61 euros,
más 6.010,12 euros por provincia, para el ámbito
autonómico.
b) Tener concertado contrato de seguro de
responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera
con entidad debidamente autorizada con
una cuantía mínima de 300.506,05 euros por
siniestro y año.
6. Explotación de centrales de alarma.
A) Fase inicial
Si se trata de sociedades, acreditar que cumple
los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º
B) Segunda fase.
a) Elementos, equipos o sistemas capacitados
para la recepción y verificación de las señales de
alarma y su transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad.
b) Locales cuyos requisitos y características del
sistema de seguridad determine el Ministerio del
Interior.
c) Un sistema de alimentación ininterrumpida
de energía que garantice durante veinticuatro horas,
al menos, el funcionamiento de la central en el caso
de corte del suministro de fluido eléctrico.
C) Tercera fase.
a) Tener constituida una garantía de 120.202,42
euros.
b) Tener concertado contrato de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera
con entidad debidamente autorizada con una cuantía
mínima de 300.506,05 euros.
7. Planificación y asesoramiento de actividades
de seguridad.
A) Segunda fase.
a) Relación del personal disponible en la que
constará necesariamente personal facultativo con la
competencia suficiente para responsabilizarse de
los proyectos, en los casos en que su actividad
tenga por objeto el diseño de proyectos de instalaciones
y sistemas de seguridad.
b) Si se trata de sociedades, acreditar que cumple
los requisitos previstos en el artículo 5.1.a),1.º
c) Un área o zona restringida que, con medios
físicos, electrónicos o informáticos, garantice la custodia
de la información que manejare la empresa y
de la que será responsable.
d) Cuando el asesoramiento o la planificación
tengan por objeto alguna de las actividades a que se
refieren los párrafos a), b), c) y d) del artículo 5 de la
Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada,
disponer, en la plantilla, de personal que acredite,
mediante la justificación del desempeño de puestos
o funciones de seguridad pública o privada, al
menos, durante cinco años, conocimientos y experiencia
sobre organización y realización de actividades
de seguridad.
B) Tercera fase.
a) Tener constituida una garantía por importe
de 60.101,21 euros.
b) Tener concertado contrato de seguro de
responsabilidad civil, aval u otra garantía financiera
con entidad debidamente autorizada con una
cuantía mínima de 300.506,05 euros por siniestro
y año.

BOE núm. 11 Sábado 12 enero 2008 2289
8. Requisitos de las empresas que tengan su
domicilio en Ceuta y Melilla.

Las empresas de seguridad con domicilio social
en Ceuta y en Melilla, que pretendan desarrollar su
actividad únicamente en el ámbito de una de dichas
ciudades, deberán cumplir los mismos requisitos
establecidos en el presente anexo.
II. Requisitos de las empresas de ámbito autonómico
1. Las cantidades determinantes de los mínimos
de garantía y de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera con entidad
debidamente autorizada, especificadas en el apartado
I de este anexo, como requisitos “De inscripción
y autorización inicial”, relativos a las empresas
de ámbito autonómico, sean cuales fueren las actividades
que realicen o servicios que presten, quedarán
reducidas al 75 por ciento o al 50 por ciento,
según que la población de derecho de las correspondientes
comunidades autónomas sea inferior a
2.000.000 de habitantes y superior a 1.250.000, o
inferior a 1.250.000 habitantes.
2. Las cantidades determinantes de los mínimos
de garantía, especificadas en el apartado I de
este anexo, relativas a las empresa de seguridad de
ámbito autonómico, cualesquiera que fueren las
actividades que realicen o servicios que presten, y
cualquiera que fuere la población de derecho de las
correspondientes comunidades autónomas, quedarán
reducidas al 50 por ciento cuando se trate de
empresas que, en el momento de la inscripción en
el Registro, tengan una plantilla de menos de 50
trabajadores, y asimismo cuando, posteriormente,
durante dos años consecutivos, no superen los
601.012,10 euros de facturación anual.
La reducción establecida en este apartado 2 no
será acumulable a la relativa al mínimo de garantía,
comprendida en lo dispuesto en el apartado anterior.
3. En los supuestos contemplados en los apartados
1 y 2 precedentes, no se computarán las cantidades
por provincia, especificadas en el apartado I
de este anexo, en cuanto a garantía, respecto a las
provincias que tengan menos de 250.000 habitantes
de población de derecho.
4. Respecto a las empresas de seguridad de
ámbito autonómico, dedicadas exclusivamente a
instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos
y sistemas de seguridad, los requisitos establecidos
en el apartado I.5 de este anexo, se aplicarán
con las modificaciones que se especifican a continuación:
a) No necesitarán tener un ingeniero técnico en
la plantilla a tiempo total, cuando ésta integre
menos de cinco puestos de instaladores, si bien,
alternativamente, habrán de tenerlo a tiempo parcial,
o deberán contar, de forma permanente,
mediante contrato mercantil, con los servicios de un
ingeniero técnico que supervise y garantice técnicamente
la instalación y el mantenimiento de aparatos,
dispositivos y sistemas. En todo caso, el ingeniero
técnico habrá de estar específicamente
cualificado par el ejercicio de su misión.
b) La garantía mínima a constituir será de
6.101,21 euros.
Sin embargo, será de 12.020,24 euros, cuando se
trate de empresas no constituidas en forma de
sociedad.
c) El contrato de seguro de responsabilidad
civil, aval u otra garantía financiera con entidad
debidamente autorizada cubrirá una garantía
mínima de 60.101,21 euros.
5. Las modificaciones de plantillas de las
empresas autonómicas a que se refiere el presente
apartado, que den lugar a su inclusión o exclusión
del supuesto regulado en el apartado 2 anterior, producirán
el cambio de los requisitos de inscripción y
autorización de dichas empresas y determinarán la
instrucción de los correspondientes expedientes de
modificaciones de inscripción.
6. Cuando las empresas pretendan actuar en
comunidades autónomas limítrofes, sin abarcar la
totalidad del territorio nacional, deberán inscribirse
en el Registro General de Empresas de Seguridad,
pero podrán hacerlo con aplicación de los criterios
cuantitativos, establecidos en este anexo, conjuntamente
a los ámbitos territoriales autonómicos
correspondientes, como si se tratara de un territorio
autonómico único.»

Disposición transitoria única. Vigencia de normas preexistentes.

Hasta tanto tenga lugar la aprobación de las disposiciones
precisas para el desarrollo y ejecución de lo previsto
en este real decreto, continuarán en vigor las normas
aplicables a los aspectos que requieran de ulterior
desarrollo normativo.

Disposición final primera. Disposiciones de ejecución.

Se autoriza al Ministro del Interior para dictar las disposiciones
necesarias para la ejecución y aplicación de lo
dispuesto en este real decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial del Estado.»

Dado en Madrid, el 11 de enero de 2008.

JUAN CARLOS R.
El Ministro del Interior,
ALFREDO PÉREZ RUBALCABA

TERRORISTAS DE ETA MAS BUSCADOS

2007-08-01T14:48:00.000-07:00

COLABORACIÓN CIUDADANA

La colaboración ciudadana es fundamental para combatir el terrorismo y la delincuencia organizada, por este motivo si ud. tiene conocimiento, indicio o sospecha de actividades que puedieran estar relacionadas con este tipo de delincuencia, no dude en ponerse en contacto con la GUARDIA CIVIL o del CUERPO NACIONAL DE POLICIA, llamando a los siguientes teléfonos respectivamente.

900 100 062 /900 100 091

Ander MUGICA ANDONEGUI
Lugar de nacimiento: San Sebastian (Guipúzcoa) - España Fecha de Nacimiento: 04/12/1982

Eneko ZARRABEITIA SALTERAIN
Lugar de nacimiento: Abadiano (Vizcaya) - España-Fecha de Nacimiento: 02/06/1981

Aitzol ETXABURU ARTECHE
Lugar de nacimiento: Ondarroa (Vizcaya) - España- Fecha de Nacimiento: 01/05/1979

Leire LÓPEZ ZURUTUZA
Lugar de nacimiento: Beasain (Guipúzcoa) - España-Fecha de Nacimiento:24/04/1977

J.M. OLZA

Saioa SÁNCHEZ ITURREGUI
Lugar de nacimiento: Baracaldo (Vizcaya) - España- Fecha de Nacimiento: 14/07/1981

Viene de este enlace: http://www.policia.es/

Instituciones de Seguridad en España

2007-05-24T16:08:00.000-07:00

Instituciones de Seguridad de España

AES – Asociacion Española de Empresas de SeguridadVillanueva 2 - Ofic. 11 (28001) MadridPresidente: Antonio Avila ChuliaTel (0034 91) 576-5225 Fax ++34 (91) 576-6094 aes@aesseguridad.es www.aesseguridad.es

AEPSAL - Asociación de Especialistas en Prevención y Salud Laboral Valencia, 438; Entresuelo 1a · 08013 Barcelona
Tel 932 444 475 · Fax: 932 444 001 Presidente Manel Fernández Jiménez manel.fernandez@aepsal.com aepsal@aepsal.com http://www.aepsal.com/.
.
AESPI - Asociacion Española de Sociedades de Proteccion contra IncendiosAlcala 119 4º izqda. – (28009) MadridTel (0034 91) 577-6847 / 431-6298 0 Presidente: Santiago Montero Homs

AEVS - Asociación Española de Vigilantes de SeguridadClaudio Coello, 106 - 3°, Madrid, España.Tel (0034 91) 745-0223 / 0376info@vigilantesdeseguridad.net http://www.vigilantesdeseguridad.net/ Director General: José Raúl Ramos Martín

AGERS - Asociacion Española de Gerencia de Riesgos y SegurosPríncipe de Vergara, 86 - 1ª Esc., 2º Izda.– 28006 Madrid - EspañaTel : (0034 91) 562.84.25– Fax: + 34-91-561.54.05
Gerente: Mercedes Prieto, gerencia@agers.es http://www.agers.es/

ANEPA – Asociacion Nacional de Entidades Preventivas AcreditadasSerrano 46 piso 4º - (28001) MadridTel (0034 91) 435-6434 / 559-4052 Presidente: Jose Luis Perez Alvarez

APA – Asociacion Para la Prevencion de Accidentes Contacto: Marisol Ruiz Promocion: Jose Ramon Jusue promo@apa.es apa@apa.es www.apa.es

APEMESE - Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Seguridad Electrónica www.apemese.org

APROSER – Asociacion Compañias Privadas de Servicios de Seguridad- (28001) Madrid Tel (0034 91) 431-5744 / 454-0000Presidente: Angel Vizcainoaproser@telefonica.net www.aproser.org

APTB – Asociacion Profesional de Tecnicos BomberosAvda. del Ferrocarril 10 bis. Plta. 1ª Izqda. - (48012) BilbaoTel (0034 94) 427-3122 Presidente: Albert Vilanovaaptb@emersis.org www.emersis.org

ASELF – Asociacion Española de Lucha Contra el FuegoJacometrezo 4 plta. 8 nº 9 - (28013) MadridTel (0034 91) 521-6964 Presidente: Javier Garmendiahttp://www.mundobombero.com/

ASEPAL – Asociacion de Empresas de Equipos de Proteccion PersonalAlcala 119 4º izqda. (28009) MadridTel (0034 91) 431-6298 Presidente: Luis del Corral Martin

ASEPRI – Asociacion de Seguridad Privada asepri@intercom.es

ASES – Asociacion Española de EscoltasClaudio Coello 106 3º Esc. Izq. (28006) Madrid EspañaTel (0034 91) 745-0223 / 411-1509Presidente: Vicente de la Cruz Garcia presidente@escoltas.net ases@escoltas.net http://www.escoltas.net/ Web de empleo en Seguridad: info@empleoseguridad.com www.empleoseguridad.com

ASIGC – Asociacion Independiente de la Guardia CivilApartado de Correos 34 (28340) Valdemoro MadridTel Movil 651.16.86.35mailto:651.16.86.35sedeasigc@asigc.es

ASIS – American Society for Industrial Security - Cap. 143Bolonia 7 - (28028) Madrid Tel (0034 91) 725-4142 Presidente: Fernando Marinasoficina@asis-spain.org http://www.asis-spain.org/ Asociacion Española de Krav MagaPresidente: Oskar Curro oskar_curro@hotmail.com Director Tecnico en España: Alexander Orozcohttp://www.krav-maga-spain.com/

ATER – Asociacion de Tecnicos en Emergencia y RescateCoordinador: Edgar Nolla Sanchez nollater@mixmail.com sanitec@mixmail.com

AVDSP – Asociacion Vasca de Directores de Seguridad PrivadaApdo. 1008 - Bilbao (48080) BizkaiaTel (0034 65) 990-5761 / 5768Presidente: Jose Luis Loroño Porteraavdsp@euskalnet.net

AVSE - Asociación de Vigilantes de Seguridad.Registro Ministerio del Interior nº 586722Apartado de Correos nº1259, 41013 Sevilla , EspañaTel. (0034 616) 177 187, (0034 625) 579 188 / 189 / 190Consultas: Informacion@avse.es Presidente: presidente@avse.es www.avse.es

CFES – Centro de Formacion y Estudios de Seguridad Aptdo. n° 14 C.P. 46171 Casinos (Valencia) Tel (0034 627) 45-9552 Director: Alfonso Pascual del Campo alfonsopascual@cfes.es informacion@cfes.es http://www.cfes.es/ 1er Congreso Nacional de Seguridad PrivadaPresidente: Francisco Muñoz Usanowww.congreso-seguridad.org

ENPC – Escuela Nacional de Proteccion CivilCamino de Salmedina s/n (28529) Rivas-Vaciamadrid, MadridTel (0034 91) 537-3086 Directora: M. Nieves Sánchez Guitiánnsanchez@procivil.mir.es http://www.proteccioncivil.org/enpc/enpc00.htm Escuela Canaria de Formacion en Emergencias y SeguridadCarlos M. Blandy Nº 48 - Bajo- local 11 Zona de Altavista35011 - Las Palmas de Gran Canaria Tel (0034 928) 256-261 - 616.887.491infoescamer@yahoo.es

FES – Federacion Empresarial Española de SeguridadCalle Embajadores nº 81- esc. 2 - 1º C - 28012 Madrid Tel (0034 91) 554-2115 Presidente Nacional: Esteban Granero MarínPresidente de Honor: Francisco Muñoz UsanoComisionado de RR Internacionales: Francisco Canseco Plaza internacional@fes.es Área de comunicaciones: comunicacion@fes.es fes@fes.es http://www.fes.es/

GPRS – Grupo de Perros de Rescate y SalvamentoAv Fonollar s/n Sant Boi de Llobregat Barcelona EspañaTel (0034 61) 978-7997 macimart@terra.es

GRESCO – Grupo de Estudio Contra la CorrupcionUniversidad de Salamanca - Facultad de Derecho Campus Miguel de Unamuno - 37071 Salamanca (España)Tel (0034 923) 294 500 (exts. 1638 y 1675)anticorrupcion@usal.es http://anticorrupcion.usal.es

GUARDERIO - Colectivo de Guardas de Campo de EspañaComuneros de Castilla, 2 Local, 42003 Soria Ap. de Correos 45, Soria Presidente del Consejo Nacional del Guarderío: Raúl Beltrán, raulbeltran@guarderio.org Tel: (0034) 975.12.24.13E-mail: guarderio@guarderio.org www.guarderio.org

PCTA - Proteccion Civil de Torrejon de ArdozC. Verano 5 – Torrejon de Ardoz MadridJefe: Rafael FernandezTel (0034 91) 677-2453pctorrejon@bsab.com www.galeon.com/suero

RSCE – Real Socieda d Canina de EspañaCalle Lagasca Nº 16 bajo dcha. 28001 MadridTel (0034 91) 426.49.60Presidente: D. Manuel Martin Rodriguezadministracion@rsce.es www.rsce.es

SEDS – Sociedad Española de Derecho de la SeguridadPresidente: Francisco Muñoz UsanoTel (0034 91) 401-9325ius@alcavia.net info@derecho-seguridad.org http://www.derecho-seguridad.org/

AVADISE
Asociación Valenciana de Directores de Seguridad
C/ REI EN JAUME I , Nº 2
46470 - CATARROJA
VALENCIA

Solicitud de información:
alexismari@avadise.org
info@avadise.org

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA

2007-05-03T03:25:00.000-07:00

NORMATIVA DE PRL

2007-05-03T02:50:00.000-07:00

Normativa de Prevención Riesgos Laborales

NORMATIVA GENERAL

Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de los Servicios de Prevención.

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Ley 42/1997, de 14 de noviembre ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Ley 8/1998, de 7 de abril, sobre infracciones y sanciones de orden social.

Ley 29/1999, de 16 de julio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal.

Convenio 155 de la OIT, de 22 de junio de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.

Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social. Derogado parcialmente por el Real Decreto Ley 1/1994, modificado a su vez por la Ley 42/1994 de 30 de diciembre.

RD 1273/2003, de 10 de octubre, por el que se regula la cobertura de las contingencias profesionales de los trabajadores incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, y la ampliación de la prestación por incapacidad temporal para los trabajadores por cuenta propia.

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento sobre colaboración de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares para los trabajadores.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización de datos.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por lo que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, sobre las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de seguridad y salud.

Orden de 22 de abril de 1997, por la que se regula el régimen de funcionamiento de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en el desarrollo de actividades de prevención de riesgos laborales.

Orden TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de los accidentes de trabajo y se posibilita su transmisión por procedimiento electrónico.

Resolución de 26 de noviembre de 2002, de la Subsecretaría, por la que se regula la utilización del sistema de declaración electrónica de accidentes de trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo aprobados por la Orden TAS/2926/2002 de 19 de noviembre.

NORMATIVA SOBRE RIESGOS ESPECÍFICOS DE SEGURIDAD

Real Decreto 886/1988, de 15 de julio, sobre prevención de accidentes mayores en determinadas actividades industriales. Modificado por Real Decreto 952/1990 de 29 de junio.

Orden de 29 de noviembre de 1984, relativa al manual de autoprotección para el desarrollo del plan de emergencia contra incendios y de evacuación de locales y edificios.

Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre, por el que se apruebqa la Norma Básica de Edificación NBE-CPI-96: condiciones de protección contra incendios en los edificios.

Real Decreto 786/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

Real Decreto 2291/1985, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de aparatos de elevación y manutención. Completado por Real Decreto 474/1988.

Real decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

Real Decreto 482/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el reglamento electrotécnico de baja tensión.

NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD INDUSTRIAL

Real Decreto 3099/1977, de 8 de septiembre, por el que se aprueba el reglamento de seguridad para plantas e instalaciones frigoríficas. Modificado o completado por ED 394/1979,

Real Decreto 1618/1980 Real Decreto 754/1981, Orden de 23.11.94, Orden de 24.1.78.

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que se aprueba el reglamento de aparatos a presión. Modificado por Real Decreto 507/1992, Real Decreto 473/1988, y Real Decreto 1504/1990.

Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el que se aprueba el reglamento de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. Completado o modificado por Real Decreto 2946/1982, Orden de 16.7.81 y Orden de 28.6.84.

NORMATIVA SOBRE HIGIENE DEL TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

Real Decreto 1665/1978, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales. Modificado por Real Decreto 2821/1981.

Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, sobre la protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo.

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

Real Decreto 88/1990, de 26 de enero, sobre la protección de los trabajadores mediante la prohibición de determinados agentes específicos o determinadas actividades.

Real Decreto 53/1992, de 24 de enero, por el que se aprueba el reglamento de protección sanitaria contra radiaciones ionizantes.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a contaminantes biológicos durante el trabajo.

Real Decreto 1078/1993, de 2 de julio, por el que se aprueba el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Actualizado y modificado por Orden de 20.2.95, Real Decreto 363/1995 de 10 de marzo.

Real Decreto 379/2001, de 6 abril por el que se aprueba el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias, modificado parcialmente por el Real Decreto 1506/2000, de 1 de septiembre.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 99/2003, de 24 de enero, por el que se modifica el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo.

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo, y por el que se amplía su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Medidas de seguridad del Documento Nacional de Identidad español

2007-03-30T08:30:00.000-07:00

Medidas de seguridad del Documento Nacional de Identidad español
Tinta ópticamente variable: La palabra España está impresa con una tinta que se ve magenta o verde al variar el ángulo de observación.
Hilo de seguridad: Embebido en el papel, cruza en sentido vertical toda la superficie del D.N.I. Puede observarse a simple vista. Con luz ultravioleta se muestra luminiscente.
Fibrillas luminiscentes: Están distribuidas por toda la superficie del papel. Pueden observarse solamente con iluminación ultravioleta.
Tinta invisible en reverso: Con el escudo constitucional y las iniciales DNI, manifestando coloración amarilla bajo luz ultravioleta.
Tinta invisible en anverso: Una de las tintas del anverso es invisible, manifestando coloración amarilla bajo luz ultravioleta.
Relieve en el plástico: La cubierta del plástico lleva grabada en el anverso una retícula en relieve que se puede apreciar al tacto.
Fotografía en color: protegida por los fondos de seguridad.
Grabado del número en láser: En el anverso, junto a la fotografía y en sentido vertical, va grabado en láser el número del DNI, apreciable al tacto.
Microimpresión: La bandera nacional que aparece en la parte derecha del anverso está constituida por microtextos, con la iniciales DGP. Para su observación se precisa de un cuentahílos o de una lupa de aumento.

Requisito para VIGILANTE DE EXPLOSIVOS

2007-03-28T11:59:00.001-07:00

Requisitos para Vigilante de Explosivos

· Para poder participar en las pruebas de selección que convoque la Secretaría de Estado, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Ser mayor de edad y no haber cumplido los cincuenta y cinco años.
b. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o bien que le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero.
c. Estar en posesión del título de graduado escolar, de graduado en educación secundaria, ..de formación profesional de primer grado, u otros equivalentes o superiores.
d. Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas y reunir los requisitos necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
e. Carecer de antecedentes penales.
f. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
g. No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad.
h. No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
i. No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
j. Poseer el diploma acreditativo de haber superado el curso de vigilante de seguridad expedido por un centro de formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad, así como el diploma que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de vigilantes de explosivos, en el curso impartido en un centro autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad. El personal con las denominaciones de Guarda de Seguridad, Controlador u otras de análoga significación deberá haber desempeñado funciones de vigilancia y de control en el interior de inmuebles con anterioridad al día 31 de enero de 1996.

Requisito para pruebas ESCOLTA PRIVADO

2007-03-28T11:58:00.000-07:00

Requisitos para las pruebas de selección para Escoltas Privados

· Para poder participar en las pruebas de selección que convoque la Secretaría de Estado, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a. Ser mayor de edad y no haber cumplido los cincuenta y cinco años.
b. Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o bien que le sea aplicable lo dispuesto en la legislación sobre régimen comunitario conforme al Real Decreto 178/2003, de 14 de febrero.
c. Estar en posesión del título de graduado escolar, de graduado en educación secundaria, de formación profesional de primer grado, u otros equivalentes o superiores.
d. Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones de vigilante de seguridad sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas y reunir los requisitos necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego, a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre, por el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica necesaria para tener y usar armas y para prestar servicios de seguridad privada.
e. Carecer de antecedentes penales.
f. No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
g. No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad.
h. No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
i. No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
j. Poseer el diploma acreditativo de haber superado el curso de vigilante de seguridad expedido por un centro de formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad, así como el diploma que acredite la superación de los módulos profesionales complementarios y específicos de formación de escoltas privados, en el curso impartido en un centro autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad. El personal con las denominaciones de Guarda de Seguridad, Controlador u otras de análoga significación deberá haber desempeñado funciones de vigilancia y de control en el interior de inmuebles con anterioridad al día 31 de enero de 1996.
k. Tener una estatura mínima de 1,70 metros, los hombres, y 1,65 metros, las mujeres.

Requisito para ESCOLTA PRIVADO

2007-03-28T11:57:00.002-07:00

Requisito para JEFE DE SEGURIDAD

2007-03-28T11:57:00.001-07:00

Requisitos para Jefe de Seguridad

a) Ser mayor de edad.
b) Tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
h) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigaciones privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
i) Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de las respectivas funciones.
j) Estar en posesión del título de B.U.P., bachiller, formación profesional de segundo grado, técnico de las profesiones o cualificaciones que se determinen, u otros equivalentes o superiores.

Requisito para GUARDA PARTICULAR DE CAMPO

2007-03-28T11:56:00.000-07:00

Requisitos para Guarda Particular de Campo
Para poder participar en las pruebas de selección que convoque la Secretaría de Estado de Seguridad, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad española o ser nacional de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados partes del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
b) Ser mayor de edad y no haber cumplido los cincuenta y cinco años.
c) Estar en posesión del título de Graduado escolar, de Graduado en Educación Secundaria, de Formación Profesional de primer grado, u otros equivalentes o superiores.
d) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas.
e) Carecer de antecedentes penales.
f) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones o de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
g) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
h) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
i) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
j) Poseer el diploma acreditativo de haber superado el curso correspondiente en un centro de formación de seguridad privada autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad.
k) Reunir los requisitos necesarios para poder portar y utilizar armas de fuego, a tenor de lo dispuesto al efecto en el vigente Reglamento de Armas.
· Exenciones de acreditación de requisitos:
o El requisito de no haber cumplido los cincuenta y cinco años de edad y los documentos acreditativos de los apartados b), c), d), e) y f), no se exigirá a los aspirantes a las especialidades de Guarda de Caza y/o Guardapesca Marítimo que se encuentren ya habilitados como Guardas Particulares del Campo por haber superado pruebas de selección anteriores o por haber canjeado sus anteriores títulos-nombramientos, licencias, tarjetas de identidad o acreditaciones por la tarjeta de identidad profesional de Guarda Particular del Campo, regulada en la Orden de 7 de julio de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior, tal canje deberá acreditar mediante fotocopia compulsada de dicha tarjeta o por certificación, caso de estar en trámite, expedida por el Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil o por los primeros Jefes de Comandancia.
o Para el Guarda particular del campo que haya permanecido inactivo más de dos años y que deba superar nuevas pruebas, según determina el artículo 10.5 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, no será necesario haber obtenido el diploma en los centros de formación a que se refiere al apartado sexto de la Orden de 7 de julio de 1995, del Ministerio de Justicia e Interior ("Boletín Oficial del Estado" número 169, del 17), ni el requisito de no haber cumplido cincuenta y cinco años, ni acreditar la posesión de alguno de los títulos citados en el apartado c) del punto "Requisitos". Sin embargo, será necesario que presente certificación de su habilitación anterior.

Requisito para DIRECTOR DE SEGURIDAD

2007-03-28T11:55:00.000-07:00

Requisitos para Director de Seguridad

Generales
· Instancia del interesado.
· Fotocopia compulsada del DNI
· Certificado médico de poseer aptitud física y capacidad psíquica necesaria para el ejercicio del cargo.
· Certificado de antecedentes penales.
· Declaración jurada a que se refiere los apartados e), f), y según los casos de los apartados g) y h) del artículo 53 del Reglamento de Seguridad Privada.
· Fotocopia compulsada del Título de Bachillerato Unificado Polivalente o equivalente. En este último caso, mediante certificado expedido por la Subdirección General de Ordenación Académica dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
· Currículum vitae.
· Dos fotografías tamaño carnet que cumplan los requisitos que se establecen en el Anexo 5 de la Orden de 7 de julio de 1995.
· Justificante acreditativo de haber realizado el ingreso de la tasa por habilitación de Jefes de Seguridad con arreglo al modelo 790 a favor del Tesoro Público, en las Entidades Bancarias o Cajas de Ahorros colaboradoras; cuenta restringida de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. El citado modelo 790 será facilitado en las Comisarías de Policía y deberá ser cumplimentado con los datos correspondientes, señalando como tarifa aplicable la sexta.
Específicos
La habilitación de los directores de seguridad requerirá que los solicitantes cumplan uno de los siguientes requisitos:
1) Hallarse en posesión de la tarjeta de identidad profesional de jefe de seguridad.
2) Estar en posesión de la titulación de seguridad reconocida a estos efectos por el Ministerio del Interior; puede ser alguna de éstas:
Curso Superior de Seguridad (antes Curso de Dirección de Seguridad de Empresas, o Curso Superior de Directores de Seguridad), impartido por el Instituto Universitario de Administración y Dirección de Empresas (ICADE), de la Universidad Pontificia de Comillas, y la American Society for Industrial Security (ASIS) España. (Anexo 4 de la Orden de 7 de julio de 1995; BOE núm. 169, de 17 de julio).
Curso Superior de Gestión y Derecho de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Barcelona. (Anexo 4 de la Orden de 7 de julio de 1995; BOE núm. 169, de 17 de julio).
Curso de Experto en Seguridad, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Escuela Superior de Cajas de Ahorro (ESCA). (Anexo 4 de la Orden de 7 de julio de 1995; BOE núm. 169, de 17 de julio).
Curso Superior de Dirección de Seguridad y Protección del Patrimonio, expedido por la Universidad Autónoma de Madrid y la Empresa de consultoría e ingeniería de seguridad "Belt Ibérica, S.A.". (Resolución de 21 de diciembre de 1995; BOE núm. 9, de 10 de enero de 1996).
Curso de especialización en Dirección de Seguridad Privada impartido por la Universidad Politécnica de Madrid y la Fundación Mapfre Estudios. (Resolución de 29 de mayo de 1997; BOE núm. 146, de 19 de junio).
Curso Superior de Dirección de Seguridad del Centro Internacional Carlos V de la Universidad Autónoma de Madrid y el Centro Politécnico a Distancia y Editorial CPD. (Resolución de 15 de septiembre de 1997; BOE núm. 242, de 9 de octubre).
Master en Dirección y Gestión de la Seguridad de la Universidad Carlos III, de Madrid. (Resolución de 9 de febrero de 1998; BOE núm. 48, de 25 de febrero).
Curso Superior de Director de Seguridad impartido por la Universidad Carlos III de Madrid. (Resolución de 8 de septiembre de 1998; BOE núm. 221, de 15 de septiembre).
Curso Superior en Dirección de Seguridad y Protección del Patrimonio expedido por la "Institución de Nuevas Profesiones, S.L." y Escuela Superior de Seguridad Privada, en colaboración con la Universidad de Burgos. (Resolución de 30 de septiembre de 1998; BOE núm. 247, de 15 de octubre).
Curso de Director de Seguridad Privada impartido por el Centro de Estudios Superiores Sociales y Jurídicos "Ramón Carande", integrado en la Universidad "Rey Juan Carlos". (Resolución de 19 de enero de 1999; BOE núm. 36, de 11 de febrero).
Curso Superior de Directores de Seguridad Privada impartido por el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. (Resolución de 22 de febrero de 1999; BOE núm. 59, de 10 de marzo).
Curso Superior de Dirección de Seguridad Privada y Gestión de la Protección de Personas impartido por el Centro Almeríense de Estudios Superiores, en colaboración con la Universidad de Almería. (Resolución de 8 de marzo de 1999; BOE núm. 77, de 31 de marzo).
Curso "Programa Superior de Seguridad Privada", impartido por la Escuela de Organización Industrial, en colaboración con la Universidad de La Rioja. (Resolución de 12 de abril de 1999; BOE núm. 104, de 1 de mayo).
Curso Superior de Director de Seguridad impartido por el Instituto de Estudios Superiores de la Fundación Universitaria San Pablo-CEU de Madrid. (Resolución de 11 de mayo de 1999; BOE núm.126, de 27 de mayo).
Curso de Extensión Universitaria en Dirección de Seguridad Privada, autorizado con fecha 10 de junio de 1999 y expedido por el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Curso de Postgrado en Dirección de Seguridad Privada, autorizado con fecha 10 de junio de 1999 y expedido por el Instituto de Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona.
Curso Superior de Planificación, Dirección y Gestión de Seguridad, autorizado con fecha 10 de diciembre de 1999 y expedido por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con PGS 4 - Seguridad.
Curso Superior de Especialistas en Dirección y Gestión de Seguridad, autorizado con fecha 31 de diciembre de 1999 y expedido por el Centro Universitario Francisco de Vitoria en colaboración con OMBUDS Compañía de Seguridad.
Curso Superior de Dirección de Seguridad, autorizado con fecha 4 de abril de 2000 y expedido por el Centro de Estudios y Formación ARA, en colaboración con el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Granada.
Curso de Experto Universitario en Dirección de Seguridad Privada, autorizado con fecha 10 de abril de 2000 y expedido por la Escuela Universitaria Politécnica de la Universidad de Sevilla.
Curso de Graduado en Prevención y Seguridad Integral, autorizado con fecha 28 de junio de 2000 y expedido por la Escola de Prevenció i Seguretat Integral, dependiente de la Fundació Universitat Autónoma de Barcelona en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona.
Curso de Dirección de Seguridad, autorizado con fecha 21 de junio de 2000 y expedido por la Universidad de Córdoba, coordinado por el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología en colaboración con FORUM Seguridad, S.L.
Master en Gestión Integral de la Seguridad de la Empresa, con fecha 22 de febrero de 2001, y expedido por la Escuela de Negocios de la Fundación Universidad-Empresa de la región de Murcia en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena.
Curso de Dirección de Seguridad Privada, autorizado con fecha 20 de abril de 2001, y expedido por el Instituto Superior de Estudios de la Gobernabilidad y la Seguridad de la Universidad Internacional de Cataluña.
Especialista Superior en Dirección de Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio, autorizado el 27 de agosto de 2001, expedido por Belt Ibérica y la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid.
Diploma de Especialización en Director de Seguridad, autorizado el 7 de septiembre de 2001, expedido por la Fundación del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES) y en colaboración con la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de la Universidad de Zaragoza.
Curso Superior de Director de Seguridad, autorizado el 17 de octubre de 2001, expedido por el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Escuela Superior de Ciencias Criminológicas.
Curso Superior de Director de Seguridad, autorizado el 1 de abril de 2002, expedido por la Fundación Universidad Empresa de Cádiz, con la participación del Instituto de criminología de la universidad de Cádiz y colaboración del centro de formación de seguridad privada FORMACION INTEGRAL PÚBLICA Y PRIVADA (FIPP).
Curso de Directores de Seguridad Privada, autorizado el 12 de junio de 2002, expedido por la Universidad de Alcalá de Henares y la empresa Securitas Seguridad España.
Curso Superior de Directores de Seguridad Privada, autorizado el 12 de junio de 2002, expedido por la Universidad de Alcalá de Henares y la empresa Securitas Seguridad España.
Curso Superior de Director de Seguridad, autorizado el 23 de julio de 2002, expedido por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y el Instituto Superior de Estudios de Seguridad de la Comunidad de Madrid (ISES).
Programa Especial de Formación de Directores de Seguridad, autorizado el 24 de julio de 2002, expedido por la Universidad Carlos III de Madrid.
Curso de Especialista en Dirección de Seguridad Patrimonial, autorizado el 21 de octubre de 2002, impartido por la Universidad Camilo José Cela y el Grupo Unión Fenosa Soluziona.
Curso Superior de Directores de Seguridad, autorizado el 25 de noviembre de 2002, expedido por la Universidad Politécnica de Valencia y Florida Universitaria.
Curso de Formación continua en Dirección y Gestión de Seguridad, autorizado el 21 de enero de 2003, impartido por la Universidad de Salamanca.
Curso de Especialista Superior en Dirección de Seguridad Corporativa y Protección del Patrimonio, autorizado el 30 de julio de 2003, impartido por Belt Ibérica, S.A. y la Universidad Europea de Madrid.
Curso de Experto Universitario en Dirección de Seguridad Empresarial, autorizado el 24 de octubre de 2003, impartido por el Instituto de Criminología de la Universidad de Sevilla. El 21 de enero de 2004 se autoriza su cambio de denominación por el de "Curso en Dirección de Seguridad empresarial".
Curso Superior de la Seguridad e Investigación, autorizado el 3 de noviembre de 2003, impartido por el Instituto Superior de Estudios (I.S.E.D) de la Universidad de Vic (Barcelona), y el Instituto Privado, Cooperación, Servicios Estratégicos y Documentación (I.C.S.E.D.).
Curso Superior de Dirección de Seguridad Privada, autorizado el 19 de diciembre de 2003, impartido por la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona y promovido por la Fundación Universitaria San Pablo CEU.
Curso de Especialista en Dirección de Seguridad Privada, autorizado el 20 de enero de 2004, impartido por la Universidad de Girona y el Instituto de Cooperación, Servicios Estratégicos y Documentación (I.C.S.E.D.).
Curso de Técnico en Seguridad Física y Patrimonial, autorizado el 16 de febrero de 2004, impartido por la Universidad de Vigo.
Curso de Experto en Seguridad Física y Patrimonial, autorizado el 16 de febrero de 2004, impartido por la Universidad de Vigo.
Master en Seguridad Física y Patrimonial, autorizado el 16 de febrero de 2004, impartido por la Universidad de Vigo.
Curso Superior de Dirección de Seguridad y Protección del Patrimonio, autorizado el 25 de marzo de 2004, impartido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, a través de la Fundación Miguel de Cervantes y la Institución de Nuevas Profesiones S.L., entidad titular de la Escuela Superior de Seguridad Privada.
Curso Superior de Dirección de Seguridad, autorizado el 1 de abril de 2004, impartido por la Sección de Granada del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología y el Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento.
Curso de "Graduado en Dirección de Seguridad Privada", autorizado el 30 de abril de 2004, impartido por el Instituto de Estudios Tecnológicos y Profesionales de la Fundación Universitaria de San Pablo CEU.
Curso de Gestión y Dirección de Seguridad, autorizado el 25 de mayo de 2004, impartido por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona.
Curso Superior de Dirección y Gestión de Seguridad Integral, autorizado el 10 de junio de 2004, impartido por la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Curso de Experto Universitario en Seguridad Privada, autorizado el 19 de noviembre de 2004, impartido por la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga.
Curso de Especialización en Dirección de Seguridad, autorizado el 1 de marzo de 2005, impartido por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la empresa GE Grupo de Estudios Técnicos.
Curso Superior de Dirección de Seguridad, autorizado el 4 de abril de 2005, impartido por la Universidad Politecnica de Madrid en colaboración con el Centro Politécnico a Distancia y Editorial CPD, S.L.
Curso Superior de Director de Seguridad, autorizado el 7 de junio de 2005, con especialidad en Seguridad Turística, impartido por la Fundación Canaria Empresa Universidad de la Laguna, en colaboración con la Escuela Superior de Seguridad.
Curso Superior en Gestión de la Seguridad e Investigación, autorizado el 26 de octubre de 2005, impartido por el Instituto Superior de Estudios (I.S.E.D.) y el Coordinador de la Universidad de Vic.
Curso Superior de Planificación, Dirección y Gestión de Seguridad, autorizado el 23 de enero de 2006, impartido por la Universidad Complutense de Madrid en colaboración con Asimag Consultores, S.L.
Curso Universitario de Especialista en organización y gestión de la seguridad en centros hospitalarios, autorizado el 8 de marzo de 2006, impartido por la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la empresa GE Grupo de Estudios Técnicos.
Curso Superior de Director de Seguridad Privada, autorizado el 16 de mayo de 2006, impartido por la Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid
Curso Superior de Gestión y Derecho de la Seguridad, autorizado el 13 de junio de 2006, impartido por la Escola de Prevenció i Seguretat Integral, en colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona.
3) Acreditar el desempeño durante cinco años, como mínimo, de puestos de dirección o gestión de seguridad pública o privada, y superar las correspondientes pruebas sobre las materias a que se refiere el apartado undécimo de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de 7 de julio de 1995.

Requisitos para DETECTIVE PRIVADO

2007-03-28T11:54:00.000-07:00

Requisitos para Detective Privado

a) Ser mayor de edad.
b) Tener la nacionalidad de un país de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
c) Poseer la aptitud física y la capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las respectivas funciones sin padecer enfermedad que impida el ejercicio de las mismas.
d) Carecer de antecedentes penales.
e) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto a las comunicaciones y de otros derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
f) No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores, respectivamente, por infracción grave o muy grave en materia de seguridad.
g) No haber sido separado del servicio en las Fuerzas Armadas o en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
h) No haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privada, ni de su personal o medios, como miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en los dos años anteriores a la solicitud.
i) Superar las pruebas que acrediten los conocimientos y la capacitación necesarios para el ejercicio de las respectivas funciones.
j) Estar en posesión del título de bachillerato unificado polivalente, bachiller, formación profesional de segundo grado, técnico de las profesiones o cualificaciones que se determinen, u otros equivalentes o superiores.
k) Estar en posesión de diploma de detective privado, expedido por los institutos de Criminología o en otros centros oficiales adecuados y habilitados por el Ministerio de Educación y Cultura y obtenido después de superar los programas establecidos, que comprenderán 180 créditos, cada uno de ellos correspondiente a diez horas de enseñanza, desarrolladas al menos durante tres cursos lectivos.
l) No ser funcionario en activo de ninguna de las Administraciones Públicas en el momento de la solicitud, ni durante los dos años anteriores a la misma.

Direcciones Interesantes

2007-03-28T11:40:00.000-07:00

Bien, desde esta página iremos poniendo los enlaces a las páginas WEB´s que resulten más interesantes para nuestro colectivo.

http://www.ugt-pv/
http://www.mir.es/SGACAVT/oposic/procesosselectivos/vseguridad/
http://noticias.juridicas.com/
http://www.correos.es/
http://ugt-lex.blogspot.com/

REAL DECRETO 769/1993, DE 21 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

2007-03-28T11:36:00.000-07:00

REAL DECRETO 769/1993, DE 21 DE MAYO, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS

La Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, diseñó el marco jurídico de la actividad deportiva en España teniendo en cuenta tanto las exigencias derivadas de la nueva organización territorial del Estado como la evolución experimentada por la práctica competitiva y profesional durante el último decenio.
Con este espíritu, puesto ya de manifiesto en la exposición de motivos, la Ley aborda en el título IX una materia tan actual como es la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos, las actitudes y comportamientos antisociales que afloran en la celebración de actos deportivos de masas, originando tensión y conflictos en las gradas y perturbación de la normalidad deportiva y ciudadana.
Exponente de la preocupación de nuestro país por el problema de la violencia en el deporte ha sido la ratificación por España del Convenio Europeo de 1985, sobre la violencia, cuyos pronunciamientos, junto con las recomendaciones de la Comisión especial del Senado sobre la misma materia, fueron tenidos en cuenta por el nuevo texto legal, destacando entre las medidas más significativas la creación de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, regulada por el Real Decreto 75/1992, de 31 de enero, integrada por representaciones de los colectivos interesados y de las Administraciones Públicas, que, desde su constitución, emprendió inmediatamente actuaciones decididas para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos.
Una de las primeras decisiones de la Comisión Nacional fue la de impulsar el rápido desarrollo de la Ley, con la elaboración y tramitación de este Reglamento, que dentro siempre del marco de referencia de la Ley del Deporte, Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y Reglamento General de Policía de Espectáculos, trata de perfilar la figura del Coordinador de Seguridad como elemento clave para la operatividad de las medidas preventivas, cautelares y sancionadoras en la organización y desenvolvimiento de los espectáculos deportivos, dando así cumplimiento al mandato contenido en el artículo 65 de la Ley del Deporte.
El Reglamento contiene tres partes diferenciadas en las que se aborda la responsabilidad de los organizadores, las competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y la organización y funcionamiento de la figura del Coordinador de Seguridad, cerrando este esquema el tratamiento de la infraestructura necesaria para la operatividad de todo el sistema en base al contenido de la Unidad de Control Organizativo y las propuestas sancionadoras que se elevan a la autoridad gubernativa competente para iniciar y, en su caso, proponer o resolver los expedientes abiertos por las infracciones determinadas en la Ley del Deporte.
De acuerdo con todo ello el contenido del Reglamento se encuadra en el ámbito de las competencias estatales desde una doble perspectiva: las específicas a la seguridad pública a que se refiere el artículo 149.1.29 de la Constitución y las correspondientes a las competiciones deportivas de carácter nacional o internacional, en concordancia con lo previsto en el artículo 46 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
En su virtud, a propuesta conjunta de los Ministros de Educación y Ciencia y del Interior, previo informe de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de mayo de 1993, DISPONGO:
Artículo único. Aprobación del Reglamento.
Se aprueba el Reglamento para la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos que a continuación se inserta.
Disposición adicional primera. Convenio sobre el calendario de adaptación de los recintos deportivos.
1. La adaptación de los recintos o instalaciones deportivas en los que se desarrollen competiciones de categoría profesional, en los términos que establece la disposición transitoria única apartado 2 del presente Real Decreto, se llevará a cabo con sujeción a un calendario cuyos términos y modificaciones se establecerán en lo relativo al ámbito de la competencia estatal, en convenio suscrito por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Ciencia y la Liga Profesional correspondiente.
2. El calendario fijará las condiciones y el ritmo de adquisición, ejecución y financiación de los equipos, obras e instalaciones que hayan de realizarse.
Disposición adicional segunda. Competencias autonómicas.
Lo dispuesto en el Reglamento que se aprueba en materia de seguridad pública se entenderá sin perjuicio de las funciones que puedan corresponder a las Comunidades Autónomas con competencia para la protección de personas y bienes y para el mantenimiento del orden público con arreglo a lo dispuesto en sus respectivos Estatutos.
Disposición transitoria única. Plazos de ejecución de determinadas medidas.
1. Los recintos o instalaciones deportivas en los que se desarrollen competiciones de la categoría profesional de fútbol y baloncesto en la fecha de entrada en vigor del presente Real Decreto dispondrán de un plazo, a contar desde dicha fecha de cinco años, para adaptar las instalaciones y recintos, de forma que cuenten con localidades numeradas y de asiento para todos los espectadores.
2. Igualmente dispondrán de un plazo, a contar desde dicha fecha:
a) De tres años, para realizar las construcciones, instalaciones o soportes fijos necesarios para el funcionamiento de la Unidad de Control Organizativo.b) De dos años para el establecimiento y entrada en funcionamiento del sistema informatizado de control y gestión de ventas de entradas y de acceso a los recintos deportivos.
3. Transcurridos los plazos establecidos en los apartados anteriores, los clubes deportivos que, por ascenso o por cualquier otro procedimiento previsto en las normas reguladoras de las competiciones, obtengan el derecho a participar en competiciones profesionales, dispondrán, a los mismos efectos, desde el inicio de la temporada deportiva en que se produzca su incorporación a la competición profesional, de un plazo de dos años, en el primer supuesto, y de un año en los restantes supuestos.
4. Las normas sobre características materiales y condiciones de expedición de los billetes de entrada en recintos deportivos serán de aplicación en la primera temporada deportiva que comience después de la entrada en vigor del presente Real Decreto.
Disposición final primera. Normativa complementaria.
1. Por Orden del Ministro de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno, a propuesta conjunta de los Ministros del Interior y de Educación y Ciencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en el Reglamento aprobado por este Real Decreto, se determinarán, previo informe de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, los recintos que en el futuro, además de aquéllos en los que se desarrollen competiciones de la categoría profesional de fútbol y baloncesto, habrán de disponer:
a) De localidades numeradas y de asiento para todos los espectadores.b) De Unidad de Control Organizativo.
2. En la misma forma prevista en el apartado anterior, se determinarán, a instancia de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos:
a) Las competiciones deportivas en las que los organizadores habrán de designar un Consejero Delegado de Seguridad.b) El marco de actuación de las agrupaciones de voluntarios constituidas al amparo del artículo 62 de la Ley del Deporte, así como las funciones, sistemas de identificación, derechos y obligaciones, selección, formación y perfeccionamiento de sus miembros.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente Real Decreto y el Reglamento aprobado por el mismo entrarán en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
REGLAMENTO DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS ESPECTACULOS DEPORTIVOS
CAPÍTULO PRELIMINAR.- DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto el desarrollo de las medidas de prevención y control de la violencia en los espectáculos deportivos, contenidas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, y las que resulten aplicables de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, regulando en consecuencia las obligaciones de propietarios de instalaciones deportivas, clubes, sociedades anónimas deportivas y organizadores de acontecimientos deportivos, las funciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en relación con la violencia en el deporte, y la organización y funciones de la figura del Coordinador de Seguridad.
Artículo 2. Ámbito.
Las disposiciones de este Reglamento serán aplicables a las competiciones deportivas de ámbito estatal o de carácter internacional, y en especial a los de fútbol y baloncesto profesionales, a los calificados de alto riesgo, y a aquellos otros que en el futuro se determinen, a instancia de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, creada por la Ley 10/1990 y regulada por el Real Decreto 75/1992, de 31 de enero.
Artículo 3. Normas de protección del público.
La aplicación del presente Reglamento se llevará a cabo sin perjuicio de dar cumplimiento cuando proceda a las disposiciones dictadas para la protección de los derechos del público.
Artículo 4. Coordinación.
Las medidas y actuaciones prevenidas en este Reglamento para garantizar la seguridad colectiva en la celebración de espectáculos deportivos no serán obstáculo y habrán de ser objeto de coordinación respecto a las que en el ámbito de sus competencias puedan llevar a cabo las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales.
CAPÍTULO I.- RESPONSABILIDADES DE LOS ORGANIZADORES
Sección 1. Instalaciones del recinto
Artículo 5. Control informatizado de acceso al recinto y de venta de entradas.
Los responsables de todos los recintos deportivos a que se refiere el artículo 68.1 de la Ley del Deporte deben establecer un sistema informatizado de control y gestión de venta de entradas, así como de acceso a los recintos. La ligas profesionales correspondientes incorporarán a sus Estatutos y Reglamentos la medida de clausura de los recintos que no cumplan oportunamente esta obligación.
Artículo 6. Asientos en las gradas.
1. Los propietarios de instalaciones deportivas, de clubes o las sociedades anónimas deportivas deberán adoptar las medidas necesarias para que los recintos donde se desarrollen competiciones de la categoría profesional de fútbol y baloncesto, así como aquellos otros que en el futuro se determinen en la forma reglamentariamente prevenida, dispongan de localidades numeradas y con asientos para todos los espectadores.
2. Los recintos deportivos en que se desarrollen competiciones profesionales de los expresados deportes dispondrán asimismo de zona reservadas y distantes entre sí para situar a las aficiones de los equipos contendientes, impidiendo materialmente, mediante verjas o elementos similares, la circulación de una a otra zona.
Artículo 7. Ubicación en el recinto del personal de los medios de comunicación.
El personal de los medios de comunicación habrá de disponer, previamente al comienzo de los acontecimientos deportivos, de la acreditación necesaria, debiendo exhibirla notoria y continuadamente durante el transcurso de dichos acontecimientos, y encontrarse situado en las zonas reservadas para su ubicación.
Artículo 8. Unidad de Control Organizativo.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 65.3 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, todas las instalaciones deportivas de la máxima categoría de competición profesional del fútbol y baloncesto contarán con una Unidad de Control Organizativo, instalada y en funcionamiento, a la que deberán incorporarse las dotaciones que se determinan en los artículos 60 a 64 de este Reglamento y además los mandos de apertura automática de los sistemas de barreras y vallas de protección y separación de espacios, y los medios electrónicos, mecánicos o de cualquier otra clase que desde la Unidad permitan controlar el aforo y el ritmo de acceso de espectadores por zonas.
2. Esta Unidad será también obligatoria en todas las instalaciones para las que en el futuro así se determine.
3. Todos los medios y elementos técnicos de control y gestión de entradas, de acceso a los recintos, los medios audiovisuales de la Unidad de Control Organizativo, la barreras y vallas de protección y separación así como cualquier otro medio electrónico, mecánico o de cualquier otra clase instalados en los recintos deportivos deberán ser compatibles entre sí y susceptibles de constituir un sistema único, integrado y operativo.
Sección 2. Condiciones de expedición, formato y características de los billetes de entrada.
Artículo 9. Venta de los billetes de entrada.
1. La venta de billetes de entrada, cuando tenga lugar en el recinto deportivo, se realizará única y exclusivamente en las taquillas instaladas en el propio recinto.
2. Todos los billetes de entrada en recintos deportivos en los que esté instalado un sistema informatizado de control y gestión de los mismos deberán adaptar su formato y características a las condiciones técnicas exigibles para su compatibilidad con el sistema instalado.
Artículo 10. Formato y características.
1. Será responsabilidad de los organizadores de espectáculos deportivos la impresión de los billetes de entrada, de forma que éstos respondan a las características reglamentariamente establecidas.
2. El formato y características técnicas de los billetes de entrada, en cuanto a tamaño, papel, tintes y demás materiales utilizados en su impresión, deberán reunir las condiciones necesarias para impedir o dificultar en la mayor medida posible la copia o falsificación de los mismos.
3. Todos los billetes de entrada que correspondan a una misma competición, torneo o modalidad de organización de eventos deportivos deberán responder a un único formato y tener características comunes.
Artículo 11. Obligaciones de los espectadores.
1. Toda persona que pretenda acceder a un recinto deportivo deberá ser portadora de un billete de entrada expedido a título individual, de billete múltiple, de abono o de cualquier otro título que autorice a los interesados a acceder a un espectáculo o a más de uno.
2. Los espectadores han de ocupar las localidades de la clase y lugar que se corresponda con los billetes de entrada de que sean portadores.
3. Cada espectador está obligado a conservar su billete de entrada hasta su salida del recinto deportivo, debiendo presentarlo a requerimiento de cualquier empleado o colaborador del organizador.
4. Si requerido al efecto un espectador no presentase el billete de entrada, deberá optar por adquirir uno en la taquilla, abonando su precio si lo hubiera disponible, o por el abandono inmediato del recinto deportivo.
Artículo 12. Numeración y control de los billetes de entrada.
1. Los billetes de entrada se compondrán de dos partes: una, la entrada, destinada al espectador; y otra, la matriz, destinada al control.
2. Los billetes de entrada deberán estar correlativamente numerados por clases y corresponder los números de las matrices con los de las entradas.
3. Los billetes de entrada deberán ser asimismo impresos en series de numeración continua, correlativa e independiente para cada acontecimiento o espectáculo deportivo.
4. El número de billetes de entrada que haya sido objeto de impresión no podrá ser superior al aforo del recinto deportivo, debiendo corresponder el número de entradas expedidas más los billetes múltiples o abonos con el de espectadores que hayan entrado en el recinto.
Artículo 13. Clases y tipos de billetes de entrada.
Los billetes de entrada podrán ser de las siguientes clases y tipos:
a) Clases: Se clasificarán en función de la naturaleza de las localidades y de su ubicación en el recinto deportivo. Las distintas clases de localidades y su ubicación deberán reflejarse en un plano del recinto deportivo, el cual deberá estar expuesto públicamente de forma permanente en las taquillas instaladas en el propio recinto.
b) Tipos: Se clasificarán en función del precio, para cada una de las clases, en:
1. Ordinarios, sin especialidad alguna.
2. Reducidos, con un precio inferior al ordinario de los billetes de entrada para la misma clase de localidades y que será ofertado a personas que pertenezcan a grupos o colectivos sociales, previamente determinados por el organizador.
Artículo 14. Anverso y reverso de las entradas.
1. Las entradas deberán contener en el anverso los siguientes datos de identificación:
a) Numeración correspondiente.b) Recinto deportivo.c) Clase de competición, torneo y organizador.d) Evento deportivo, organizador del mismo y clubes, sociedades o entidades participantes.e) Clase y tipo de localidad.f) Puertas de acceso al recinto.
2. Las entradas deberán especificar en el reverso las causas por las que se pueda impedir el acceso al recinto deportivo a los espectadores que hayan adquirido las mismas, incorporando como mínimo las siguientes:
a) La introducción de bebidas alcohólicas, armas, instrumentos susceptibles de ser utilizados como tales, bengalas, fuegos de artificio u objetos análogos.b) La introducción y exhibición de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen incitación a la violencia.c) El haber sido el portador sancionado con la prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo en tanto no se haya extinguido la sanción.d) Encontrarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas.
3. Los organizadores están obligados a fijar uno o varios carteles o tablones en el mismo lugar donde estén instaladas las taquillas, así como en cada una de las puertas de acceso al recinto deportivo, en los cuales y de manera que sea fácilmente visible desde el exterior del recinto, se hagan constar todas y cada una de las causas de prohibición de acceso al propio recinto.
Sección 3. Actuaciones de las Juntas Directivas o Consejos de Administración
Artículo 15. Obligación general.
Los Consejos de Administración de las Sociedades Anónimas Deportivas y las Juntas Directivas de los clubes y organizadores de espectáculos y acontecimientos deportivos vienen obligados a prestar la máxima colaboración a las autoridades gubernativas para la prevención de la violencia en el deporte, poniendo a disposición del Coordinador de Seguridad los elementos materiales y humanos necesarios y adoptando las medidas de prevención y control establecidas por la Ley y por el presente Reglamento.
Artículo 16. Consejero Delegado o representante.
1. En las competiciones deportivas que se determinen en la forma prevenida reglamentariamente, el Consejo de Administración o la Junta Directiva, en su caso, designarán de entre sus miembros un Consejero Delegado o un representante del club que actúe en su nombre a todos los efectos ante los responsables policiales en cuanto afecte a la seguridad del acontecimiento deportivo organizado.
2. Este Consejero Delegado o representante asumirá, en nombre de los organizadores y ante el Coordinador de Seguridad, las obligaciones de colaboración y apoyo que la Ley y el Reglamento les imponen.
Artículo 17. Alto riesgo.
Las federaciones deportivas y ligas profesionales comunicarán a la autoridad gubernativa, con una antelación mínima de ocho días, la programación de los encuentros considerados de alto riesgo de acuerdo con los baremos establecidos con arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de este Reglamento.
Artículo 18. Información sobre grupos de seguidores.
1. Los organizadores facilitarán oportunamente al Coordinador de Seguridad toda la información que tengan disponible sobre los grupos de seguidores del equipo, en cuanto se refiere a composición, nivel de organización, comportamiento y evolución.
2. Asimismo participarán al Coordinador la información de que dispongan sobre los planes de desplazamiento de estos grupos ante la celebración de acontecimientos deportivos concretos, agencias de viaje que utilicen, medios de transporte, localidades vendidas y espacios reservados en el recinto deportivo.
Artículo 19. Revisión de instalaciones del recinto.
Antes de cada acontecimiento deportivo comprendido en el ámbito de este Reglamento, los servicios técnicos del club, sociedad anónima deportiva u organizador practicarán un reconocimiento del recinto para evaluar el grado de adecuación de las instalaciones a las disposiciones vigentes, poniéndolo en conocimiento del Coordinador de Seguridad, con antelación suficiente y con indicación de día y hora, con objeto de que pueda, si lo estima necesario, supervisar su realización. En especial, se revisará el funcionamiento de puertas antipánico, abatimiento de vallas, servicios de evacuación y salvamento, sistemas de prevención, alarma y extinción de incendios, condiciones de seguridad, higiene y, en su caso, alumbrado y ventilación.
Artículo 20. Retirada de instrumentos peligrosos.
Si en el curso del reconocimiento previo se hallaren objetos o instrumentos peligrosos, prohibidos por la Ley, u otros similares o análogos, se procederá a su retirada inmediata y a su entrega al Coordinador de Seguridad.
Sección 4. Condiciones de los envases de productos que se introduzcan o expendan en las instalaciones deportivas
Artículo 21. Rigidez y capacidad de los envases.
1. Los envases de bebidas, alimentos y demás productos que se introduzcan para ser expendidos en las instalaciones o recintos deportivos podrán reunir, dentro de las establecidas con carácter general, cualesquiera condiciones de rigidez y capacidad, siempre que su ubicación, expendición, venta y consumo tengan lugar única y exclusivamente en los almacenes, establecimientos de venta, cafeterías, bares, tabernas, restaurantes o similares, instalados en el interior del recinto deportivo.
2. Los envases de las bebidas, alimentos y demás productos que se expendan o sean objeto de venta al público en el interior de las instalaciones deportivas, fuera de los almacenes o locales indicados en el apartado anterior, no podrán ser botellas o recipientes de metal, vidrio, cerámica, madera o cualquier otro material similar.
3. Los envases de bebida, alimentos o productos que se expendan o vendan en las instalaciones deportivas sólo podrán superar, en cuanto a capacidad o volumen del contenido los 500 gramos o mililitros, en un 5 por 100.
Artículo 22. Previsiones contractuales y responsabilidad.
1. Los actos o contratos, cualquiera que sea la forma jurídica que revistan, por virtud de los cuales se permita o conceda la explotación de los establecimientos instalados en el interior del recinto deberán incluir en su contenido o clausulado la totalidad de las previsiones contenidas en el artículo anterior.
2. La responsabilidad por la expendición de las bebidas, alimentos y demás productos, que incumplan las normas sobre condiciones de rigidez y capacidad de los envases, corresponderá a quienes la efectúen.
Los organizadores de espectáculos deportivos en los que se produzcan las situaciones definidas en el párrafo anterior podrán ser igualmente sancionados cuando se inclumplieren las medidas de vigilancia y control.
3. La concreta determinación e imputación de la responsabilidad se fijará a través del procedimiento que se establezca en desarrollo de lo dispuesto en el Título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sección 5. Cometidos y obligaciones del personal al servicio de los organizadores
Artículo 23. Jefe del Servicio de Seguridad.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, en los recintos donde se celebren competiciones de categoría profesional de fútbol y baloncesto y en aquellos otros que reglamentariamente se determinen, el Consejo de Administración o la Junta Directiva designarán un Jefe del Servicio de Seguridad que estará sometido a la autoridad del Coordinador de Seguridad y seguirá sus instrucciones en cuanto afecte a la seguridad del acontecimiento deportivo.
Artículo 24. Efectividad de las prohibiciones legales.
1. Para garantizar el cumplimiento de las prohibiciones legales, los organizadores dispondrán del personal y de los medios adecuados para impedir a los asistentes la introducción en el recinto de pancartas, símbolos, emblemas o leyendas que impliquen una incitación a la violencia; bebidas alcohólicas, y bebidas o alimentos de cualquier clase de envases rígidos.
2. Asimismo, adoptarán las previsiones oportunas para impedir, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 66.2, 67.4 y 68.2 de la Ley del Deporte, el acceso a cuantos traten de introducir en el recinto armas u objetos susceptibles de ser utilizados como tales, bengalas y fuegos de artificio, o presenten síntomas de hallarse bajo los efectos de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas.
3. Queda prohibida en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas, y los organizadores serán responsables del cumplimiento de la prohibición, la introducción y venta de toda clase de bebidas alcohólicas; considerándose bebidas no alcohólicas aquellas no fermentadas, carbónicas o no, preparadas con agua potable o mineral, ingredientes, características y demás productos autorizados, y entendiéndose por bebidas alcohólicas aquellas que en volumen presenten una graduación alcohólica, en grados centesimales, superior al 1 por 100.
4. El personal del club o de la sociedad anónima deportiva impedirá la exhibición y retirará con carácter inmediato cualquier tipo de pancarta o similar que se exhiba en las gradas incitando a la violencia, así como cualquier clase de bebida o alimento contrario a las prohibiciones anteriores.
Artículo 25. Prohibición cautelar de acceso o expulsión del recinto.
1. Los clubes, sociedades anónimas deportivas u organizadores establecerán los mecanismos necesarios para hacer efectiva, por medio de su personal, la prohibición de acceso de las personas que hubieran sido sancionadas con dicha prohibición y cuya identificación les haya sido previamente facilitada por las autoridades gubernativas o por el Coordinador de Seguridad, así como, en su caso, la expulsión del recinto.
2. Para el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el artículo 24 y en el presente, el personal de los organizadores podrá instar el apoyo de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se encuentren presentes.
Artículo 26. Separación de aficiones de los equipos contendientes.
1. En los encuentros correspondientes a competiciones de categoría profesional, de fútbol y baloncesto, el personal del club o sociedad anónima deportiva se encargará de dirigir y acomodar a los componentes de aficiones de los equipos contendientes, situándolos en los espacios dispuestos al efecto.
2. En los encuentros de otro nivel o modalidad deportiva, los organizadores deberán también adoptar las medidas necesarias para separar adecuadamente en los recintos a los grupos de seguidores que pudieran originar enfrentamientos violentos.
Artículo 27. Acompañamiento de seguidores.
En los encuentros calificados de alto riesgo, tanto de carácter nacional como internacional, los grupos de seguidores serán acompañados por encargados que al efecto disponga el club o la sociedad anónima deportiva del equipo visitante que, con la antelación mínima de ocho días, lo comunicará al Coordinador de Seguridad.
Artículo 28. Formación profesional. Simulacros y emergencias.
1. Los clubes y sociedades deportivas tienen obligación de proporcionar una adecuada preparación profesional al personal fijo de los mismos, así como al contratado, para velar por la seguridad y el normal desarrollo de un acontecimiento deportivo, el cual tendrá la obligación de adquirir dicha preparación, a través de los cursos que a tal efecto se programen por los responsables de la organización policial, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 48 de este Reglamento con la asistencia técnica de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, y que constituirá requisito para su admisión o permanencia en el desempeño de sus funciones.
2. Los acomodadores de los estadios recibirán cursos e instrucciones especiales, impartidos por los clubes o sociedades anónimas deportivas, sobre sus tareas específicas y concretamente sobre colocación de aficiones de los equipos contendientes en los lugares que les estuvieren reservados.
3. Los clubes o sociedades anónimas deportivas organizarán simulacros de emergencia con los recintos desocupados, en los que habrá de participar su personal para adquirir la experiencia técnica necesaria.
Artículo 29. Agrupaciones de voluntarios.
1. Las agrupaciones de voluntarios constituidas al amparo del artículo 62 de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, tendrán el marco de actuación, las funciones informativas, sistemas de identificación, derechos y obligaciones, selección, formación y perfeccionamiento de sus miembros que se determinen en la forma reglamentariamente prevenida, a instancia de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos.
2. Los miembros de estas agrupaciones, en su actuación en los acontecimientos deportivos, seguirán las instrucciones que al efecto impartan el Coordinador de Seguridad y el Jefe del Servicio de Seguridad de la organización.
CAPÍTULO II .- FUNCIONES DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Sección 1. Disposiciones preventivas y cautelares de carácter general
Artículo 30. Funciones en materia de espectáculos deportivos.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollarán en materia de espectáculos deportivos las funciones que se determinan en este Reglamento, además de las competencias generales que tienen asignadas en sus normas específicas, en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana y en el Reglamento General de Policía de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas.
Artículo 31. Calificación del riesgo.
1. Los centros directivos responsables de las organizaciones policiales colaborarán en la determinación de las variables a tener en cuenta para calificar con arreglo al baremo establecido el riesgo de todo acontecimiento deportivo.
2. El sistema de baremos será establecido oficialmente y revisado anualmente, a propuesta de los responsables policiales, por el Ministerio del Interior, previo informe de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos.
3. Una vez fijado o revisado el sistema de evaluación aplicable, se comunicará a las federaciones deportivas y ligas profesionales y también a los clubes, sociedades anónimas deportivas u organizadores de espectáculos deportivos para que puedan calificar el nivel de riesgo de todos aquellos acontecimientos deportivos en que intervengan.
Artículo 32. Tareas informativas.
1. Los servicios competentes de los centros directivos responsables de las organizaciones policiales reunirán la información necesaria sobre grupos violentos en espectáculos deportivos, de modo que ante un acontecimiento concreto se disponga de elementos de juicio para prevenir posibles actuaciones violentas.
2. La información sobre el seguimiento de los grupos violentos y la dinámica de sus comportamientos se pondrá a disposición del Ministerio del Interior o del Coordinador General de Seguridad, en su caso, para que la transmitan a todos los responsables de la seguridad en los espectáculos deportivos.
Artículo 33. Red preventiva de control.
Los responsables policiales de la seguridad en los espectáculos deportivos colaborarán estrechamente, intercambiándose la información disponible, directamente o a través de las autoridades gubernativas, constituyendo una red preventiva de control de los grupos violentos tanto nacionales como extranjeros.
Artículo 34. Planos de instalaciones y llaves maestras.
Los servicios policiales actuantes dispondrán de llaves maestras del recinto para apertura de puertas y accesos al interior del mismo, así como planos de todas las instalaciones, todo lo cual habrá de ser facilitado por los clubes, sociedades anónimas deportivas u organizadores.
Artículo 35. Reuniones previas.
Todo acontecimiento deportivo calificado de alto riesgo determinará la celebración de cuantas reuniones previas estimen necesarias el Coordinador de Seguridad y los demás responsables de la organización policial, debiendo participar el Consejero Delegado o en su caso los representantes de los organizadores y los responsables de los servicios que se prevea vayan a actuar, en función del riesgo, como Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, además de aquellos otros que se determinen en cada caso concreto, procediéndose a la delimitación de zonas de actuación y responsabilidad, dentro y fuera del recinto, antes, dura nte y después del acontecimiento.
Artículo 36. Coordinación con otros servicios.
1. Los servicios policiales actuantes coordinarán a los demás servicios que participen en el acontecimiento deportivo, especialmente los mencionados en el artículo anterior, las agrupaciones de voluntarios y servicios sanitarios, así como a los servicios operativos de seguridad privada del propio club o sociedades anónimas deportivas.
2. Cuando se trate de acontecimientos deportivos que tengan lugar en Comunidades Autónomas que dispongan de Cuerpos de Policía propios, los responsables policiales establecerán las oportunas relaciones de información y colaboración.
3. En los encuentros internacionales, las autoridades gubernativas o el Coordinador General de Seguridad, en su caso, mantendrán las conexiones necesarias, previas o simultáneas, con los responsables policiales del país organizador o de procedencia del equipo visitante, para prevenir la comisión de actos violentos por los grupos seguidores que se desplacen para presenciarlos, intercambiándose toda la información disponible al respecto.
Sección 2. Medidas operativas, específicas y simultáneas
Artículo 37. Dispositivo de seguridad.
1. Cada acontecimiento deportivo determinará la instrucción y puesta en marcha de un dispositivo de seguridad específico que garantice la movilización de los recursos policiales necesarios en cada caso, para afrontar los movimientos de violencia, tanto en el interior como en el exterior del recinto y zonas adyacentes al mismo.
2. Este dispositivo comprenderá medidas preventivas y cautelares sobre los grupos identificados como violentos, así como los servicios de apoyo en los accesos y de vigilancia exterior e interior que, en cada caso, acuerden los responsables policiales y el Coordinador de Seguridad en el club, sociedad anónima deportiva o acontecimiento de que se trate.
Artículo 38. Protección de participantes y público.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad serán directamente responsables de la protección de los asistentes, participantes y equipos arbitrales, dentro y fuera del recinto deportivo y durante el tránsito hasta y desde el mismo, y adoptarán para ello las medidas que resulten más idóneas, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso.
Artículo 39. Control de acceso al recinto.
1. En los accesos al recinto que a juicio de los responsables policiales resulten más conflictivos, se destacarán las Unidades de Intervención que se hubiese acordado con el Coordinador de Seguridad, para prestar servicio de apoyo al personal de vigilancia del club o sociedad anónima deportiva, y llevar a cabo los controles que eviten la infracción de las prohibiciones legales existentes.
2. Cuando se trate de encuentros calificados de alto riesgo se vigilarán las colas de taquillaje, evitando, en todo caso, su formación en línea perpendicular a la puerta en las horas inmediatamente anteriores a su celebración.
Artículo 40. Control de alcoholemia y drogas.
1. Los responsables de la organización policial dispondrán las medidas técnicas que permitan incorporar al dispositivo de seguridad del recinto el control de alcoholemia y el de aquellos en los que se adviertan síntomas de hallarse bajo los efectos de estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes o sustancias análogas. Estas medidas, una vez determinadas, se aplicarán en las áreas neutralizadas a que se refiere el artículo 43 de este Reglamento.
2. Mediante Orden ministerial se establecerán los límites máximos de ingestión de las sustancias mencionadas en el apartado anterior, para acceder a los recintos deportivos.
Artículo 41. Supervisión de actuaciones.
En especial, dichos responsables policiales supervisarán las actuaciones de los organizadores y de su personal, en lo que hace a sus obligaciones legales y exigirán con todo rigor el cumplimiento de la prohibición de acceso, de acuerdo con las previsiones contenidas en los artículos 24 y 25 de este Reglamento.
Artículo 42. Control de aforo.
Cuando se detecte un exceso evidente de ocupación del aforo del recinto que pueda poner en peligro la seguridad de los asistentes, los servicios actuantes lo comunicarán de inmediato al Coordinador de Seguridad que en casos graves podrá acordar incluso la suspensión del acto deportivo, previa consulta con el Coordinador General de Seguridad o con la autoridad de la que dependa directamente.
Artículo 43. Areas neutralizadas.
En las inmediaciones de los recintos deportivos se delimitarán, por razones de seguridad, siempre que sea necesario, áreas neutralizadas con espacios acotados y reservados a los que se impedirá el paso del público en general y que servirán como pasillos de autoridades, como zona para situar las dotaciones de las Fuerzas del orden, aparcamiento de vehículos policiales o permanencia de caballos, o para efectuar los controles a que se refiere el artículo 40 y las demás diligencias y actuaciones que decidan los responsables de los servicios policiales actuantes.
Artículo 44. Control de grupos de seguidores.
Los miembros de la organización policial asignados al efecto dispondrán de los medios instrumentales necesarios para un efectivo control de los grupos de seguidores hasta el recinto deportivo y de regreso del mismo.
Artículo 45. Oficinas móviles de denuncias.
En las proximidades de los recintos en que se celebren acontecimientos deportivos calificados de alto riesgo, se montarán oficinas móviles de denuncias y equipos de recepción de detenidos.
Sección 3. Prácticas de capacitación
Artículo 46. Emergencias y simulacros.
Los simulacros de emergencias a que se refiere el artículo 28.3 se planificarán en colaboración con los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y se practicarán con la asistencia profesional de las unidades policiales especializadas, recabando el auxilio y colaboración de cuantos participen en las tareas de seguridad colectiva de los espectáculos deportivos.
Artículo 47. Protección civil.
Los servicios de Protección Civil prestarán toda la ayuda posible a las unidades policiales para que los efectivos especializados en la prevención de la violencia en los espectáculos deportivos se mantengan al corriente de las disposiciones técnicas y métodos de trabajo que, a este objeto y en el ámbito de su competencia, establezcan las autoridades responsables de Protección Civil.
Artículo 48. Actividades de capacitación.
Las autoridades gubernativas o, en su caso, el Coordinador General de Seguridad, de acuerdo con las previsiones de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, organizarán cursos de orientación técnica y actividades de capacitación destinados a los responsables de la seguridad privada contratados por los clubes o sociedades anónimas deportivas y agrupaciones de voluntarios que se constituyan, así como de formación y especialización de acomodadores y empleados de los organizadores de acontecimientos deportivos.
CAPÍTULO III.- AUTORIDADES GUBERNATIVAS Y COORDINADORES DE SEGURIDAD
Sección 1. Organización
Artículo 49. Disposiciones generales.
En ejercicio de las competencias y responsabilidades que les atribuyen la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, y la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, el Ministerio del Interior y los Gobierno Civiles:
a) Realizarán las funciones de coordinación general previstas en este Reglamento y podrán nombrar Coordinadores Generales de Seguridad para territorios determinados o para modalidades deportivas concretas y, dependiendo funcionalmente de los mismos, coordinadores para recintos o acontecimientos deportivos concretos, con atribuciones limitadas al ámbito de la entidad o evento de que se trate.
b) A fin de garantizar el cumplimiento de las sanciones de inhabilitación para organizar espectáculos deportivos y de prohibición de acceso a cualquier recinto deportivo, dispondrán su anotación en un Registro central que se llevará en el Ministerio del Interior.
c) Comunicarán las prohibiciones de acceso a recinto deportivo concreto, tan pronto como sean ejecutivas, a la entidad titular del recinto, a los efectos previstos en el artículo 25 de este Reglamento.
Artículo 50. Competencia.
1. Las autoridades gubernativas o, en su caso, el Coordinador General de Seguridad asumirán las tareas de dirección, organización, coordinación y control de los servicios de seguridad con ocasión de espectáculos deportivos.
2. El Coordinador de Seguridad en cada club, sociedad anónima deportiva o acontecimiento deportivo asumirá estas mismas tareas a su nivel, bajo la directa dependencia de las Jefaturas Superiores de Policía, Comisarías Provinciales o Locales, y de las Comandancias de la Guardia Civil, según las demarcaciones en que a cada Cuerpo corresponda ejercer sus funciones.
Artículo 51. Nombramiento.
Los Coordinadores Generales y los de recintos o acontecimientos deportivos concretos serán nombrados entre miembros de los Cuerpos Nacional de Policía o de la Guardia Civil, según proceda, a propuesta de los respectivos Directores generales, Jefes superiores, Comisarios provinciales o locales, y primeros Jefes de Comandancias de la Guardia Civil, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 de este Reglamento.
Sección 2. Cometidos y funciones
Artículo 52. Determinación de objetivos.
Las autoridades gubernativas y, en su caso, los Coordinadores Generales de Seguridad asumirán la fijación de objetivos y directrices, tanto de la acción policial como de la acción propia de los clubes o sociedades anónimas deportivas destinada a garantizar la seguridad y el normal desenvolvimiento de los espectáculos de que se trate, previniendo especialmente la producción de sucesos catastróficos o vandálicos.
Artículo 53. Diseño del dispositivo de seguridad.
Teniendo en cuenta las orientaciones de la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, las autoridades gubernativas o los Coordinadores Generales de Seguridad diseñarán el marco de actuación general del dispositivo de seguridad al que deberán atenerse los servicios policiales y los responsables de los clubes o sociedades anónimas deportivas, antes, durante y después del acontecimiento deportivo, dentro y fuera del recinto.
Artículo 54. Funciones de coordinación general.
Los responsables de la coordinación general de seguridad ejercerán específicamente las siguientes competencias:
a) Planificar los servicios de seguridad que, con carácter general, deban establecerse para la celebración de actos deportivos.
b) Coordinar los dispositivos de seguridad de los acontecimientos deportivos, convocando las oportunas reuniones cuando las circunstancias o la urgencia del caso así lo requieran.
c) Supervisar la actuación de los Coordinadores de Seguridad en cada club, sociedad anónima deportiva o acontecimiento deportivo.
d) Fijar las variables a tener en cuenta para calificar el riesgo de los acontecimientos deportivos, con arreglo al baremo establecido.
e) Ejercer las demás funciones de carácter general necesarias para la protección de personas, instalaciones o bienes con motivo de los acontecimientos deportivos.
Artículo 55. Relaciones.
En el ejercicio de las indicadas funciones, los responsables de la coordinación general de seguridad mantendrán las necesarias relaciones de información y colaboración con las autoridades deportivas, centrales y autonómicas, así como con los responsables federativos, ligas profesionales y clubes o sociedades anónimas deportivas de todos los ámbitos o con cualquier otra persona o entidad organizadora de acontecimientos deportivos.
Artículo 56. Funciones del Coordinador de Seguridad en cada club, sociedad anónima o acontecimiento deportivo.
El Coordinador de Seguridad en cada club, sociedad anónima o acontecimiento deportivo deberá organizar el dispositivo de seguridad específico; mantener las relaciones y comunicaciones necesarias con el Consejero Delegado o el representante del club y con el respectivo Jefe del Servicio de Seguridad; coordinar la actuación de todos los servicios que participen en el evento deportivo en función del riesgo, especialmente Policía Municipal, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja, Agrupaciones de Voluntarios y Servicios Sanitarios, a cuyo efecto convocará cuantas reuniones sean necesarias; ejerciendo especialmente las siguientes funciones:
A) En el exterior del recinto:
a) Disponer el servicio en el exterior e inmediaciones del recinto con las dotaciones policiales determinadas por los responsables de la organización policial.b) Ordenar al Jefe del Servicio de Seguridad y empleados del club o sociedad anónima deportiva llevar a efecto controles de asistentes en los accesos más conflictivos.c) Controlar en todo momento el sistema de venta de billetes de entrada de modo que la ocupación no supere el aforo del recinto.d) Supervisar el cumplimiento estricto de las obligaciones correspondientes a los organizadores con arreglo a lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de este Reglamento.e) Disponer con los responsables de los servicios policiales el apoyo más adecuado para la efectividad de las medidas adoptadas por los organizadores en el recinto.f) Recomendar medidas para el acceso ordenado de los seguidores al recinto.
B) En el interior del recinto:
a) Ejercer el mando directo desde la Unidad de Control Organizativo sobre el dispositivo de seguridad.b) Reconocer previamente el recinto deportivo prestando especial atención a la compartimentación y separación de las aficiones de los equipos contendientes y a la ubicación de grupos presumiblemente violentos en los acontecimientos deportivos calificados de alto riesgo a riesgo moderado.c) Disponer con los responsables de los servicios policiales el servicio de orden y el servicio de apoyo adecuado en el interior del recinto, determinando los efectivos policiales uniformados y de paisano que se vayan a utilizar.d) Supervisar las actuaciones de los responsables del club o sociedades anónimas deportivas en la ubicación de las aficiones de los equipos contendientes en las zonas previamente reservadas al efecto.e) Controlar que los organizadores hagan cumplir estrictamente la prohibición de venta de bebidas alcohólicas y la venta de bebidas, alimentos o cualquier otro producto con envases rígidos.f) Obligar a los responsables del recinto a la retirada inmediata de pancartas y símbolos que inciten a la violencia, exhibidos por los espectadores o asistentes.g) Mantener contacto permanente con las Unidades de Intervención situadas en el exterior del recinto y tener informados a sus responsables de cuantas incidencias se estén produciendo en el campo y afecten a la seguridad del acontecimiento deportivo.h) Identificar, con los medios técnicos de la Unidad de Control Organizativo y del recinto deportivo, a los grupos y personas de actitudes violentas o que provoquen a las aficiones de los equipos contendientes.i) Recomendar al público asistente, a través de megafonía, que respete las medidas de seguridad colectiva.j) Supervisar en su momento el desalojo del recinto, procurando su normalidad.
C) Otras funciones:
a) Remitir informe después de cada acontecimiento deportivo, con expresión de las incidencias registradas, a los superiores o autoridades de que dependan, analizando el servicio de seguridad prestado y proponiendo las modificaciones pertinentes o el empleo de nuevos métodos de actuación, a los efectos prevenidos en los artículos 32 y 33 de este Reglamento.b) Proponer la apertura de expediente sancionador a los propietarios de las instalaciones deportivas, clubes, sociedades anónimas deportivas u organizadores, así como a los asistentes al espectáculo que hubieran participado en hechos tipificados como infracción, sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Comisión Nacional contra la Violencia en Espectáculos Deportivos.c) Suspender, previa consulta con los superiores o autoridades de que dependan, la celebración o continuación del acto, si estima que no se dan las garantías necesarias para su normal desarrollo, por faltas graves de organización, seguridad u orden público.
CAPÍTULO IV.- LA UNIDAD DE CONTROL ORGANIZATIVO
Artículo 57. Definición.
La Unidad de Control Organizativo es el centro, dotado del conjunto de medios que se determinan en los artículos siguientes y adecuadamente ubicado en las instalaciones deportivas, desde donde el Coordinador ejerce la dirección del dispositivo de seguridad, en todas sus fases, durante el acontecimiento deportivo, con la asistencia del responsable de seguridad del mismo, para facilitar su normal desarrollo.
Artículo 58. Situación.
La Unidad de Control Organizativo estará situada en una zona estratégica y dominante del recinto deportivo, disponiendo de buenos accesos y comunicaciones con el interior y exterior del campo.
Artículo 59. Ubicación de los responsables de seguridad.
Los responsables superiores de los distintos servicios de seguridad, con presencia en el interior de los recintos, se situarán en las instalaciones de esta Unidad durante la celebración de los encuentros deportivos.
Artículo 60. Dotación.
Cada Unidad de Control Organizativo dispondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: circuito cerrado de televisión, megafonía y enlaces de radio y telecomunicación, así como los demás medios que resulten necesarios para el control del recinto.
Artículo 61. Circuito cerrado de televisión.
1. Este circuito contará con cámaras fijas y móviles. Las cámaras fijas controlarán el exterior e interior del recinto, cubriendo las zonas de acceso y las gradas y proporcionando una visión total de aquél. Las cámaras móviles se situarán en los espacios que el Coordinador estime necesario controlar especialmente en cada acontecimiento deportivo.
2. El circuito cerrado de televisión dispondrá, asimismo, de medios de grabación para registrar las actitudes de los asistentes y el comportamiento de los grupos violentos.
Artículo 62. Megafonía.
1. La Unidad de Control Organizativo tendrá un sistema de megafonía propio, con capacidad y alcance suficiente para el interior y exterior del recinto y con dispositivo de seguridad que permita anular el sistema general de aquél.
2. El sistema de megafonía habrá de estar dotado de los medios humanos necesarios para efectuar la traducción y emisión de las indicaciones, advertencias o mensajes que hayan de efectuarse en más de un idioma.
Artículo 63. Enlaces de radio y telecomunicación.
1. La emisora directora de la Unidad de Control Organizativo comprenderá las mallas integradas de la red de Policía Local, Medios Sanitarios y Protección Civil; las mallas de las Unidades de Intervención del Operativo policial, incluyendo las unidades polivalentes de aquéllas, las del distrito policial, las especiales, las de escolta, helicópteros y TEDAX, así como las mallas policiales del servicio integradas por la oficina de denuncias, medios sanitarios y centros de detenidos.
2. La central telefónica de la Unidad de Control Organizativo contará con las extensiones policiales exteriores e interiores que permitan, en todo momento, la comunicación libre con personal e instituciones relacionadas con la seguridad colectiva de los asistentes y del público en general.
Artículo 64. Personal técnico.
Los clubes, sociedades anónimas deportivas u organizadores de los acontecimientos deportivos proporcionarán el personal especializado necesario para el mantenimiento y asistencia técnica de todas las instalaciones integradas en la Unidad de Control Organizativo.
Artículo 65. Financiación.
Serán de cargo de los propietarios de las instalaciones deportivas, sociedades anónimas deportivas o clubes todos aquellos medios de la Unidad de Control Organizativo que requieran construcciones, instalaciones o soportes fijos, mientras que corresponderá al Ministerio del Interior la aportación de los elementos móviles que sean de uso directo del Coordinador de Seguridad.
CAPÍTULO V.- ACTAS, INFORMES Y PROPUESTAS
Artículo 66. Acta del espectáculo.
1. Finalizado el espectáculo deportivo, el Coordinador de Seguridad levantará acta, con la participación de los responsables de los servicios enumerados en los artículos 35 y 36.1 y del Consejero Delegado o representante del club, sociedad anónima deportiva u organizador del espectáculo.
2. En el acta, se harán constar:
a) El desarrollo y aplicación del dispositivo de seguridad, antes, durante y después del espectáculo.b) Los actos violentos y demás incidencias producidas, que sean relevantes desde el punto de vista de la seguridad.c) Las manifestaciones, sugerencias o propuestas que estimen necesario formular los asistentes sobre el diseño y aplicación del dispositivo de seguridad.
3. Del acta se extenderán copias para los clubes, sociedades anónimas deportivas participantes u organizadores, y para la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos, a la que deberá ser enviada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la celebración del espectáculo.
Artículo 67. Evaluación de medios, actuaciones y resultados.
Una vez concluidos los encuentros calificados de alto riesgo, los responsables de los servicios policiales actuantes analizarán los medios empleados, las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, proponiendo, en su caso, la modificación de los sistemas operativos utilizados o la adopción de otros nuevos para lo sucesivo.
Artículo 68. Informe general.
Refundiendo los distintos informes formulados por los Coordinadores de Seguridad en los diferentes clubes, sociedades anónimas y acontecimientos deportivos, la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos realizará informes globales, con los análisis generales que procedan y las propuestas correspondientes.
Artículo 69. Propuestas sancionadoras.
1. De acuerdo con el acta que, de cada acontecimiento deportivo, haya levantado el Coordinador de Seguridad, y sin perjuicio de las competencias de la autoridad gubernativa, la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos podrá elevar propuesta motivada de instrucción de expedientes sancionadores a los organizadores, espectadores y cualquier otra persona que, a su juicio, pudiera haber incurrido en alguna de las infracciones tipificadas en la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.
2. La autoridad gubernativa dará asimismo cuenta oportunamente a la Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos de los acuerdos de incoación de expedientes sancionadores y de las resoluciones que pongan fin a los expedientes instruidos.
3. La Comisión Nacional contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos actuará al respecto de acuerdo con lo previsto en este Reglamento y en el Real Decreto 75/1992, de 31 de enero, por el que se regula su composición y funcionamiento.
Artículo 70. Excesos del aforo del recinto.
Se dará cuenta a la Administración tributaria, a los efectos oportunos, de los excesos que se produzcan en cada caso en la ocupación de los recintos respecto a los correspondientes aforos, con independencia del expediente administrativo sancionador que pueda incoarse por infracción de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte.

Registros de Bolsos

2007-03-28T11:35:00.001-07:00

INFORME SOBRE LICITUD O NO DE LA EXIGENCIA IMPUESTA POR ALGUNOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA QUE LOS USUARIOS MUESTREN EL CONTENIDO DE SUS BOLSOS

Por parte de la Consejería de Sanidad Consumo y Bienestar Social del Gobierno de una determinada Comunidad Autónoma, se ha elevado consulta en la que se plantea la problemática creada respecto de ciertos establecimientos comerciales que tienen, junto a la Caja registradora, un cartel con el texto "por favor, muestre su bolso a la Cajera", consulta en la que se interroga sobre la posible licitud o no de dicha exigencia.
En relación con ello y teniendo en cuenta la opinión emitida por el Instituto Nacional de Consumo, esta Secretaría General Técnica expone su parecer a través de las siguientes consideraciones:
1.- DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES O USUARIOS
De acuerdo con el contenido del artículo 23 de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, los poderes públicos y, concretamente, los órganos y servicios de las Administraciones Públicas competentes en materia de consumo, adoptarán o promoverán las medidas adecuadas para suplir o equilibrar las situaciones de inferioridad, subordinación o indefensión en las que puedan encontrarse, individual o colectivamente, el consumidor o usuario.
Entre las acciones que, en este sentido, pueden adoptarse, se encuentra -apartado e).3- el análisis de reclamaciones o quejas, y de todas aquellas actuaciones de personas o Entidades, públicas o privadas, que impliquen circunstancias lesivas para la dignidad de las personas.
En este sentido, la exigencia indiscriminada -por parte de un establecimiento comercial- de mostrar el contenido de un bolso a las cajeras del establecimiento, es un hecho que claramente incide -por lesivo- en la dignidad y en la privacidad de las personas, y que únicamente podría ser ejecutado cuando existiese certeza -o al menos motivos concretos para sospechar- sobre la comisión de un hecho delictivo, y por quienes están facultados en materia de "seguridad privada".
2.- CONTROL DE EFECTOS PERSONALES
El control de efectos personales, es una actuación material que incide en el derecho a la intimidad personal -derecho reconocido en el artículo 18 CE-.
El derecho a la intimidad personal no es, sin embargo, un derecho de carácter absoluto -como señala la STC 37/1989, de 15 de febrero, al referirse a la intimidad corporal como parte de la intimidad personal-, y puede llegar a ceder en ciertos casos, ante exigencias públicas.
Así sucede, por ejemplo, en el caso de cacheos o registros personales por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; actuación que se halla cubierta por las previsiones del artículo 11.1 f) y g) de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad -véase la STS de 27 de septiembre de 1996 (Ref. Art.6761)-, apareciendo, también, en la actualidad en los artículos 18 y 19.2 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana.
Se trata, en consecuencia, de un sometimiento general y legítimo de los ciudadanos a "normas de Policía", basadas en el hecho de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tienen el derecho y la obligación de defender la seguridad y el orden, persiguiendo el delito en todas sus manifestaciones.
Ahora bien, en la realización de estas actuaciones siempre ha de tenerse presente el principio de proporcionalidad, que se constituye en el eje definidor de lo permisible, porque es preciso guardar, siempre, el justo equilibrio entre lo que se quiere investigar y el perjuicio o menoscabo que puede sufrir la dignidad o la intimidad de la persona como consecuencia de tales actuaciones.
Si tal principio ha de ser respetado por quienes tienen como misión -constitucionalmente definida- garantizar la seguridad ciudadana, con mayor motivo ha de ser aplicado en cuestiones de seguridad privada.
3.- SEGURIDAD PRIVADA
Las actividades de Seguridad Privada, consideradas como servicios complementarios y subordinados de los servicios de Seguridad Pública, vienen contempladas en la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada (en adelante LSP), desarrollada por el Reglamento de Seguridad Privada (en lo sucesivo RSP), aprobado por Real Decreto 2369/1994, de 9 de diciembre.
Tales disposiciones articulan las facultades que pueden tener los ciudadanos para crear o utilizar servicios privados de seguridad, como medio de prevención del delito, contribuyendo, por tanto, al mantenimiento de la Seguridad Pública.
Ahora bien, la defensa de la seguridad no puede ser nunca ocasión de agresiones, coacciones, desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales, y por ello las disposiciones mencionadas establecen una intensa intervención administrativa en la organización y desarrollo de las actividades de seguridad privada.
Importa destacar -a los efectos de la cuestión objeto de consulta-, como rasgos de esta intervención administrativa, los siguientes:
a) Únicamente pueden realizar actividades de seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y el personal de seguridad privada -artículo 1.2 LSP-.
b) Entre las funciones de los vigilantes de seguridad se encuentran la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles -artículo 11.1.a) LSP-, así como evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de protección -artículo 11.1.c) LSP-; funciones que han de ser desarrolladas por vigilantes integrados en empresas de seguridad -artículo 12.1 LSP-.
c) De acuerdo con el artículo 1.3 LSP, las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en la LSP y en el resto del ordenamiento jurídico; y el personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones a los principios de integridad y dignidad, protección y trato correcto a las personas, evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles.
Pues bien, incardinado en el Capítulo II -Funciones, deberes y responsabilidades- del Título II -Personal de Seguridad- del RSP, se encuentra el artículo 76, titulado "Prevenciones y actuaciones en casos de delito", que literalmente dispone:
"1.- En el ejercicio de la función de protección de bienes inmuebles, así como de las personas que se encuentran en ellos, los vigilantes de seguridad deberán realizar las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.
2.- No obstante, cuando observaren la comisión de delitos en relación con la seguridad de las personas o bienes objeto de protección, o cuando concurran indicios racionales de tal comisión, deberán poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los presuntos delincuentes, así como los instrumentos, efectos y pruebas de los supuestos delitos".
Puede admitirse, en consecuencia, que en el ejercicio de su función de protección de bienes inmuebles, los vigilantes de seguridad están facultados -cuando existan indicios concretos de la comisión de un hecho delictivo- para solicitar de una persona, que se encuentre en el interior de un establecimiento comercial de cuya vigilancia estuviesen encargados, que le muestre -por ejemplo- el contenido de un bolso o paquete que pudiera portar (en caso de negativa, naturalmente, ha de limitarse a la aplicación del artículo 76.2 RSP, citado).
Ahora bien, esta actuación -en el ámbito de la seguridad privada- únicamente puede ser realizada por los vigilantes de seguridad, y nunca -en aplicación del principio de proporcionalidad- puede ser adoptada de forma generalizada.
4.- CONCLUSIONES
Los titulares de los establecimientos comerciales, para la evitación de la comisión de actos delictivos, únicamente pueden adoptar las medidas reglamentadas, y los medios materiales homologados en materia de seguridad privada. Es evidente que no puede establecerse una condición, para el acceso a un establecimiento comercial que pueda incidir -o lesionar- en un derecho fundamental.
Entre tales medidas puede encontrarse la contratación de personal de seguridad -integrados en empresas de seguridad- para la realización de comprobaciones, registros y prevenciones, necesarios para el cumplimiento de su función, que, cuando incidan en derechos de las personas, únicamente podrán ejecutarse en el caso de que se observe la comisión de un delito o concurran indicios racionales de tal comisión.
Así pues, la exigencia generalizada, en un establecimiento comercial, de "mostrar el bolso a la cajera", en cuanto destinada a la evitación de la comisión de actos delictivos, se incardina en la materia de seguridad privada, y no se encuentra amparada por la legislación en esta materia. Además, la circunstancia de que tal medida -que se incluye, en determinadas circunstancias, entre las facultades de los vigilantes de seguridad- se realice por quien no tiene la consideración de personal de seguridad, puede suponer la infracción tipificada por el artículo 154.3.c) RSP.

Deontología

2007-03-28T11:34:00.001-07:00

DEONTOLOGÍA

1º.- Respetar la constitución y las LEYES.

2º.-Actuar con NEUTRALIDAD, INTEGRIDAD y DIGNIDAD.

3º.- Poner VOLUNTAD y ESMERO en el desempeño de su profesión, teniendo siempre presente que van en ello la seguridad de los demás y la propia.

4º.- Observar en el trato con las personas un COMPORTAMIENTO correcto y esmerado.

5º.- Intervenir con DECISIÓN y SIN DEMORA, cuando fuera necesario, y en el uso de la fuerza y, sobre todo, de las armas, seguir un CRITERIO RESTRICTIVO, según los principios de CONGRUENCIA, OPORTUNIDAD y PROPORCIONALIDAD.

6º.- Obrar bajo los principios de OBEDIENCIA y JERARQUÍA, excepto en los actos que constituyan delito o sean contrarios a las leyes.

7º.- Colaborar con la JUSTICIA y los CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD en el ámbito de su trabajo.

8º.- Impedir la COMISIÓN DE DELITOS en sus lugares de trabajo e informar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de aquéllos que conozcan en el ejercicio del mismo.

9º.- Guardar el SECRETO PROFESIONAL respecto de las actividades empresariales, familiares y personales conocidas con ocasión del servicio.

10º.- Ser consciente de la RESPONSABILIDAD personal y directa por sus actuaciones profesionales

Ley 23/1992 de Seguridad Privada

2007-03-28T11:30:00.000-07:00

LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA, MODIFICADA POR EL
REAL DECRETO-LEY 2/1999, DE 29 DE ENERO Y POR LA LEY 14/2000, DE 29 DE
DICIEMBRE

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno.
La seguridad representa uno de los pilares básicos de la convivencia y, por tanto, su
garantía constituye una actividad esencial a la existencia misma del Estado moderno
que, en tal condición, se ejerce en régimen de monopolio por el poder público. Sin
embargo, progresivamente se ha ido extendiendo por todas las sociedades de nuestro
entorno la realización de actividades de seguridad por otras instancias sociales o
agentes privados, llegando a adquirir en las últimas décadas un auge hasta ahora
desconocido. De aquí que países como Bélgica, Francia, el Reino Unido o Italia hayan
aprobado recientemente leyes de nueva planta o modificado su anterior legislación
para integrar funcionalmente la seguridad privada en el monopolio de la seguridad que
corresponde al Estado.
En este marco se inscribe la presente Ley, en su consideración de los servicios
privados de seguridad como servicios complementarios y subordinados respecto a los
de la seguridad pública. A partir de ahí se establece un conjunto de controles e
intervenciones administrativas que condicionan el ejercicio de las actividades de
seguridad por los particulares. Lo que se busca con estas normas es articular las
facultades que puedan tener los ciudadanos de crear o utilizar los servicios privados
de seguridad con las razones profundas sobre las que se asienta el servicio público de
la seguridad.
El desarrollo de la seguridad privada que se ha producido en nuestro país, a partir de
la primera regulación de este tipo de prestaciones de servicios, en 1974, obliga a
revisar el tratamiento legal para permitir un control eficaz del elevado número de
empresas del sector y de los actuales vigilantes jurados de seguridad, cuya existencia
no puede ser cuestionada, toda vez que se trata de un medio de prevención del delito
y contribuye, por tanto, al mantenimiento de la seguridad pública. Además debe
tenerse en cuenta que la presencia de vigilantes en controles de acceso y seguridad
interior no suele tener una trascendencia externa que perjudique el quehacer de los
Cuerpos de Seguridad, porque están llamados a actuar como elementos
colaboradores en tareas que difícilmente podrían cubrir por sí solos.
El análisis del sector y de sus circunstancias ponen de relieve que paralelamente a su
crecimiento han aparecido numerosos problemas, tales como el intrusismo, la falta de
normas de homologación de productos, deficiente formación de los vigilantes,
irregularidades en su funcionamiento y comisión de numerosas infracciones, así como
la ausencia sobrevenida de requisitos esenciales.
La proyección de la Administración del Estado sobre la prestación de servicios de
seguridad por empresas privadas y sobre su personal se basa en el hecho de que los
servicios que prestan forman parte del núcleo esencial de la competencia exclusiva en
materia de seguridad pública atribuida al Estado por el artículo 149.1.29 de la
Constitución, y en la misión que, según el artículo 104 del propio texto fundamental,
incumbe a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, de
proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana.
Ello significa que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han de estar
permanentemente presentes en el desarrollo de las actividades privadas de seguridad,
conociendo la información trascendente para la seguridad pública que en las mismas
se genera y actuando con protagonismo indiscutible, siempre que tales actividades
detectan el acaecimiento de hechos delictivos graves, perseguibles de oficio.
La defensa de la seguridad no puede ser ocasión de agresiones, coacciones,
desconocimiento de derechos o invasión de las esferas jurídicas y patrimoniales de
otras personas. Y ésta es una de las razones que justifican la intensa intervención en
la organización y desarrollo de las actividades de las empresas privadas de seguridad,
por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen la misión
constitucional de proteger los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y
garantizar su seguridad.
Ante un panorama como el descrito se hacía necesario realizar un esfuerzo clarificador
que, estudiando todos los hechos que giran en torno a la seguridad privada, permitiese
hacer una diagnosis de su situación, a partir de la cual se buscasen las soluciones
adecuadas para ordenar un sector que sigue en alza y que, además, pretende acceder
a nuevas áreas de actividad dentro de la seguridad.
Dos.
La normativa vigente, integrada principalmente por disposiciones sobre empresas
privadas y vigilantes de seguridad, es de inspiración preconstitucional, aunque algunas
de sus formulaciones actuales obedezcan a reelaboraciones promulgadas con
posterioridad a la publicación de la Constitución Española de 1978.
Una de las críticas más abiertamente expresadas, y generalmente coincidentes, se
refiere no tanto a la deficiencia de las normas como a su enorme dispersión y a su
falta de estructura unitaria y sistemática, lo que produce, claro está, lagunas o
desfases propios de una legislación que envejece y que ha sido superada por la rápida
evolución del sector.
Ello ha dado lugar al surgimiento de actividades prohibidas, o no prohibidas
estrictamente, pero carentes de cobertura legal suficiente, cuyo tratamiento jurídico
con rango legal necesario es urgente.
Tres.
Aparte de los aspectos relativos a la formación profesional del personal de seguridad
privada, se considera necesario incorporar al ordenamiento jurídico, a través de la Ley
primero, y posteriormente por medio del correspondiente Reglamento, las previsiones
demandadas por la evolución que se ha operado en el sector de la seguridad privada.
1. El depósito y almacenamiento de fondos por las empresas de seguridad, no previsto
en las normas vigentes, ha surgido como un hecho y una necesidad derivados, de
forma natural y automática, del transporte de fondos, determinante de la concentración
de éstos en las dependencias de las empresas de seguridad, lo que exige su previsión
normativa y su regulación.
Por su parte, el transporte aéreo de fondos, aunque no está excluido expresamente de
la legislación vigente, carece prácticamente de regulación específica en la actualidad y
se considera necesaria su previsión, principalmente cuando están implicados en las
necesidades de fondos territorios insulares o zonas de difícil acceso por razones
geográficas.
2. La prestación sin armas del servicio propio de los vigilantes de seguridad constituye
una modalidad que ha nacido a la vida al calor de los Convenios laborales del sector, a
través de la figura del denominado Guarda de Seguridad , revelándose al propio
tiempo que en la mayoría de los casos resultaba innecesaria y desproporcionada la
realización de tales actividades con armas, de donde sólo se autorizará el uso de las
mismas cuando lo exijan las concretas circunstancias.
3. La existencia en nuestro país de los servicios de protección personal es una
realidad que no cabe desconocer. Estos servicios son prestados, en la mayoría de los
casos, por vigilantes al servicio de algunas empresas de seguridad inscritas y, en otros
casos, por personal propio de las entidades a las que pertenece el protegido.
La atribución a las empresas de seguridad de la posibilidad de realizar servicios de
protección personal supondría la normalización y adecuación de este tipo de
actividades a una normativa concreta que vendría a llenar el vacío legal existente, ante
una situación real pero no prevista jurídicamente, debiéndose establecer fuertes
mecanismos de control por parte de la Administración, como respecto de los servicios
en sí mismos y del personal encargado de prestarlos.
4. El ámbito predominantemente rural en el que desenvuelven sus funciones los
guardas particulares del campo hace que, si bien no tienen sentido ni la especificidad
de determinadas normas ni lo anacrónico de algunos aspectos de su regulación,
deben mantenerse ciertas notas características de su régimen jurídico que requieren
especialidades respecto del establecido para los vigilantes de seguridad.
En consecuencia, la regulación de los guardas particulares del campo, que ha
sobrevivido casi ciento cincuenta años y que contiene elementos que responden a
necesidades históricas y geográficas concretas, debe ser adaptada a las exigencias
actuales en el ámbito de la Ley de Seguridad Privada, teniendo en cuenta su identidad
sustancial.
5. Respecto a la profesión de detective privado, de ya larga tradición en España y en
general en los países occidentales, se detectan múltiples problemas, entre los cuales
los más importantes son los de insuficiencia de la normativa vigente, de determinación
de controles o intervenciones de la Administración y de sistemática legislativa, que
plantea la alternativa de su incorporación a las disposiciones sobre seguridad privada
o de mantenimiento de la autonomía del bloque normativo.
La insuficiencia de rango normativo resulta evidente, si se tiene en cuenta que una
Orden del Ministerio del Interior de 20 de enero de 1981 regula los requisitos y
condiciones de ejercicio de la profesión; el sistema de intervención o control de la
Administración del Estado en la organización, puesta en marcha y funcionamiento de
las agencias privadas de investigación; e inclusive el régimen sancionador aplicable a
los titulares de las agencias y al personal vinculado a las mismas, lo que ha llevado al
Tribunal Constitucional a declarar nulo el artículo 12 de dicha Orden en la Sentencia
61/1990, de 29 de marzo.
La posible incorporación de la regulación de los detectives a una Ley de Seguridad
Privada ha sido objeto de estudios y deliberaciones. Como ya se ha indicado, su
especificidad es evidente. Sin embargo, hay que tener en cuenta razones de urgencia
en resolver los problemas normativos de la profesión, de los que devienen otros,
también graves, por derivación, como el del intrusismo. Pero, sobre todo, no hay nada
que impida aprovechar la oportunidad de la tramitación de una Ley de Seguridad
Privada, para intentar solucionar tales problemas, si se tiene en cuenta que también en
este sector se produce el hecho sustancial de que el ámbito de actuación es
parcialmente común con el de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo que permite y
aconseja que sean, asimismo, idénticos los mecanismos de coordinación subordinada
y de intervención de los servicios policiales.
6. Por último, es, desde luego, urgente y necesaria la dotación del rango normativo
suficiente al desarrollo del régimen sancionador aplicable a la materia, que, en la
legislación actualmente vigente y siguiendo mentalidades y pautas preconstitucionales,
apenas tiene apoyo en normas con rango de Ley y se encuentra contenido,
prácticamente en su totalidad, en Reales Decretos y en Ordenes ministeriales.
Precisamente porque el régimen sancionador se considera la clave de arco para
garantizar el cumplimiento de las finalidades del ordenamiento global de la seguridad
privada, resulta imprescindible incorporar dicho régimen a una disposición con rango
adecuado, en la que se tipifiquen todas las infracciones posibles, se determinen las
sanciones a imponer y se diseñe el procedimiento sancionador, con especificación de
las autoridades competentes para aplicar las distintas sanciones. Para que la
Administración realice un control eficaz de cuantas actividades sean reguladas, resulta
fundamental abordar, a la hora de elaborar una nueva disposición, la parte
sancionadora al objeto de garantizar adecuadamente la seguridad de personas y
bienes.
CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.
1. La presente Ley tiene por objeto regular la prestación por personas, físicas o
jurídicas, privadas de servicios de vigilancia y seguridad de personas o de bienes, que
tendrán la consideración de actividades complementarias y subordinadas respecto a
las de seguridad pública.
2. A los efectos de la presente Ley, únicamente pueden realizar actividades de
seguridad privada y prestar servicios de esta naturaleza las empresas de seguridad y
el personal de seguridad privada, que estará integrado por los vigilantes de seguridad,
los jefes de seguridad y los escoltas privados que trabajen en aquéllas, los guardas
particulares del campo y los detectives privados.
3. Las actividades y servicios de seguridad privada se prestarán con absoluto respeto
a la Constitución y con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en el resto del
ordenamiento jurídico. El personal de seguridad privada se atendrá en sus actuaciones
a los principios de integridad y dignidad; protección y trato correcto a las personas,
evitando abusos, arbitrariedades y violencias y actuando con congruencia y
proporcionalidad en la utilización de sus facultades y de los medios disponibles.
4. Las empresas y el personal de seguridad privada tendrán obligación especial de
auxiliar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones, de
prestarles su colaboración y de seguir sus instrucciones en relación con las personas,
los bienes, establecimientos o vehículos de cuya protección, vigilancia o custodia
estuvieren encargados.
Artículo 2.
1. Corresponde el ejercicio de las competencias administrativas necesarias para el
cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley al Ministerio del Interior y a los
Gobernadores Civiles.
2. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, corresponde al Cuerpo Nacional de Policía el control de las entidades,
servicios o actuaciones y del personal y medios en materia de seguridad privada,
vigilancia e investigación.
3. A los efectos indicados en el apartado anterior, habrá de facilitarse a los miembros
del Cuerpo Nacional de Policía, que en cada caso sean competentes, la información
contenida en los Libros-Registros prevenidos en los supuestos y en la forma que
reglamentariamente se determinen.
4. Asimismo, las empresas de seguridad y los detectives privados presentarán cada
año un informe sobre sus actividades al Ministerio del Interior, que dará cuenta a las
Cortes Generales del funcionamiento del sector. Dicho informe habrá de contener
relación de los contratos de prestación de los servicios de seguridad celebrados con
terceros, con indicación de la persona con quien se contrató y de la naturaleza del
servicio contratado, incluyéndose igualmente los demás aspectos relacionados con la
seguridad pública, en el tiempo y en la forma que reglamentariamente se determinen.
Artículo 3.
1. Las empresas y el personal de seguridad privada no podrán intervenir, mientras
estén ejerciendo las funciones que les son propias, en la celebración de reuniones y
manifestaciones ni en el desarrollo de conflictos políticos o laborales, sin perjuicio de
mantener la seguridad que tuvieren encomendada de las personas y de los bienes.
2. Tampoco podrán ejercer ningún tipo de controles sobre opiniones políticas,
sindicales o religiosas, o sobre la expresión de tales opiniones, ni crear o mantener
bancos de datos con tal objeto.
3. Tendrán prohibido comunicar a terceros cualquier información que conozcan en el
ejercicio de sus funciones sobre sus clientes, personas relacionadas con éstos, así
como los bienes y efectos que custodien.
Artículo 4.
1. Para garantizar la seguridad, solamente se podrán utilizar las medidas
reglamentadas y los medios materiales y técnicos homologados, de manera que se
garantice su eficacia y se evite que produzcan daños o molestias a terceros.
2. El Ministerio del Interior determinará las características y finalidades de dichos
medios materiales y técnicos, que podrán ser modificadas o anuladas cuando varíen
las condiciones o circunstancias que determinaron su aprobación.
CAPÍTULO II: EMPRESAS DE SEGURIDAD
Artículo 5.
1. Con sujeción a lo dispuesto en la presente Ley y en las normas reglamentarias que
la desarrollen, las empresas de seguridad únicamente podrán prestar o desarrollar los
siguiente servicios y actividades:
a) Vigilancia y protección de bienes, establecimientos, espectáculos, certámenes o
convenciones.
b) Protección de personas determinadas, previa la autorización correspondiente.
c) Depósito, custodia, recuento y clasificación de monedas y billetes, títulos-valores y
demás objetos que, por su valor económico y expectativas que generen, o por su
peligrosidad, puedan requerir protección especial, sin perjuicio de las actividades
propias de las entidades financieras.
d) Transporte y distribución de los objetos a que se refiere el apartado anterior a través
de los distintos medios, realizándolos, en su caso, mediante vehículos cuyas
características serán determinadas por el Ministerio del Interior, de forma que no
puedan confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
e) Instalación y mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad.
f) Explotación de centrales para la recepción, verificación y transmisión de las señales
de alarmas y su comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como
prestación de servicios de respuesta cuya realización no sea de la competencia de
dichas Fuerzas y Cuerpos.
g) Planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en
esta Ley.
2. Las empresas de seguridad deberán garantizar la formación y actualización
profesional de su personal de seguridad. Podrán crear centros de formación y
actualización para el personal de empresas de seguridad, de acuerdo con lo previsto
en la presente Ley.
3. En ningún caso las empresas de seguridad podrán realizar las funciones de
información e investigación propias de los detectives privados.
Artículo 6.
1. Los contratos de prestación de los distintos servicios de seguridad deberán en todo
caso consignarse por escrito, con arreglo a modelo oficial, y comunicarse al Ministerio
del Interior, con una antelación mínima de tres días a la iniciación de tales servicios.
2. No obstante, la prestación del servicio de escoltas personales sólo podrá realizarse
previa autorización expresa del Ministerio del Interior, que se concederá
individualizada y excepcionalmente en los casos en que concurran especiales
circunstancias y condicionada a la forma de prestación del servicio.
3. El Ministro del Interior prohibirá la prestación de los servicios de seguridad privada o
la utilización de determinados medios materiales o técnicos cuando pudieran causar
daños o perjuicios a terceros o poner en peligro la seguridad ciudadana.
Artículo 7.
1. Para la prestación privada de servicios o actividades de seguridad, las empresas de
seguridad habrán de obtener la oportuna autorización administrativa mediante su
inscripción en un Registro que se llevará en el Ministerio del Interior, a cuyo efecto
deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Constituirse como sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada,
sociedad anónima laboral o sociedad cooperativa, teniendo como objeto social
exclusivo todos o alguno de los servicios o actividades a que se refiere el artículo 5 de
la presente Ley.
b) En todo caso, las empresas de seguridad que presten servicios con personal de
seguridad deberán tener la nacionalidad de un Estado miembro de la Unión Europea
o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. (Real
Decreto-Ley 2/1999).
c) Poseer un capital social en la cuantía mínima que se determine, en razón de su
objeto y de su ámbito geográfico de actuación, que no podrá ser inferior al establecido
en la legislación sobre sociedades anónimas.
d) El capital social habrá de estar totalmente desembolsado e integrado por títulos
nominativos.
e) Contar con los medios humanos, de formación, financieros, materiales y técnicos
que se determinen en razón del objeto social y del ámbito geográfico de actuación. En
particular, cuando las empresas de seguridad prestaren servicios para los que se
precise el uso de armas, habrán de adoptar las medidas que garanticen su adecuada
custodia, utilización y funcionamiento, en la forma que se determine.
f) Prestar las garantías que se establezcan por vía reglamentaria, en razón de las
circunstancias expresadas en el apartado anterior.
2. No obstante, a las empresas de seguridad que tengan por objeto exclusivo la
instalación o mantenimiento de aparatos, dispositivos y sistemas de seguridad, así
como el asesoramiento y planificación de actividades de seguridad, se las podrá eximir
reglamentariamente del cumplimiento de alguno de los requisitos exigidos en el
apartado 1 del presente artículo.
3. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la
inscripción, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada
dictada con audiencia del interesado.
Artículo 8.
Los administradores y directores de las empresas de seguridad, que figurarán en el
Registro a que se refiere el apartado 1 del artículo anterior, deberán:
a) Ser personas físicas residentes en el territorio de alguno de los Estados miembros
de la Unión Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo (Real Decreto-Ley 2/1999).
b) Carecer de antecedentes penales.
c) No haber sido sancionados en los dos o cuatro años anteriores por infracción grave
o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad.
d) No haber sido separados del servicio en las Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad, ni haber ejercido funciones de control de las entidades, servicios o
actuaciones de seguridad, vigilancia o investigación privadas, ni de su personal o
medios, como miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en los dos años
anteriores.
Artículo 9.
1. Las empresas de seguridad estarán obligadas a comunicar al Ministerio del Interior
todo cambio que se produzca en la titularidad de las acciones o participaciones y los
que afecten a su capital social, dentro de los quince días siguientes a su modificación.
2. Asimismo, en igual plazo, deberán comunicar cualquier modificación de sus
estatutos y toda variación que sobrevenga en la composición personal de sus órganos
de administración y dirección.
CAPÍTULO III: PERSONAL DE SEGURIDAD
Sección 1ª. Disposiciones comunes
Artículo 10.
1. Para el desarrollo de sus respectivas funciones, el personal de seguridad privada
habrá de obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior,
con el carácter de autorización administrativa, en expediente que se instruirá a
instancia de los propios interesados.
2. Para la habilitación del personal de seguridad privada, los aspirantes habrán de ser
mayores de edad, no haber alcanzado, en su caso, la edad que se determine
reglamentariamente y superar las pruebas oportunas que acrediten los conocimientos
y la capacitación necesarios para el ejercicio de sus funciones.
3. La obtención de la habilitación y, en todo momento, la prestación de los servicios
requerirá la concurrencia de los siguientes requisitos:
a) Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de
un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, aptitud física y
capacidad psíquica necesarias para el ejercicio de las funciones (Real Decreto-Ley
2/1999).
b) Reunir los requisitos enunciados en los apartados b), c) y d) del artículo 8 de la
presente Ley.
c) No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de protección del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, del secreto de
las comunicaciones o de otros derechos fundamentales, en los cinco años anteriores a
la solicitud.
4. La pérdida de alguno de los requisitos indicados producirá la cancelación de la
habilitación, que será acordada por el Ministro del Interior, en resolución motivada
dictada con audiencia del interesado.
5. La inactividad del personal de seguridad por tiempo superior a dos años exigirá su
sometimiento a nuevas pruebas para poder desempeñar las funciones que le son
propias.
Sección 2ª. Vigilantes de seguridad
Artículo 11.
1. Los vigilantes de seguridad sólo podrán desempeñar las siguientes funciones:
a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la
protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos.
b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles
determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal.
c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su
protección.
d) Poner inmediatamente a disposición de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad a los delincuentes en relación con el objeto de su protección, así como los
instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, no pudiendo proceder al interrogatorio
de aquéllos.
e) Efectuar la protección del almacenamiento, recuento, clasificación y transporte de
dinero, valores y objetos valiosos.
f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la
prestación de servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya
realización no corresponda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
2. Para la función de protección del almacenamiento, manipulación y transporte de
explosivos u otros objetos o sustancias que reglamentariamente de determinen, será
preciso haber obtenido una habilitación especial.
Artículo 12.
1. Tales funciones únicamente podrán ser desarrolladas por los vigilantes integrados
en empresas de seguridad, vistiendo el uniforme y ostentando el distintivo del cargo
que sean preceptivos, que serán aprobados por el Ministerio del Interior y que no
podrán confundirse con los de las Fuerzas Armadas ni con los de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad.
2. Los vigilantes, dentro de la entidad o empresa donde presten sus servicios, se
dedicarán exclusivamente a la función de seguridad propia de su cargo, no pudiendo
simultanear la misma con otras misiones.
Artículo 13.
Salvo la función de protección del transporte de dinero, valores, bienes u objetos, los
vigilantes de seguridad ejercerán sus funciones exclusivamente en el interior de los
edificios o de las propiedades de cuya vigilancia estuvieran encargados, sin que tales
funciones se puedan desarrollar en las vías públicas ni en aquellas que, no teniendo
tal condición, sean de uso común.
No obstante, cuando se trate de polígonos industriales o urbanizaciones aisladas,
podrán implantarse servicios de vigilancia y protección en la forma que expresamente
se autorice.
Artículo 14.
1. Los vigilantes de seguridad, previo el otorgamiento de las correspondientes
licencias, sólo desarrollarán con armas de fuego las funciones indicadas en el artículo
11, en los supuestos que reglamentariamente se determinen, entre los que se
comprenderán, además del de protección del almacenamiento, recuento, clasificación
y transporte de dinero, valores y objetos valiosos, los de vigilancia y protección de
fábricas y depósitos o transporte de armas y explosivos, de industrias o
establecimientos peligrosos que se encuentren en despoblado y aquellos otros de
análoga significación.
2. Las armas adecuadas para realizar los servicios de seguridad, cuya categoría se
determinará reglamentariamente, sólo se podrán portar estando de servicio.
Artículo 15.
Los vigilantes que desempeñen sus funciones en establecimientos o instalaciones en
los que el servicio de seguridad se haya impuesto obligatoriamente, habrán de
atenerse, en el ejercicio de sus legítimos derechos laborales y sindicales, a lo que
respecto de las empresas encargadas de servicios públicos disponga la legislación
vigente.
Sección 3ª. Jefes de seguridad
Artículo 16.
Cuando el número de vigilantes de seguridad, la complejidad organizativa o técnica, u
otras circunstancias que se determinarán reglamentariamente, lo hagan necesario, las
funciones de aquéllos se desempeñarán a las órdenes directas de un jefe de
seguridad, que será responsable del funcionamiento de los vigilantes y de los sistemas
de seguridad, así como de la organización y ejecución de los servicios y de la
observancia de la normativa aplicable.
Sección 4ª. Escoltas privados
Artículo 17.
1. Son funciones de los escoltas privados, con carácter exclusivo y excluyente, el
acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, que no tengan la
condición de autoridades públicas, impidiendo que sean objeto de agresiones o actos
delictivos.
2. Para el cumplimiento de las indicadas funciones serán aplicables a los escoltas
privados los preceptos de la Sección 2.ª de este Capítulo y las demás normas
concordantes de la presente Ley, relativas a vigilantes de seguridad, salvo la referente
a la uniformidad.
3. Asimismo, les será de aplicación para el ejercicio de sus funciones lo dispuesto
sobre tenencia de armas en el artículo 14 de esta Ley.
Sección 5ª. Guardas particulares del campo
Artículo 18.
Los guardas particulares del campo, que ejercerán funciones de vigilancia y protección
de la propiedad rural, se atendrán al régimen establecido en esta Ley para los
vigilantes de seguridad, con las especialidades siguientes:
a) No podrán desempeñar la función de protección del almacenamiento, manipulación
y transporte de dinero, valores y objetos valiosos.
b) Podrán desarrollar las restantes funciones, sin estar integrados en empresas de
seguridad.
c) La instrucción y tramitación de los expedientes relativos a su habilitación
corresponderá efectuarlas a las unidades competentes de la Guardia Civil.
d) El Ministro del Interior determinará, en su caso, el arma adecuada para la prestación
de cada clase de servicio.
Sección 6ª. Detectives privados
Artículo 19.
1. Los detectives privados, a solicitud de personas físicas o jurídicas, se encargarán:
a) De obtener y aportar información y pruebas sobre conductas o hechos privados.
b) De la investigación de delitos perseguibles sólo a instancia de parte por encargo de
los legitimados en el proceso penal.
c) De la vigilancia en ferias, hoteles, exposiciones o ámbitos análogos.
2. Salvo lo dispuesto en el párrafo c) del apartado anterior, no podrán prestar servicios
propios de las empresas de seguridad ni ejercer funciones atribuidas al personal a que
se refieren las Secciones anteriores del presente Capítulo.
3. Tampoco podrán realizar investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio,
debiendo denunciar inmediatamente ante la autoridad competente cualquier hecho de
esta naturaleza que llegara a su conocimiento y poniendo a su disposición toda la
información y los instrumentos que pudieran haber obtenido.
4. En ningún caso podrán utilizar para sus investigaciones medios materiales o
técnicos que atenten contra el derecho al honor, a la intimidad personal o familiar o a
la propia imagen o al secreto de las comunicaciones.
Artículo 20.
Además de lo dispuesto en el artículo 10 de esta Ley, no podrán obtener la habilitación
necesaria para el ejercicio de las funciones de detective privado los funcionarios de
cualquiera de las Administraciones Públicas en activo en el momento de la solicitud o
durante los dos años anteriores a la misma.
CAPÍTULO IV: RÉGIMEN SANCIONADOR
Sección 1ª. Infracciones
Artículo 21.
1. Las infracciones de las normas contenidas en la presente Ley podrán ser leves,
graves y muy graves.
2. Las infracciones leves prescribirán a los dos meses; las graves, al año, y las muy
graves, a los dos años.
El plazo de prescripción se contará desde la fecha en que la infracción hubiera sido
cometida. En las infracciones derivadas de una actividad continuada la fecha inicial del
cómputo será la de la finalización de la actividad o la del último acto en que la
infracción se consume.
La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del
procedimiento sancionador, volviendo a correr el plazo si el expediente permaneciera
paralizado durante seis meses por causa no imputable a aquéllos contra quienes se
dirija.
Artículo 22.
Las empresas de seguridad podrán incurrir en las siguientes infracciones:
1. Infracciones muy graves:
a) La prestación de servicios de seguridad a terceros, careciendo de la habilitación
necesaria.
b) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre
conflictos políticos o laborales, control de opiniones, recogida de datos personales o
información a terceras personas sobre clientes o su personal, en el caso de que no
sean constitutivas de delito.
c) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados que sean
susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.
d) La negativa a facilitar, cuando proceda, la información contenida en los Libros-
Registros reglamentarios.
e) El incumplimiento de las previsiones normativas sobre adquisición y uso de armas,
así como sobre disponibilidad de armeros y custodia de aquéllas, particularmente la
tenencia de armas por el personal a su servicio fuera de los casos permitidos por esta
Ley.
f) La realización de servicios de seguridad con armas fuera de lo dispuesto en la
presente Ley.
g) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad en la investigación y persecución de actos delictivos, en el descubrimiento y
detención de los delincuentes o en la realización de las funciones inspectoras o de
control que les correspondan.
h) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.
2. Infracciones graves:
a) La instalación de medios materiales o técnicos no homologados, cuando la
homologación sea preceptiva.
b) La realización de servicios de transportes con vehículos que no reúnan las
características reglamentarias.
c) La realización de funciones que excedan de la habilitación obtenida por la empresa
de seguridad o por el personal a su servicio, o fuera del lugar o del ámbito territorial
correspondiente, así como la retención de la documentación personal.
d) La realización de los servicios de seguridad sin formalizar o sin comunicar al
Ministerio del Interior la celebración de los correspondientes contratos.
e) La utilización en el ejercicio de funciones de seguridad de personas que carezcan
de cualesquiera de los requisitos necesarios.
f) El abandono o la omisión injustificados del servicio por parte de los vigilantes de
seguridad dentro de la jornada laboral establecida.
g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades en la
forma y plazo prevenidos.
h) No transmitir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las señales de
alarma que se registren en las centrales privadas, transmitir las señales con retraso
injustificado o comunicar falsas incidencias, por negligencia, deficiente funcionamiento
o falta de verificación previa.
i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.
3. Infracciones leves:
a) La actuación del personal de seguridad sin la debida uniformidad o los medios que
reglamentariamente sean exigibles.
b) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades
establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no
constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 23.
El personal que desempeñe funciones de seguridad privada podrá incurrir en las
siguientes infracciones:
1. Infracciones muy graves:
a) La prestación de servicios de seguridad a terceros por parte del personal no
integrado en empresas de seguridad, careciendo de la habilitación necesaria.
b) El incumplimiento de las previsiones contenidas en esta Ley sobre tenencia de
armas fuera del servicio y sobre su utilización.
c) La falta de reserva debida sobre las investigaciones que realicen los detectives
privados o la utilización de medios materiales o técnicos que atenten contra el derecho
al honor, a la intimidad personal o familiar, a la propia imagen o al secreto de las
comunicaciones.
d) La condena mediante sentencia firme por un delito doloso cometido en el ejercicio
de sus funciones.
e) La negativa a prestar auxilio o colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos
delictivos, en el descubrimiento y detención de los delincuentes o en la realización de
las funciones inspectoras o de control que les correspondan.
f) La comisión de una tercera infracción grave en el período de un año.
2. Infracciones graves:
a) La realización de funciones o servicios que excedan de la habilitación obtenida.
b) El ejercicio abusivo de sus funciones en relación con los ciudadanos.
c) No impedir, en el ejercicio de su actuación profesional, prácticas abusivas,
arbitrarias o discriminatorias que entrañen violencia física o moral.
d) La falta de respeto al honor o a la dignidad de las personas.
e) La realización de actividades prohibidas en el artículo 3 de la presente Ley sobre
conflictos políticos y laborales, control de opiniones o comunicación de información a
terceros sobre sus clientes, personas relacionadas con ellos, o sobre los bienes y
efectos que custodien.
f) El ejercicio de los derechos sindicales o laborales al margen de lo dispuesto al
respecto para los servicios públicos, en los supuestos a que se refiere el artículo 15 de
la presente Ley.
g) La falta de presentación al Ministerio del Interior del informe de actividades de los
detectives privados en la forma y plazo prevenidos.
h) La realización de investigaciones sobre delitos perseguibles de oficio o la falta de
denuncia a la autoridad competente de los delitos que conozcan los detectives
privados en el ejercicio de sus funciones.
i) La comisión de una tercera infracción leve en el período de un año.
3. Infracciones leves:
a) La actuación sin la debida uniformidad o medios, que reglamentariamente sean
exigibles, por parte del personal no integrado en empresas de seguridad.
b) El trato incorrecto o desconsiderado con los ciudadanos.
c) En general, el incumplimiento de los trámites, condiciones o formalidades
establecidos por la presente Ley o por las normas que la desarrollen, siempre que no
constituya infracción grave o muy grave.
Artículo 24.
1. Será considerada infracción grave, a los efectos de esta Ley, la utilización de
aparatos de alarmas u otros dispositivos de seguridad no homologados. Sin embargo,
se reputará infracción muy grave la utilización de tales dispositivos cuando fueran
susceptibles de causar grave daño a las personas o a los intereses generales.
2. La utilización de aparatos o dispositivos de seguridad sin ajustarse a las normas que
los regulen, o su funcionamiento con daños o molestias para terceros, será
considerada infracción leve.
3. Tendrá la consideración de infracción grave la contratación o utilización de
empresas carentes de la habilitación específica necesaria para el desarrollo de los
servicios de seguridad privada, a sabiendas de que no reúnen los requisitos legales al
efecto. Tendrá la consideración de infracción leve la contratación o utilización de
personal de seguridad, en las mismas circunstancias.
Artículo 25.
Las reglamentaciones de las materias comprendidas en el ámbito de la presente Ley
podrán determinar los cuadros específicos de infracciones leves, graves y muy graves
en que se concreten los tipos que se contienen en los artículos anteriores.
Sección 2ª. Sanciones
Artículo 26.
Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley
podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 22 y de
acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las
siguientes sanciones:
1. Por la comisión de infracciones muy graves:
a) Multas de 30.050,62 a 601.012,10 euros.
b) Cancelación de la inscripción.
2. Por la comisión de infracciones graves:
a) Multa de 300,52 a 30.050,61 euros.
b) Suspensión temporal de la autorización, por un plazo no superior a un año.
3. Por la comisión de infracciones leves:
a) Apercibimiento.
b) Multas de hasta 300,51 euros.
Artículo 27.
Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley
podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 23 y de
acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las
siguientes sanciones:
1. Por la comisión de infracciones muy graves:
a) Multas de 500.001 hasta 5.000.000 de pesetas.
b) Retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.
2. Por la comisión de infracciones graves:
a) Multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
b) Suspensión temporal de la habilitación, permiso o licencia, por un plazo no superior
a un año.
3. Por la comisión de infracciones leves:
a) Apercibimiento.
b) Multas de hasta 50.000 pesetas.
Artículo 28.
Las autoridades competentes para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley
podrán imponer, por la comisión de las infracciones tipificadas en el artículo 24 y de
acuerdo con lo establecido, en su caso, en las reglamentaciones específicas, las
siguientes sanciones:
a) Por infracciones muy graves, multas de 500.001 hasta 25.000.000 de pesetas.
b) Por infracciones graves, multas de 50.001 hasta 500.000 pesetas.
c) Por infracciones leves, multas de hasta 50.000 pesetas.
Artículo 29.
El material prohibido, no homologado o indebidamente utilizado en servicios de
seguridad privada será decomisado y se procederá a su destrucción si no fuera de
lícito comercio, o a su enajenación en otro caso, quedando en depósito la cantidad que
se obtuviera para hacer frente a las responsabilidades administrativas o de otro orden
en que se haya podido incurrir.
Artículo 30.
1. En el ámbito de la Administración del Estado, la potestad sancionadora prevista en
la presente Ley corresponderá:
a) Al Ministro del Interior, para imponer las sanciones de cancelación de la inscripción
y retirada definitiva de la habilitación, permiso o licencia.
b) Al Director de la Seguridad del Estado, para imponer las restantes sanciones por
infracciones muy graves.
c) Al Director General de la Policía, para imponer las sanciones por infracciones
graves.
d) A los Gobernadores Civiles para imponer las sanciones por infracciones leves.
2. Contra las resoluciones sancionadoras se podrán interponer los recursos previstos
en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo 31.
1. Para la graduación de las sanciones, cuando no estén señaladas
individualizadamente en los Reglamentos, las autoridades competentes tendrán en
cuenta la gravedad y transcendencia del hecho, el posible perjuicio para el interés
público, la situación de riesgo creada o mantenida, para personas o bienes, la
reincidencia, en su caso, y el volumen de actividad de la empresa de seguridad contra
quien se dicte la resolución sancionadora o la capacidad económica del infractor.
2. Cuando la comisión de las infracciones graves o muy graves hubieren generado
beneficios económicos para los autores de las mismas, las multas podrán
incrementarse hasta el duplo de dichas ganancias.
Artículo 32.
1. Las sanciones impuestas en aplicación de la presente Ley por infracciones leves,
graves o muy graves prescribirán respectivamente al año, dos años y cuatro años.
2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquel en
que sea firme la resolución por la que se impone la sanción, si ésta no se hubiese
comenzado a ejecutar, o desde que se quebrantase el cumplimiento de la misma, si
hubiese comenzado, y se interrumpirá desde que se comience o se reanude la
ejecución o cumplimiento.
Sección 3ª. Procedimiento
Artículo 33.
No podrá imponerse ninguna sanción, por las infracciones tipificadas en esta Ley, sino
en virtud de procedimiento instruido por las Unidades orgánicas correspondientes,
conforme a las normas contenidas en los artículos 133, 134, 136 y 137 de la Ley de
Procedimiento Administrativo. La sanción de infracciones leves podrá acordarse en
procedimiento abreviado, con audiencia del interesado.
Artículo 34.
Toda persona que tuviere conocimiento de irregularidades cometidas por empresas o
personal de seguridad privada en el desarrollo de sus actividades, podrá denunciar
aquéllas ante el Ministerio del Interior o los Gobernadores Civiles, a efectos de posible
ejercicio de las competencias sancionadoras que les atribuye la presente Ley.
Artículo 35.
1. Iniciado el expediente, el órgano que haya ordenado su incoación podrá adoptar las
medidas cautelares necesarias, para garantizar la adecuada instrucción del
procedimiento, así como para evitar la continuación de la infracción o asegurar el pago
de la sanción, en el caso de que ésta fuese pecuniaria, y el cumplimiento de la misma
en los demás supuestos.
2. Dichas medidas, que deberán ser congruentes con la naturaleza de la presunta
infracción y proporcionadas a la gravedad de la misma, podrán consistir en:
a) La ocupación o precinto de vehículos, armas, material o equipo prohibido, no
homologado o que resulte peligroso o perjudicial, así como de los instrumentos y
efectos de la infracción.
b) La retirada preventiva de las habilitaciones, permisos o licencias.
c) La suspensión administrativa de la habilitación del personal de seguridad privada y,
en su caso, de la tramitación necesaria para el otorgamiento de aquélla, mientras dure
la instrucción de expedientes por infracciones graves o muy graves en materia de
seguridad.
También podrán ser suspendidas las indicadas habilitación y tramitación, hasta tanto
finalice el proceso por delitos contra dicho personal.
3. Excepcionalmente, en supuestos de grave riesgo o peligro inminente para personas
o bienes, las medidas previstas en el apartado a) del número anterior, podrán ser
adoptadas inmediatamente por los agentes de la autoridad; si bien, para su
mantenimiento, habrán de ser ratificadas por la autoridad competente, en el plazo
máximo de setenta y dos horas.
4. Cuando los Gobernadores Civiles acordaran la medida cautelar de retirada
preventiva de las habilitaciones, permisos o licencias, o de suspensión administrativa
de la habilitación o de la tramitación para otorgarla al personal de seguridad, deberán
elevar los particulares pertinentes a la autoridad competente, para su ratificación,
debiendo éste resolver en el plazo de siete días.
5. Las medidas cautelares previstas en los apartados 2 b) y 2 c) del presente artículo
no podrán tener una duración superior a un año.
CAPÍTULO V: EJECUCIÓN
Artículo 36.
1. Las sanciones impuestas en las materias objeto de la presente Ley serán ejecutivas
desde que la resolución adquiera firmeza en la vía administrativa.
2. Cuando la sanción sea de naturaleza pecuniaria y no se halle previsto plazo para
satisfacerla, la autoridad que la impuso lo señalará, sin que pueda ser inferior a quince
ni superior a treinta días hábiles; pudiendo acordarse el fraccionamiento del pago.
3. En los casos de suspensión temporal, cancelación de inscripciones, retirada de
documentación y clausura o cierre de establecimientos o empresas, la autoridad
sancionadora señalará un plazo de ejecución suficiente, que no podrá ser inferior a
quince días ni superior a los dos meses, oyendo al sancionado y a los terceros que
pudieran resultar directamente afectados.
Artículo 37.
1. Para la ejecución forzosa de las sanciones, se seguirá el procedimiento previsto en
el Capítulo V del Título IV de la Ley de Procedimiento Administrativo.
2. En el caso de las multas, si éstas no fueren satisfechas en el plazo fijado en la
resolución, una vez firme ésta, se seguirá el procedimiento ejecutivo previsto en el
Reglamento General de Recaudación.
Artículo 38.
La resolución de los expedientes sancionadores por infracciones graves y muy graves
podrá ser hecha pública, en virtud de acuerdo de las autoridades competentes, en los
términos que reglamentariamente se determinen.
Artículo 39.
Para lograr el cumplimiento de las resoluciones adoptadas en ejecución de lo
dispuesto en la presente Ley, las autoridades competentes, relacionadas en el artículo
30, podrán imponer multas coercitivas, de acuerdo con lo establecido en el artículo
107 de la Ley de Procedimiento Administrativo.
La cuantía de estas multas no excederá de 50.000 pesetas, pero podrá aumentarse
sucesivamente en el 50 por 100 de la cantidad anterior en casos de reiteración del
incumplimiento.
Disposición adicional primera.
1. Las empresas de seguridad reguladas en la presente Ley, tendrán la consideración
de sector con regulación específica en materia de derecho de establecimiento.
2. La autorización de inversiones de capital extranjero en empresas de seguridad
exigirá en todo caso informe previo del Ministerio del Interior.
3. Las limitaciones establecidas en la presente disposición no serán de aplicación a las
personas físicas nacionales de los Estados miembros de la Comunidad Económica
Europea ni a las sociedades constituidas de conformidad con la legislación de un
Estado miembro y cuya sede social, administración central o centro de actividad
principal se encuentre dentro de la Comunidad.
Disposición adicional segunda.
1. Con sujeción a las normas que determine el Gobierno, la formación, actualización y
adiestramiento del personal de seguridad privada se llevarán a cabo por profesores
acreditados y en centros de formación, que deberán reunir requisitos de ubicación y
acondicionamiento, especialmente en cuanto se refiere a los espacios para el
aprendizaje, práctica y perfeccionamiento en la utilización de armas de fuego y
sistemas de seguridad.
2. Sin perjuicio de las licencias o autorizaciones, autonómicas o municipales, que
puedan ser exigibles para entrar en funcionamiento, los centros de formación
requerirán autorización de apertura del Ministerio del Interior, que realizará actividades
inspectoras de la organización y funcionamiento de los centros.
3. No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección ni de administración
de centros de formación del personal de seguridad privada los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de
control de las entidades, servicios o actuaciones, o del personal o medios en materia
de seguridad, vigilancia o investigación privadas en los dos años anteriores.
Disposición adicional tercera.
Quedan fuera del ámbito de aplicación de la presente Ley las actividades de custodia
del estado de instalaciones y bienes o de control de accesos realizadas en el interior
de inmuebles por personal distinto del de seguridad privada y directamente contratado
por los titulares de los mismos.
Este personal en ningún caso podrá portar ni usar armas, ni utilizar distintivos o
uniformes que puedan confundirse con los previstos en esta Ley para el personal de
seguridad privada.
Disposición adicional cuarta.
1. Las Comunidades Autónomas con competencias para la protección de personas y
bienes y para el mantenimiento del orden público, con arreglo a lo dispuesto en los
correspondientes Estatutos y, en su caso, con lo previsto en la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad, podrán desarrollar las facultades de autorización, inspección y
sanción de las empresas de seguridad que tengan su domicilio social en la propia
Comunidad Autónoma y el ámbito de actuación limitado a la misma.
2. A efectos de información, el ejercicio de tales atribuciones será comunicado a la
Junta de Seguridad.
3. También les corresponderá la denuncia, y puesta en conocimiento de las
autoridades competentes, de las infracciones cometidas por las empresas de
seguridad que no se encuentren incluidas en el párrafo primero de esta disposición.
Disposición adicional quinta.
" La Secretaría de Estado para la Seguridad del Ministerio del Interior podrá autorizar
la prestación de funciones de acompañamiento, defensa y protección, por parte de los
escoltas privados, de personas que tengan la condición de autoridades públicas,
cuando las circunstancias así lo recomienden." ( Ley 14/2000).
Disposición transitoria primera.
Las empresas de seguridad inscritas, las medidas de seguridad adoptadas y el
material o equipo en uso con anterioridad a la promulgación de la presente Ley, de
acuerdo con la normativa anterior, pero que no cumplan, total o parcialmente, los
requisitos o exigencias establecidos en esta Ley y en las normas que la desarrollen,
deberán adaptarse a tales requisitos y exigencias, dentro de un plazo de un año, que
se contará:
a) Respecto a los requisitos nuevos de las empresas que requieran concreción
reglamentaria, desde la fecha de promulgación de las correspondientes disposiciones
de desarrollo.
b) En cuanto a las medidas adoptadas, desde la promulgación de las normas que las
reglamenten.
c) En cuanto al material o equipo que se encuentre en uso, desde que recaigan y se
comuniquen las correspondientes resoluciones de homologación, cuando sea
necesarias.
d) Respecto a las materias no comprendidas en los apartados anteriores, desde la
promulgación de la presente Ley.
Disposición transitoria segunda.
1. Los vigilantes jurados de seguridad, los guardas jurados de explosivos y los guardas
particulares jurados del campo que, en la fecha de entrada en vigor de la presente
Ley, reúnan las condiciones exigibles para la prestación de los correspondientes
servicios con arreglo a la normativa anterior, podrán seguir desempeñando las
funciones para las que estuviesen documentados, sin necesidad de obtener la
habilitación regulada en el artículo 10 de esta Ley.
2. Los vigilantes jurados de seguridad y los guardas jurados de explosivos que, en la
fecha de promulgación de la presente Ley, se encuentren contratados directamente
por las empresas o entidades en que realicen sus funciones de vigilancia, podrán
continuar desempeñando dichas funciones sin estar integrados en empresas de
seguridad durante un plazo de dos años desde dicha fecha, a partir del cual habrán de
atenerse necesariamente a lo dispuesto al respecto en el artículo 12 de esta Ley.
Disposición transitoria tercera.
Una vez transcurrido el plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de las
disposiciones de desarrollo reglamentario relativas a la habilitación para el ejercicio de
la profesión de vigilante de seguridad, el personal que, bajo las denominaciones de
guardas de seguridad, controladores u otras de análoga significación, hubiera venido
desempañando con anterioridad a dicha promulgación funciones de vigilancia y
controles en el interior de inmuebles no podrá realizar ninguna de las funciones
enumeradas en el artículo 11 sin haber obtenido previamente la habilitación regulada
en el artículo 10 de la presente Ley.
Disposición transitoria cuarta.
Los detectives privados y los auxiliares de los mismos que, en la fecha de
promulgación de la presente Ley, se encuentren acreditados como tales con arreglo a
la legislación anterior y los investigadores o informadores que acrediten oficialmente el
ejercicio profesional durante dos años con anterioridad a dicha fecha, podrán seguir
desarrollando las mismas actividades hasta que transcurra un año desde la
promulgación de las disposiciones de desarrollo reglamentario relativas a la
habilitación para el ejercicio de la profesión de detective privado. A partir de dicho
plazo, para poder ejercer las actividades previstas en el artículo 19.1 de la presente
Ley, habrán de convalidar u obtener la habilitación necesaria con arreglo a lo
dispuesto en la presente Ley y en las indicadas disposiciones de desarrollo
reglamentario.
Disposición derogatoria única.
Quedan derogadas cuantas normas de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente Ley.
Disposición final primera.
El Gobierno dictará las normas reglamentarias que sean precisas para el desarrollo y
ejecución de lo dispuesto en la presente Ley, y concretamente para determinar:
a) Los requisitos y características que han de reunir las empresas y entidades objeto
de regulación.
b) Las condiciones que deben cumplirse en la prestación de servicios y realización de
actividades de seguridad privada.
c) Las características que han de reunir los medios técnicos y materiales utilizados a
tal fin.
d) Las funciones, deberes y responsabilidades del personal de seguridad privada, así
como la cualificación y funciones del jefe de seguridad.
e) El régimen de habilitación de dicho personal.
f) Los órganos del Ministerio del Interior competentes, en cada caso, para el
desempeño de las distintas funciones.
Disposición final segunda.
Se faculta, asimismo, al Gobierno para actualizar la cuantía de las multas, de acuerdo
con las variaciones del índice de precios al consumo.